El procurador general de la República, Julio Jurado, descartó esta semana que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público constituya una violación a los derechos adquiridos de los funcionarios públicos, durante una audiencia en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.

“No hemos visto que haya violación de derechos adquiridos en este proyecto de ley, dentro de la concepción que tiene la Procuraduría como derechos adquiridos y que hemos elaborado en diferentes dictámenes”, respondió Jurado ante una pregunta del diputado David Gourzong, de Liberación Nacional.

El jerarca acudió a rendir criterio sobre el proyecto de empleo público junto con Guillermo Bonilla, el procurador encargado de analizar el impacto y los alcances de la iniciativa legal para los empleados del sector público.

Ante la pregunta de Gourzong, Bonilla añadió que hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha tenido efectos en la jurisdicción contenciosa y laboral, y frente al marco regulatorio de la función pública “no hay un derecho adquirido a la permanencia de las regulaciones”.

“La modificación del régimen de empleo público no causa un estado insustituible, inmejorable o inmodificable”, apuntó Bonilla.

La Procuraduría General de la República (PGR), además, solicitó a los legisladores hacer una revisión a fondo, antes de avanzar en el trámite de la iniciativa legal, aunque Julio Jurado evitó decir si considera que esta debe sufrir un cambio total, a través de una moción de texto sustitutivo.

El caso de las anualidades

Entre las bondades de la iniciativa legal, la PGR determinó que el proyecto permite resolver un efecto de la reforma fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635), que es la derogatoria del arrastre de anualidades cuando un empleado público pasa de una institución a otra.

Hasta antes de la aprobación del plan fiscal, a los funcionarios públicos se les reconocían las anualidades que habían obtenido en una entidad pública, cuando pasaban a trabajar en una institución diferente. Eso se conocía como arrastre de anualidades.

“Era un incentivo porque les mantenía, al menos de forma equitativa, el salario que ganaban en una y otra institución”, comentó Bonilla. La Procuraduría ya había advertido, en el dictamen 160-2019, que la ley fiscal había eliminado la posibilidad de arrastre de anualidades.

La reforma tributaria eliminó esa posibilidad, al derogar un inciso en el artículo 12 de la Ley de Salarios. No obstante, el Gobierno rescató esa opción de arrastrar anualidades a través de una reforma al Reglamento al Título III de la ley 9635, publicada el 9 de agosto de este año.

Sin embargo, Guillermo Bonilla alegó que la mejor forma de solucionar esa derogatoria no es la vía del decreto presidencial, sino una enmienda legal.

Salario global

En cuanto al salario global, los voceros de la Procuraduría también resaltaron que se genera un permiso a través del marco de la ley de empleo público, que abre la posibilidad como una autorización genérica para que las instituciones públicas valoren y puedan optar por el salario único.

“El salario único o global necesita una autorización legislativa expresa”, dijo Bonilla.

Por otra parte, Julio Jurado advirtió que, con la iniciativa legal, se establece en el artículo 37 los puestos que no se rigen por el régimen del servicio civil, sino que se consideran “de confianza”, entre los que se incluye al propio procurador general.

“Hay que considerar si vale la pena introducir esa norma, primero porque ya está regulado y, en segundo lugar, porque podría generarse una interpretación errónea”, comentó Jurado.

Básicamente, advirtió que incluir su puesto podría generar una derogatoria en la Ley Orgánica de la Procuraduría, en cuanto a las condiciones de nombramiento y permanencia en el puesto del procurador que, según Jurado, están diseñadas para darle independencia al funcionamiento de la PGR.

El problema es que incluir al procurador como un puesto de confianza, facilitaría su remoción a discreción del presidente que lo nombre, o de su Consejo de Gobierno.

La iniciativa apenas está en la etapa de audiencias sobre su contenido, antes de dar paso a las propuestas de los diputados para modificar, por vía de mociones de fondo, la redacción del plan.