Política

Procuraduría denuncia a regidor del PAC por votar asuntos relacionados con su interés personal

Concejal también es asesor de la diputada Laura Guido, del PAC, en el Congreso

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) denunció penalmente a Walding Bermúdez Gamboa, regidor de Acción Ciudadana (PAC) en Turrialba y asesor de la diputada Laura Guido, del mismo partido, por un presunto incumplimiento de deberes.

Según concluyó el órgano procurador, Bermúdez participó y votó en sesiones del Concejo Municipal de Turrialba en las que se discutieron asuntos “que eran de su interés personal y directo”.

El caso tiene relación con la Junta Administrativa de la Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado (Asada) de la comunidad de El Coyol, de Turrialba.

Según el artículo 339 del Código Penal, incurre en el delito de incumplimiento de deberes el funcionario público “que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.

La pena por dicha falta es una inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a cuatro años.

La PEP confirmó a La Nación que la denuncia penal contra el funcionario se presentó ante la Fiscalía de Turrialba, el pasado 11 de febrero, y se tramita bajo el expediente N.° 21-000147-359-PE.

Antes de remitir el caso al Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética realizó su propia investigación, en respuesta a una denuncia por un presunto incumplimiento al deber de abstención.

Los hallazgos de esas pesquisas quedaron plasmados en el informe AEP-INF-2-2021, del 5 de febrero del 2021, el cual se notificó al Concejo Municipal de Turrialba el mismo día que se presentó la denuncia penal, hace exactamente un mes.

El contenido de ese documento no trascendió, pues según la PEP, todavía es confidencial.

Consultado por este medio, Bermúdez indicó que no ha sido notificado de ningún proceso en su contra, más que de la pesquisa que ya concluyó la PEP.

Según dijo, la denuncia ante el órgano procurador se realizó luego de que él firmara una carta dirigida al Ministerio de Salud, en la que varios vecinos de El Coyol consultaron qué protocolo debían seguir para realizar una asamblea de asociados de la Asada, en tiempos de pandemia.

Afirmó que la comunidad estaba inconforme con la Junta Administrativa de la Asada.

De acuerdo con Bermúdez, en las sesiones del Concejo Municipal a las que se refiere la PEP se discutieron temas relacionados con esa situación.

“Desconozco la denuncia puntual sobre la cual versa el informe de la PEP, pero reitero que no he hecho nada incorrecto, no me he robado nada y lo que hice fue apoyar la gestión de la comunidad para garantizar las condiciones de funcionamiento de la Asada de El Coyol, porque el acceso al agua es un derecho humano”, declaró el regidor y funcionario legislativo.

Bermúdez integra el Concejo Municipal de Turrialba desde el 2016. Primero, resultó electo por el partido Frente Amplio y, en el 2020, consiguió reelegirse enarbolando la bandera del PAC.

Él también trabaja para la bancada de la agrupación política en la Asamblea Legislativa, como asesor especializado de la diputada cartaginesa Laura Guido, según consta en los registros de la planilla que el Congreso colgó en su sitio web.

Guido dijo a este medio que sabía de la pesquisa administrativa realizada por la PEP, pero desconocía que el caso ya se había elevado al Ministerio Público.

Caso omiso a prohibición

De acuerdo con al Procuraduría de la Ética Pública, un funcionario público incurre en responsabilidad administrativa o penal cuando hace caso omiso a la prohibición que tiene de intervenir en una toma de decisión en la cual tiene un conflicto de interés.

El órgano procurador indicó que los valores, principios y normas que se aplican a los empleados estatales buscan garantizar el interés general de la población.

“El servidor público debe abstenerse de intervenir en asuntos en los que, en atención a sus particulares circunstancias, exista un riesgo de parcialidad”, indicó la PEP, en un correo electrónico.

Añadió que quien falte a dicha prohibición incurre en faltas a normativa administrativa y penal, como la Ley General de la Administración Pública, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal.

Sofía Chinchilla Cerdas

Sofía Chinchilla Cerdas

Periodista en la sección de Política. Graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, en la Universidad de Costa Rica.

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