Revela que, además de donarle un terreno y dos vehículos 4x4 a su cónyuge, el funcionario investigado por el cemento chino colocó otra propiedad en un régimen que la hace inembargable

Por: Natasha Cambronero 14 diciembre, 2017
El subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, Leonardo Acuña Alvarado. Foto: Albert Marín.
El subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, Leonardo Acuña Alvarado. Foto: Albert Marín.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) acusó penalmente al subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, Leonardo Acuña Alvarado, por haberle donado a su esposa una propiedad y dos vehículos 17 días antes de que el Juzgado Penal de Hacienda embargara sus bienes y cuentas bancarias por el caso del cemento chino.

La PEP le achaca a Acuña un aparente delito de fraude de simulación, al igual que a su cónyuge Sara Herrera Marcos y al notario Juan Antonio Mainieri Acuña, quien hizo las escrituras de los traspasos.

La oficina de Prensa de la Procuraduría General de la República argumentó que, además de donar estos tres bienes, el subgerente del BCR puso en régimen de otro bien inmueble en patrimonio familiar, lo cual constituye un escudo contra los embargos.

La acusación fue presentada ante la Fiscalía General, pues la Procuraduría había solicitado el embargo de estos bienes para resarcir un eventual daño al Estado dentro del caso del cemento chino.

Leonardo Acuña es uno de los seis miembros de la alta gerente del Banco de Costa Rica (BCR) que figuran como imputados en esta causa judicial.

A ellos, el Ministerio Público el atribuye el supuesto delito de peculado, bajo la hipótesis de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con la forma en que manejaron dos líneas de créditos otorgadas a la firma Sinocem Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, quien quedó debiéndole $25 millones al BCR y quien también está en la cárcel.

Acuña, mediante un apoderado, concretó las donaciones y la afectación estando ya en la cárcel de San Sebastián, donde descuenta tres meses de prisión preventiva por el supuesto delito de peculado. El Juzgado de Turno Extraordinario de San José impuso esa medida cautelar el 5 de noviembre pasado, a solicitud del Ministerio Público.

El 17 de noviembre, el subgerente bancario le donó a su esposa un terreno para construir una vivienda de 360 metros cuadrados, en Calle Blancos, en Goicoechea, con un valor fiscal de ¢33,5 millones.

Ese mismo día, en otra acta, Acuña le donó dos vehículos 4x4 a Herrera, ambos modelo 2012. Uno es un Porshe Cayenne, de ¢22,3 millones y el otro es un Nissan Murano, de ¢15,7 millones.

Al mismo tiempo, puso en patrimonio familiar un terreno con una casa de 360 metros cuadrados, también en Calle Blancos y con un valor fiscal de casi ¢75,6 millones.

En total, los cuatro bienes aparecen en el Registro Nacional con un valor fiscal de ¢147,1 millones. Ante esa instancia, las cesiones se formalizaron 11 días después, el 28 de noviembre. En el caso de la afectación, esta se registró el 29 de noviembre.

Las donaciones y la afectación se hicieron ante el notario Mainieri Acuña en su despacho, en Santa Ana. En vista de que Acuña está en la cárcel de San Sebastian, él fue presentado por un estudiante de apellidos Montero Alonso, que participó como su "apoderado especialísimo".

El mismo 29 de noviembre, la Procuraduría presentó una denuncia de acción civil resarcitoria contra los siete imputados por el caso del cemento chino ante la Fiscalía General, con el objetivo de cobrarles el aparente daño social ocasionado.

Posteriormente, el 1°. de diciembre, el abogado del Estado acudió al Juzgado Penal de Hacienda para solicitar, como medida cautelar, el embargo de los bienes y las cuentas de los involucrados en este caso. Esa petición también incluyó a las empresas del importador Bolaños. El pedido fue acogido por este Juzgado el 4 de diciembre.

La Procuraduría agregó que está analizando otros traspasos de los demás imputados que tuvieron lugar previo a la detención ordenada por Juzgado Penal de Hacienda.

Por ejemplo, el medio digital CRHoy dio a conocer que Juan Carlos Bolaños vendió una hacienda que tenía en Tempate, en Santa Cruz, de Guanacaste, un mes antes de que el Ministerio Público lo imputara por este caso.

Junto a Leonardo Acuña y Juan Carlos Bolaños, por este caso también figuran como imputos cinco miembros de la cúpula del BCR, se trata de Mario Barrenechea Coto, gerente general; Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos; y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.