Por: Aarón Sequeira.   16 febrero
Fabricio Alvarado se despidió de los diputados de Liberación Nacional Juan Luis Jiménez Succar y Ronald Calvo, el miércoles. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.
Fabricio Alvarado se despidió de los diputados de Liberación Nacional Juan Luis Jiménez Succar y Ronald Calvo, el miércoles. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.

El candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, asegura que una de sus primeras acciones como presidente de la República sería cambiar un decreto firmado por el mandatario Luis Guillermo Solís tendiente a erradicar la discriminación contra las personas LGBTI en las instituciones públicas.

Se trata de una política promovida en el 2015 por el gobierno de Solís, la cual pretende proteger a funcionarios y usuarios de esta comunidad.

El candidato de Restauración Nacional dijo que este decreto le preocupa porque, en su criterio, contiene “elementos muy claros relacionados con la ideología de género”, sin precisar a qué se refería. Él se opone, por ejemplo, al matrimonio igualitario o a las políticas que reconocen la identidad sexual autopercibida.

Dijo que elaboraría una nueva política "que no presente elementos" de esa ideología, aunque no dijo cómo lo haría.

“Ese decreto atañe a todas las instituciones públicas y establece un carácter de obligatoriedad para funcionarios públicos y para los usuarios”, dijo el candidato presidencial.

El decreto al que se refiere Fabricio Alvarado es el 38999-MP-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEP-S-MTSS-COMEX- MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-TUR-MDHIS-MCM-MIDEPOR, de mayo del 2015.

En esa política se establecen sanciones contra los funcionarios públicos que discriminen a uno de sus compañeros, o de los usuarios de los servicios, por su preferencia sexual o por su indumentaria.

La normativa establece la posibilidad de abrir procedimientos administrativos para las personas denunciadas por cometer este tipo de discriminación.

Entre las posibles medidas cautelares, para quien cometa actos de discriminación por identidad sexual, están la reubicación del cargo o la separación temporal con goce de salario; las sanciones dependen de la gravedad de los actos cometidos.

El decreto les reconoce a los funcionarios LGTBI (lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual) el derecho a vestirse y usar un nombre de acuerdo con el sexo con que se identifiquen, así como tener licencia por muerte o enfermedad de sus respectivas parejas.

Aunque Fabricio Alvarado dijo que él y sus colaboradores cercanos están en contra de la discriminación, añadió que se plantearía un nuevo decreto que no presente “esos elementos de ideología de género”.

En octubre del año pasado, Fabricio Alvarado promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto, que al final resultó fallida, junto con otros 17 legisladores, con el alegato de que esa política gubernamental “viola los valores judeocristianos, y la libertad de pensamiento y de expresión”.

La acción la prepararon Alvarado y la abogada Alexandra Loría, quien sustituirá en el Congreso al candidato presidencial durante las semanas que restan de este periodo legislativo.

En ese momento, la acción de inconstitucionalidad recibió firmas de diputados de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Renovación Costarricense, Alianza Demócrata Cristiana (ADC), el Movimiento Libertario y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Los legisladores que apoyaron a Alvarado Muñoz con esa acción ante la Sala Constitucional alegaron que el decreto impugnado niega el fundamento antropológico del matrimonio, porque aseguraron que “la mayoría de los costarricenses cree que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer”.

La Sala Constitucional rechazó de plano dicha acción el 7 de noviembre del año pasado, por no cumplir los requisitos mínimos para su tramitación.