Sofía Chinchilla C., Josué Bravo. 18 agosto
Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, critica que con el acuerdo, las autoridades de la Caja renunciaran a aplicar sanciones a los líderes gremiales y trabajadores que participaron en la huelga. Foto: Mayela López.
Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, critica que con el acuerdo, las autoridades de la Caja renunciaran a aplicar sanciones a los líderes gremiales y trabajadores que participaron en la huelga. Foto: Mayela López.

Carlos Ricardo Benavides, el presidente de la Asamblea Legislativa, se sumó a las voces que piden a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anular el acuerdo que puso fin a la huelga de los sindicatos de esa institución.

El legislador liberacionista urgió a la Junta Directiva de la Caja a dar marcha atrás con el acuerdo por la vía administrativa, con el fin de evitar un proceso de lesividad que se resolvería en no menos de cinco años en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Al firmar el convenio, la noche del lunes 12 de agosto, Román Macaya, el presidente ejecutivo de esa institución, accedió a que el Poder Judicial defina si es legal un acuerdo previo que garantizó a los 57.000 empleados de la Caja que siguieran recibiendo sus incentivos salariales de forma porcentual y no como un monto fijo, tal cual lo dispuso la reforma fiscal con el fin de frenar el crecimiento del gasto en anualidades y otros pluses.

Dichos incentivos se mantendrían intactos hasta que el Tribunal dicte su sentencia.

No obstante, Benavides considera que el tema está claro y que es innecesario someterlo a un juicio.

“La Caja tiene elementos para declarar la nulidad del acto, en el tanto que se trata de un acto que se hace de manera posterior al reglamento de Hacienda, el cual no deja dudas con respecto a la forma de cálculo de las anualidades históricas”, afirmó Benavides.

Una de las principales críticas del jerarca del Congreso es hacia el compromiso que asumió la CCSS de no dictar ninguna sanción contra los dirigentes sindicales y empleados que participaron en la huelga.

“Eso debe declararse nulo, y debe declararlo nulo la propia Junta Directiva de la Caja. Es inadmisible que se negocie con faltas administrativas o faltas de carácter disciplinario, y sencillamente en medio de una huelga se les condonen faltas a funcionarios que han infringido la ley. Eso no lo permite nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Benavides.

La protesta sindical que terminó con la firma del acuerdo se extendió durante ocho días y causó la suspensión de 82.000 citas, 1.600 operaciones y 20.000 exámenes y procedimientos.

La Caja y los gremios convinieron que los procesos administrativos que se instruyeron contra trabajadores por su participación en la huelga se someterán a la mediación del Ministerio de Trabajo.

“Intuyo no va a quedar en nada, y eso me parece que es muy grave”, aseveró.

“No es más que impunidad con respecto a eventuales faltas y eso no es negociable, es decir, el funcionario público no tiene la potestad de negociar cuando se trata de faltas, y especialmente faltas graves. En ese sentido yo voy a insistir ante la misma Caja y eventualmente ante la Procuraduría de la Ética”, agregó el diputado liberacionista.

La posibilidad de que el acuerdo entre las autoridades de la Caja y los gremios sea declarado nulo en la vía administrativa la plantearon siete diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ante la Contraloría General de la República, el martes anterior. La solicitud la revisa el Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esa institución.

También solicita dicha medida la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).