Esteban Oviedo.   28 mayo
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR. Fotografía: José Cordero

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, sostiene que, para resolver el desequilibrio de las finanzas públicas en el futuro, el país podría recurrir a una combinación de medidas que incluya un reordenamiento del Estado, venta de activos y aumento de tributos.

En el caso de la venta de activos, afirma que se puede ir mucho más allá de lo planteado hasta ahora por el gobierno, el cual propuso vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y vender o concesionar la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

Cubero se refirió a estos temas después de proponer, para el mediano plazo, subir el impuesto sobre el valor agregado (IVA) para poder reducir las cargas sociales y, a la vez, financiar los retos futuros de la seguridad social, lo que incluye tanto las pensiones como el seguro de salud.

-En su última memoria anual, la Contraloría llama incluso a revisar los destinos específicos constitucionales, que es un tema muy difícil porque el principal componente es el de la educación. ¿Usted cree que el país tenga la apertura y la madurez para estar discutiendo esto en este momento y a dos años de las elecciones?

Yo no me atrevería a juzgar cuál es la madurez del país en este momento para discutir eso, pero sí sé que el país ha tenido la madurez para acometer y abordar reformas estructurales importantes que estaban esperando muchas décadas y que, finalmente, se han resuelto en los dos últimos años, entre ellas obviamente la reforma fiscal, pero también la agenda de reformas estructurales que fue necesario implementar como parte del proceso de acceso del país a la OCDE.

"Y ha habido otras reformas estructurales importantísimas. La reforma, por ejemplo, al reglamento de la Asamblea Legislativa.

El país sí puede tomar decisiones importantes, pero creo también que el país está atravesando una crisis que le exige a su sector político, tanto al gobierno como la Asamblea Legislativa, enfocarse en las medidas para mitigar el impacto de esta crisis y eso reduce también la capacidad en términos reales de entrarle a los problemas de largo plazo.

Es posible que el enfocarnos en lo que nos exige la crisis en este momento no nos permita tener la suficiente pausa y discusión que requieren esos temas de largo plazo.

Ciertamente, hay elecciones en dos años, de manera que los temas realmente de fondo, como estos que mencionaba, podrían requerir de más tiempo para ser resueltos".

-¿Usted ha conversado estos temas en Consejo de Gobierno?

Algunos de estos temas sí, los conversamos, por supuesto. Son temas que siempre como personas interesadas en el futuro económico del país, tenemos la obligación de plantearnos, son temas que además no son peregrinos. Es decir, los han planteado analistas ya por varios años; por ejemplo, los análisis de la OCDE que han sido un diagnóstico particularmente útil para la hoja de ruta a las políticas públicas en el país en los siguientes años.

"Y la OCDE ha sido muy clara en plantear este tipo de retos. El reto de la seguridad social, por ejemplo, y su financiamiento.

El hecho de que hayamos escogido como país financiar la seguridad social enteramente sobre las espaldas del factor trabajo, es algo que la OCDE ha mencionado que nos hace poco competitivos.

Costa Rica tiene un costo de emplear trabajadores mucho más alto que el promedio de la OCDE como porcentaje total del salario y eso realmente pone una carga a la competitividad del país, a la capacidad del país de competir internacionalmente.

La oportunidad y la forma en que eventualmente se avancen estos temas es una discusión que tiene que tomarse al más alto nivel político, por supuesto".

-¿Y qué receptividad ha tenido, principalmente, del presidente y del equipo económico cuando ha tocado estos temas?

Hay recepción sobre el tema de la reconsideración de las cargas sociales. Hay una enorme conciencia en el Poder Ejecutivo de la importancia de replantearnos el tema de cómo financiar la seguridad social y la necesidad de reducir las cargas sociales hacia futuro, como una forma de reducir los problemas gemelos que tenemos de alto desempleo y alta informalidad.

-Tiene que haber fondos sustitutos, incluso, fondos adicionales. ¿A nivel político tiene recepción salir a buscar más fondos de parte de los contribuyentes?

Bueno, eso es una discusión que todavía no ha terminado de madurar y habría que ver el cómo y el cuándo de la compensación que habría que dar, si es que se decide reducir las cargas sociales y, en efecto, la compensación que habría que dar a la seguridad social para mantenerla financieramente viable en el mediano y largo plazo. Esa es una discusión que todavía hay que madurar mucho más.

-¿Existen suficientes datos sobre lo que pasa en la seguridad social, lo que pasa en el esquema contributivo, como para que ya se tenga un panorama de qué es lo que se tendría que hacer? ¿O faltan datos?

Hay información suficiente, por ejemplo, a nivel comparativo internacional para percatarnos, como país, de que somos muy costosos en el empleo y factor trabajo y de que así tenemos que entrarle al tema de cómo financiar la seguridad social, de un modelo alternativo.

"Yo creo que en eso hay muchísima claridad y los estudios de la OCDE son particularmente claros y vehementes en ese tema.

Lo que también revelan los estudios comparativos internacionales es que el país tiene oportunidad para mejorar la estructura del gasto y también posiblemente aumentar su carga tributaria. En términos comparativos, todo esto es lo que sugieren los números que hacen, por ejemplo, analistas como los de la OCDE.

Pero el país tiene que tomar decisiones porque, al final, la forma de financiar todos esos retos puede resultar de una combinación de medidas por el lado del gasto, de medidas de un reordenamiento del Estado, incluyendo venta de activos, y también de medidas del lado de los ingresos viendo cómo aumentar los tributos".

-Cuando se habla de venta de activos, el gobierno ya ha hablado claramente de Fanal y había hablado claramente de BICSA, ¿eso tendría que ir más allá de estas dos instituciones?

Bueno, es una decisión del país. Yo pienso que el país tiene la posibilidad de ver otras opciones de ventas de activos más adelante que podrían también ayudar a entrarle al problema de la sostenibilidad de las finanzas públicas en sentido amplio.

“Y sí, yo creo que tendríamos que ir más allá de Bicsa y más allá de Fanal, que posiblemente sean recursos moderados pero no despreciables, y para poder tener la venta de activos como un factor que aporte realmente en algo significativo en este esfuerzo”.

-Sabemos de la reforma del empleo público, sabemos de las propuestas de venta de activos, pero cuando a la gente se le vuelve a tocar el tema del IVA va a decir, '¿bueno y a cambio de qué? En el tema del gasto, ¿cómo se imagina usted que podría ser un verdadero recorte en el que la gente sienta que tiene una compensación?

La ley de reforma fiscal, que se aprobó en diciembre del 2018, ya nos da una respuesta importante a esa pregunta, que es ‘póngase un límite al crecimiento del gasto público’.

"Mientras se asegure que el crecimiento en el gasto público sea menor al crecimiento de la economía como un todo, el gasto público va ir cayendo como porcentaje del PIB. Y eso nos va a ayudar a obtener una parte importante del ajuste fiscal que necesitamos en el mediano y largo plazo.

"Claro que es una reforma que requiere de tiempo para verla fructificada, porque requiere, justamente, que se den varios años para que la economía crezca a tasas más altas que el gasto del gobierno. Con base en ese techo, en esa restricción en el crecimiento del gasto que pone la regla fiscal, es que se lograría una parte importante del ajuste.

La ley 9635 no solo estableció la regla fiscal, una solución por el lado del gasto, sino que le dio herramientas al gobierno y al Ministerio de Hacienda en particular, para poder hacer viable financiara y políticamente la contención del gasto público, en particular, introdujo dos cambios centrales.

Uno, el cambio en las remuneraciones en el sector público. El otro es que le da discrecionalidad al gobierno para suspender los destinos específicos sobre todo cuando se cruza el umbral de la deuda de 60%, en relación deuda–PIB. Entonces, la suspensión de los destinos específicos es también una herramienta fundamental para poder cumplir con el límite al gasto público.

Yo creo que la ley 9635 nos puso un pie de sostenibilidad importante porque por primera vez, después en muchas décadas, el país le entró al lado del gasto. Las reformas fiscales anteriores habían sido especialmente tributarias.

-Sin embargo, uno empieza a ver algunas grietas. Por ejemplo, el proyecto de municipalidades que las exime de la regla fiscal. Luego, hay instituciones que quieren salirse y que plantean litigios judiciales para salirse. ¿Esas son malas señales que incluso las calificadoras de riesgo deben estar observando?

Bueno, las calificadoras de riesgo, sin duda, están observando las acciones y también los resultados de esas acciones. Entonces, toman nota de los impactos que puedan tener diferentes decisiones sobre las finanzas públicas. Eso es algo que sin duda están haciendo.

-¿Usted qué opina de la observación de la Contraloría de que si el envejecimiento de la población es un fenómeno que no se va a detener, y más bien tenemos menos población estudiantil, se podría balancear y pasar recursos que hoy se están destinando en la educación, sin hacer un deterioro de la calidad educativa, hacia la seguridad social para esta población envejecida?

Me parece que es un tema fundamental el que plantea la Contraloría y tiene sustento en las tendencias de mediano y largo plazo que podemos prever en este momento para el país.

“Yo sí creo que tenemos que abordarlo y tenemos que considerarlo porque se fundamenta en tendencias que son prácticamente inevitables para el país”.