Presidente de Corte pide a diputados atrasar creación de juzgados contra crimen organizado

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, les pidió a los jefes de las fracciones legislativas, este jueves, que atrasen la entrada en vigencia de la ley que crea la jurisdicción especializada contra el crimen organizado.

La iniciativa, aprobada a finales del 2017, obliga al Poder Judicial a poner en funcionamiento esa nueva estructura a partir de octubre de este año.

Sin embargo, Chinchilla les solicitó a los legisladores el apoyo para un proyecto que modificaría la entrada en vigencia y la fijaría para octubre del 2019, una vez que hayan establecido el financiamiento para esa nueva jurisdicción en el presupuesto del Poder Judicial.

El magistrado presidente explicó que, originalmente, se calculaba que la puesta en funcionamiento de esa estructura de jueces y demás funcionarios costaría entre ¢5.000 millones o ¢6.000 millones.

No obstante, adujo que en realidad el costo de ese proyecto sería de ¢20.000 millones , los cuales se tienen que financiar por el presupuesto de la Corte Suprema.

Luego de recibir a Chinchilla, varios de los voceros políticos estuvieron en contra de postergar nuevamente la entrada en vigencia de esa ley, entre ellos Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

Otros, como la independiente Carmen Quesada, quien presidió la reunión de jefes en ausencia de Gonzalo Ramírez, y el socialcristiano Luis Vásquez, consideran que no es necesario atrasar la vigencia un año y propusieron que sea solamente seis meses.

Redondo explicó que esta situación era previsible y que no se había advertido antes, y asegura que no se puede seguir pateando la bola, porque los índices de criminalidad han crecido mucho en los cuatro años de este gobierno.

“Esto es seguirle cubriendo la espalda a un Poder Judicial que no se ha tomado con la seriedad debida la magnitud del problema. Esto era previsible y ellos nunca ni siquiera lo exigieron. Habrían podido pedir un presupuesto extraordinario para cubrir ese gasto”, comentó.

La vicepresidenta del Directorio, la libertaria Natalia Díaz, comentó que ella está de acuerdo en darle aire al Poder Judicial para conseguir el dinero, pero apuntó que, al parecer, Chinchilla podría estar de acuerdo en atrasar la vigencia de la ley solamente seis meses.

La subjefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marlene Madrigal, dijo que llevarán el tema a consulta de la fracción oficialista antes de consolidar una posición.

Consultado por La Nación, Chinchilla aseguró que no se trata de que actualmente no se procesa y se juzga a criminales por este tipo de delitos, pues se hace en la jurisdicción ordinaria.

La ley fue aprobada en su segundo debate el 3 de setiembre del año pasado y establece la creación de juzgados y tribunales especiales para castigar el crimen organizado.

Este plan implica una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear el Juzgado Penal de Delincuencia Organizada, el Tribunal Penal de Delincuencia Organizada y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Delincuencia Organizada.

Para ello, se deberá nombrar un número indeterminado de plazas de jueces, fiscales, defensores, así como de personal administrativo.

Los funcionarios que laboren en este tipo de jurisdicción recibirán una “remuneración diferenciada”, respecto de las demás personas juzgadoras del sistema penal costarricense.

Asimismo, se deberá dar una protección especial para las funcionarias y los funcionarios que se desempeñen.

Los jueces que formen parte de los tribunales especializados deberán tener experiencia de 5 años como jueces penales.