El presidente de la República, Carlos Alvarado, declaró que la huelga contra la reforma fiscal no es un movimiento generalizado en todo el sector público, sino que se concentra en cuatro o cinco instituciones.
Así lo señaló el mandatario, la tarde de este lunes, en una entrevista que dio al medio digital crhoy.com, la cual se centró en contestar preguntas sobre la reforma fiscal.
Alvarado también descartó que la huelga de sindicatos esté relacionada exclusivamente con la implementación del impuesto de valor agregado (IVA), principal ajuste en el esquema tributario, con el cual se busca gravar con una tasa de 13% servicios, además de bienes, incluida la canasta básica, aunque esta tendría una tarifa reducida de 1%.
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“Yo creo que no es una huelga en relación al IVA, creo que es una parte que se discutió en la parte legislativa y quedó claro que ese no es un tema de lo que era central”, indicó.
Posteriormente, agregó: “También se ha buscado posicionar que es una huelga general, nacional, pero hoy los datos nos están diciendo que es un movimiento concentrado en cuatro instituciones: en el MEP (Ministerio de Educación Pública), en la Caja (Caja Costarricense de Seguro Social), un poco en Japdeva y Recope, y tal vez una quinta el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), pero en estas ya ha bajado bastante”.
Los sindicatos sostienen que el movimiento es más amplio.
La Nación solicitó a la Presidencia de la República el corte más reciente de la cantidad de empleados públicos sumados a la huelga.
Zapote informó de que, en la CCSS, el número de funcionarios en huelga bajó de 10.400 a 5.300, en una institución con 52.000 empleados. Es decir, participa un 11%. Añadió que, en la mayoría de entidades, ha bajado la participación, pero no precisó datos.
Aun así, se ha informado de miles de citas médicas y cirugías canceladas en el sistema de salud de la CCSS. En cuanto al MEP, la mitad de escuelas y colegios que no están dando lecciones e, incluso, se pospuso la aplicación de los exámenes de bachillerato de los colegios técnicos profesionales.
La semana anterior, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, señaló a la prensa que la huelga había ido a menos en los últimos días, pero que tenía una afectación importante por los bloqueos y cancelación de citas.
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“Yo veo la huelga disminuida hace mucho tiempo. Ha tenido poco impacto, el problema es que cuando tiene poco impacto, entonces se traslada a otro tipo de movimientos o bloqueos que afectan seriamente a los costarricenses”, indicó el ministro, el martes anterior, previo al inicio de negociaciones entre el gobierno y los sindicatos.
Piza también indicó que “la participación de los funcionarios en el movimiento es más bien baja. Claro que es importante en algunas instituciones, pero la mayoría están funcionando casi al 100%. El problema es que cuando hay una baja participación como huelga, la tendencia natural es a tratar de establecer otro tipo de medidas que no son la suspensión de labores”.
Alvarado no se adelantó a señalar los cambios al empleo público como el impulso más importante de los sindicatos para ir a huelga.
A lo largo de la entrevista, el presidente señaló que, de no aprobarse la reforma fiscal, se vería afectada la inversión pública y, en especial, la social.
Mencionó que la reforma tendría un impacto de 0,23 puntos porcentuales sobre la pobreza, ya que la canasta básica pagaría la tasa reducida y no del 13% como la mayoría de los servicios y bienes. Actualmente, 1 de cada 5 costarricenses está en condición de pobreza.
En ese sentido, enfatizó que, de no haber cambios, la pobreza podría incrementarse muy por encima de ese dato.
Además, destacó que, con el proyecto, no se derogan las leyes que financian algunas instituciones o programas, conocidos como destinos específicos, sino que le da un margen de maniobra al gobierno para reacomodar el gasto, en caso de que exista un sobreendeudamiento que supere el 53% del producto interno bruto.
Otro punto que destacó es que los salarios públicos, así como los recargos de los maestros se mantendrán a los empleados actuales. Es decir, ningún funcionario público en funciones recibirá un salario menor del que ya recibe.