El presidente Carlos Alvarado se manifestó a favor de flexibilizar, en favor de los docentes, las restricciones del proyecto de ley donde se enumera y define los servicios que no pueden ser afectados por las huelgas.
La versión actual de dicha iniciativa incluye a la educación en una lista de 79 servicios esenciales en los que las huelgas quedarían prohibidas.
Sin embargo, Alvarado aboga por realizar una modificación a ese texto para que se traslade ese servicio a una segunda categoría, donde habría cierto margen para que las protestas de maestros se conviertan en ilegales hasta después de transcurrido un periodo de tiempo determinado, sin especificar todavía.
La intención del mandatario es que el servicio de educación público no se califique como esencial, sino como de trascendental importancia, es decir, como actividades cuya suspensión no implica un peligro inmediato para la vida de los habitantes, pero si se detienen por un tiempo prolongado pueden generar una afectación grave a la población.
Este jueves, Alvarado reconoció que considera que es adecuada esa modificación al proyecto de ley 21.097, cambio que es impulsado por Víctor Morales Mora, jefe de fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
“La diferencia radica particularmente en los periodos. Un servicio esencial tiene que ver con la vida, entonces por definición no se puede entrar allí en huelga. El servicio de importancia trascendental, en el origen no tiene carácter de esencial, entonces puede haber una huelga allí, pero después de un periodo de tiempo por definir, ya la huelga caería en una categoría de ilegalidad”.
“Esa es una de las hipótesis que se está manejando, que es particularmente la que lleva el jefe de fracción oficialista, la cual creo yo es una postura moderada, es una postura mesurada y responsable, entonces eso es lo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa de discusión, entendiendo que la decisión final es de los diputados”, expresó Alvarado.
De momento, los diputados catalogan como trascendentales los servicios de recolección de basura y limpieza de espacios públicos, los controles migratorios y aduaneros y los requeridos para celebrar elecciones. En los tres casos, antes de irse a huelga, los funcionarios tendrían que garantizar un mínimo de atención.
Mientras, en los servicios esenciales se incluyeron los de salud, seguridad pública, control de tráfico aéreo, atención de emergencias, producción y suministro de energía, agua potable, telecomunicaciones, comedores escolares y educación pública, entre otros.
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En tiempo para cambios
La iniciativa aún puede ser modificada a través de mociones, ya que todavía no se ha votado en el seno del plenario legislativo.
En ese sentido, Yorleny León, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) que presentó el plan de ley, afirmó que tiene apertura para discutir en cuál de las dos categorías quedarán los servicios de educación pública.
“Yo sigo siendo de la tesis de que la educación tiene que ser un servicio esencial, pero podríamos valorar que sea de trascendental importancia, si en el proceso de la negociación se logra que se puedan quedar artículos que en este momento no son de recibo para los grupos sindicales”, dijo León.
La libericionista agregó que deben mantenerse los demás servicios esenciales definidos en el proyecto de ley, así como la prohibición de realizar huelgas políticas.
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Luego de dos semanas de protestas en las que participaron distintos sectores, como los estudiantes, los transportistas y los pescadores, el presidente Alvarado dijo que una de las oportunidades para el diálogo social está en la Asamblea Legislativa.
“Se está buscando un mejor texto que como objetivo que nos reúne, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y a los sindicatos es tener reglas claras en los procesos de huelga, que es lo que ha faltado en el país”, afirmó el mandatario.
León aseguró que ha mantenido acercamientos preliminares con los sindicatos a través del Ministerio de Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según la diputada, los mismos se retomarán cuando el Congreso retome labores después del receso legislativo, el 15 de julio.