Por: Gerardo Ruiz R..   15 agosto
La abogada argentina Delia Ferreira es la presidenta de Transparencia Internacional. La semana pasada visitó Costa Rica. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.

Para la presidenta de coalición global Transparencia Internacional, la abogada argentina Delia Ferreira Rubio, Costa Rica debe reducir los niveles de impunidad y ser menos indiferente con la corrupción para que logre escalar en el ranking de países menos corruptos de Latinoamérica.

Según el índice que la organización pública cada año, el país es el tercero más transparente y lo superan Chile y Uruguay. La jerarca de la coalición pidió al país cuidarse de no crear abismos entre las normas anticorrupción y su aplicación en la práctica.

Ferreira vino al país la semana pasada por una invitación de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) e hizo un espacio en su agenda para que La Nación la entrevistara.

-¿Cómo concibe usted la lucha contra la corrupción?

-Yo siempre digo que luchar contra la corrupción es como jugar al ajedrez porque en frente las piezas negras también juegan. No es una maratón donde todos vamos hacia el mismo lado a distintas velocidades. Acá hay alguien, un grupo, un sector, que está interesado en obstaculizar el trabajo de la justicia, de los fiscales, de los legisladores y eso se ve también en el financiamiento de la política, pues esa relación dinero-política es una puerta de entrada a los conflictos de interés y a casos de corrupción y a la captura del Estado que en Latinoamérica hemos analizado y tratado de enfrentar con herramientas normativas pero no siempre hemos sido eficientes en parar el fenómeno, prevenirlo y sancionar a los que estaban involucrados.

-En Costa Rica ha habido casos de financiamiento ilegal de campañas, casos de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones ¿Un cambio en las reglas de financiamiento de los partidos puede vacunar a un país contra esas situaciones, o no hay vacuna posible?

-No hay recetas universales. Cada país tiene que adaptar las reglas de financiamiento a su propio sistema político, a sus tradiciones de cómo hacer política. Hay mecanismos que favorecen que los ciudadanos tengan más información al votar, como son los reportes de gastos de campaña antes de la elección, sin perjuicio del balance final, hay mecanismos de reporte online de los gastos que se van haciendo. En eso Latinoamérica ha apostado mucho a los límites y prohibiciones y no siempre ha generado los mecanismos de control necesarios, porque para que los límites y las prohibiciones realmente sean efectivos primero tienen que ser razonables.

‘Esa relación dinero-política es una puerta de entrada a los conflictos de interés y a casos de corrupción y a la captura del Estado’, Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.

-El país tiene un sistema de financiamiento de campañas políticas contra liquidación posterior al proceso político ¿Considera usted que ese esquema es adecuado para frenar actos de corrupción?

-Es más transparente. El problema es que el dinero se necesita durante la campaña, no después. Y eso ata al partido a conseguir el dinero durante la campaña y otra vez surge el problema del compromiso. No hay una receta única, hay que ver esto como un rompecabezas y no copiar recetas extranjeras porque en algún país haya funcionado una pieza del rompecabezas.

-Costa Rica intenta ingresar como socio a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene los mismos principios generales para todos los países que la integran, en su mayoría, de primer mundo ¿Contribuiría ese eventual ingreso a reducir la percepción de que el Estado costarricense es corrupto?

-La elaboración de esos principios y su adaptación a las circunstancias jurídicas y constitucionales de cada país depende, ciertamente, de cada país. Lo que hay que garantizar es que haya una regla de ética pública, que el nombramiento de los jueces sea independiente de la política, hay que garantizar que esté firmado e incorporado un tratado que castigue las coimas (sobornos) a funcionarios extranjeros a través de convenciones internacionales. Pero eso no significa que haya un modelo del texto de la ley que se tiene que aprobar y lo que sí tienen los procesos de incorporación a la OCDE es que son negociados similares y eso permite discutir las herramientas que se van a poder en práctica.

-La Corte Suprema de Justicia sufre en este una caída en su credibilidad producto del escándalo de corrupción conocido como el del cemento chino que involucró a toda una sala, la Tercera, por presuntamente beneficiar a políticos en un caso de presunto tráfico de influencias ¿Cree usted que ese sea un síntoma de un mal mayor relacionado con presunta corrupción en el Estado, o no se debe hacer esa lectura?

-No conozco el caso, así que no hablo en concreto del caso. Puede tratarse de un problema institucionalizado que vaya más allá de los personajes involucrados y en esa situación el problema es mucho más grave, porque es una institución que sistemáticamente está afectada por corrupción, o puede ser el caso de un funcionario infiel.

“En ese escenario, habrá que tomar las medidas para sancionar a los involucrados y reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones que es un problema central para las democracias en nuestra región”.

-No estoy diciendo que sea el caso costarricense pero ¿cuáles caminos han tomado los países que han tenido sistemas judiciales tocados por la corrupción?

-En general cuando ha sido una corrupción sistémica en el Poder Judicial lo que se ha tratado es de revisar los mecanismos de designación y remoción de los jueces, en muchos países se han creado consejos de la magistratura para despolitizar la justicia. La politización de la justicia es un problema y la judicialización de la política también. Todos esos mecanismos apuntan a generar garantía de independencia y cuando se ha detectado que el problema era porque las normas procesales generaban incentivos para este tipo de componendas entre los actores de la justicia y los políticos, también se han corregido esas normas.

Entrevista con la Presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal

“Cómo se asignan las causas a los jueces, por ejemplo, ha sido un tema, se asignan aleatoriamente o puedo digitar eso y esperar a que el juez entre en turno o, como se ha descubierto en algunos casos (en otras naciones), se hacía por sorteo teóricamente a través de un software inviolable, pero en realidad el programa no lo era y si uno pagaba a la persona que hacía el sorteo se podía manipular el sorteo. Si yo puedo elegir al juez, este ha perdido neutralidad. Son pequeñas cosas que se pueden corregir para garantizar el buen funcionamiento de la justicia, pero depende de cuáles son los problemas que hay y para detectarlos se requiere de un buen diagnóstico”.

-A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los eligen los diputados ¿Ese mecanismo es el óptimo según su visión?

-Como dije, no hay recetas universales. Algunos países crearon audiencias públicas para exponer a los candidatos a la crítica general, en otros países es el Poder Ejecutivo el que propone a los candidatos. No hay mecanismos óptimos, lo que hay que hacer es buscar el mecanismo que garantice la independencia de los poderes para evitar la polarización de la justicia. El problema es encontrar el mecanismo adecuado para cada país, para lograr la independencia de los jueces cuando resuelven casos. Ese es el estándar de oro.

-Según el índice que publica anualmente Transparencia Internacional, Costa Rica está entre los tres países menos corruptos de Latinoamérica, solo superado por Chile y Uruguay ¿Qué tiene que hacer el país para mantenerse en ese escalón o mejorar?

-Hay que revisar la infraestructura de integridad del país, trabajar en más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Esa es la fórmula que debe plantear un panorama general y no quedarse en los compromisos, pues muchas veces nuestros políticos se quedan allí, en las declaraciones, en lo políticamente correcto, pero después, cuando llega el momento de aprobar el presupuesto anual no hay plata para los juzgados o para el Ministerio Público, o aprueban leyes procesales que generan ventanas de oportunidad para que los juicios duren 25 años y no se sancione a nadie. Así que hay que trabajar en las normas y en las prácticas.

“En Latinoamérica, muchas veces lo que hay es un abismo entre las magníficas normas que escribimos y cómo eso se aplica en la realidad”.