"Hemos sostenido que la Contraloría tiene la potestad para hacer una investigación". Con esta frase, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, justificó una nueva solicitud para que la Contraloría General de la República investigue supuestos pagos irregulares de pluses en este y en gobiernos anteriores.
No obstante, Alfaro dijo que todavía no tiene fecha para enviar otra solicitud para que el órgano contralor indague a jerarcas y exjerarcas que habrían cobrado el incentivo conocido por prohibición (equivalente al 65% del salario base) al margen de la ley a altos jerarcas, tanto de la presente administración, como de las de Laura Chinchilla (2010-2014), Oscar Arias (2006-2010) y Abel Pacheco (2002-2006).
Este será el segundo intento de Presidencia por emparejar la cancha en el tema de los sobresueldos, pues después de que se dio a conocer que ocho de los jerarcas de esta administración habrían cobrado el plus sin requisitos (título universitario o colegiatura profesional), Zapote envió el 23 de mayo a la Contraloría un informe con 39 casos, de los cuales 31 correspondían a gobiernos anteriores.
Ese documento fue criticado por la Contraloría, con el argumento de que era una revisión carente de análisis "de meros listados que –por sí mismos– no sugieren alguna irregularidad".
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"Se trata de situaciones presentadas durante los últimos quince años, sin que se mencione si las personas continúan o no al servicio de la Administración Pública, si existió el dictado de actos concretos favorables a ellos, si es posible jurídicamente la recuperación de sumas visto el tiempo transcurrido, entre otras cosas, es decir, sin que se acompañe de ningún estudio como corresponde", apuntó el órgano contralor a Alfaro en el informe DFOE-0074
Después de la revelación del informe, el ministro Sergio Alfaro ha tenido que rectificar en cinco casos, admitiendo que los exjerarcas señalados sí cumplían con los requisitos para cobrar prohibición, pero alegando que las oficinas de Recursos Humanos de las respectivas instituciones lo indujeron a error.
En una revisión realizada por La Nación sobre el informe de Presidencia, aparecieron 12 casos de gobiernos anteriores en los que las personas sí tenían título o colegitura profesional, cuando era obligatoria, mientras que en otros siete sí incumplían. En algunos casos, las personas entraron a trabajar antes de que se creara el incentivo por prohibición para ejercer profesiones liberales.
Con el nuevo informe, Alfaro espera que la Contraloría ahora sí se pronuncie sobre si se cometieron o no irregularidades en el pago de pluses en administraciones pasadas.
En total, tres ministros y cinco viceministros del gabinete de Solís han sido detectados bajo esta situación. Los mismos han cobrado ¢189 millones en sobresueldos ilegales, al recibir el incentivo de prohibición, equivalente a un 65% del salario base, pese a no contar con los requisitos para recibir el beneficio.
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Al respecto, el presidente Solís ha insistido en que no se trata de casos de corrupción ya que, según dijo, ninguno de sus jerarcas pidió el pago, sino que es responsabilidad de los departamentos de Recursos Humanos.