Presidencia borró acuerdo de acta de Consejo de Gobierno

Se trata del acuerdo en que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los ministros nombraron al abogado Cristian Arguedas Arguedas para el cargo de procurador general de la República, el 11 de enero del 2023.

El documento original, que sí contenía el acuerdo de nombramiento, fue subido a la sección de Transparencia del sitio web de Casa Presidencial el 22 de febrero anterior.

No obstante, el jueves 9 de marzo los funcionarios de la Presidencia eliminaron el documento original de la plataforma y, enseguida, publicaron una nueva versión.

Al comparar ambos documentos se puede apreciar que el acta alterada omite el “artículo 4.1. Nombramiento del Procurador General de la República”.

En su lugar, el acta modificada expone el segundo tema que se discutió en la sesión del Consejo de Gobierno del 11 de enero: el nombramiento de directivos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).

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La Nación consultó a la Presidencia sobre la modificación. Por medio de la oficina de prensa, Zapote confirmó el cambio hecho al acta del Consejo de Gobierno.

Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, argumentó que el presidente y los ministros procedieron a dejar sin efecto el acuerdo de nombramiento de Arguedas, en la sesión del 8 de marzo, debido a que el abogado renunció a la postulación el 15 de enero.

Añadió que se dejó sin efecto la primera candidatura para luego postular al abogado Iván Vinicio Vincenti Rojas.

Al cuestionársele acerca de la fundamentación legal para modificar un acta, Jiménez respondió: “Un acuerdo posterior debidamente justificado puede variar un acuerdo anterior del Consejo de Gobierno, siempre y cuando no se genere una vulneración a los derechos subjetivos o intereses legítimos de los involucrados”.

“En el caso bajo estudio, el señor Arguedas Arguedas presentó la renuncia oficial a su postulación como procurador general de la República, con lo cual el nuevo acuerdo no afecta al señor Arguedas Arguedas”.

Si bien es cierto que el Consejo de Gobierno tiene facultades para dejar sin efectos acuerdos anteriores, eso no significa que el acta deba modificarse.

Las actas son documentos públicos que informan sobre los acuerdos y las discusiones que sucedieron en una sesión con una fecha en específico, no en posteriores.

De la misma manera, el nuevo documento no indica que el artículo 4.1. fue dejado sin efectos por un acuerdo posterior del Consejo de Gobierno; simplemente, se eliminó del documento de rendición de cuentas.

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Oportunidades para nombrar a procurador

Copiado!

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que el Consejo de Gobierno es el encargado de nombrar al procurador general por un plazo de seis años, pero este debe recibir la ratificación de la Asamblea Legislativa.

El artículo 10 de esa legislación señala que si la Asamblea rechaza las dos primeras designaciones, el Poder Ejecutivo podrá nombrar libremente al procurador en la tercera ocasión.

El Consejo de Gobierno ha tomado dos acuerdos diferentes para designar al candidato a procurador.

En el caso del abogado Cristian Arguedas, se ordenaba “enviar certificación de este acuerdo a la Asamblea Legislativa para que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se proceda a la ratificación respectiva”.

Luego, surgió la designación de Iván Vinicio Vincenti Rojas.

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Este lunes 6 de marzo, los diputados de oposición aprobaron dispensar de todos los trámites un proyecto de ley que cerraría la posibilidad de que el presidente de la República nombre discrecionalmente al procurador general, en caso de que la Asamblea rechace los dos primeros candidatos.

Se trata de una reforma a los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que busca modificar el mecanismo de nombramiento del jerarca de la PGR, que es un órgano que funge como abogado del Estado.

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De ser aprobado el proyecto de Danny Vargas, de Liberación Nacional (PLN), y Eliécer Feinzaig, de Liberal Progresista (PLP), se eliminaría esa última posibilidad y la ratificación se mantendría como requisito.

La Asamblea Legislativa confirmó que, hasta la tarde del jueves 9 de marzo, no había recibido de Presidencia ninguna certificación de algún candidato para procurador general. Actualmente, ese cargo lo ejerce de forma interina la procuradora adjunta Magda Inés Rojas Chaves.