Dos precandidatos presidenciales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se sacudieron de los cuestionamientos sobre su pasado.
El diputado Pedro Muñoz y la exvicepresidenta de la República, Lineth Saborío, dieron explicaciones en el debate organizado por Repretel, este miércoles por la noche, de cara a la convención nacional del PUSC, a celebrarse el domingo 27 de junio.
Los moderadores de la confrontación cuestionaron a Saborío, abogada de 60 años, sobre los nombramientos de sus familiares cuando fue vicepresidenta de la República en la administración de Abel Pacheco (2002-2006).
Su padre, Germán Saborío, fue director de la Policía de Tránsito. Una hermana suya, Kattia, laboró en un puesto consular.
Róger Carvajal, esposo de la precandidata, fue presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y fue nombrado como gerente de Radiográfica Costarricense a días de finalizar el gobierno de Abel Pacheco.
Ante esos cuestionamientos, Saborío resaltó que sus familiares estaban vinculados a la función pública, de previo a su llegada a Casa Presidencial. Además, indicó que “mal se haría que se revierta que alguien participe limitando la participación de otra persona”.
A Muñoz, abogado de 52 años, se le cuestionó por sus vínculos con Juan Carlos Bolaños, quien es investigado por el Ministerio Público por el escándalo del “cementazo”, que se originó con la importación de cemento chino.
En el 2015, Muñoz asesoró legalmente a Bolaños en sus negocios, servicios por los que cobró $10.000. Nunca trascendió el motivo de su asesoría y el diputado tampoco lo reveló en el debate.
La noche de este miércoles respondió que su relación con Bolaños fue como abogado y no tuvo relación con la función pública ni sus contratos con la administración pública.
“Mi asesoría se dio con un trato comercial”, alegó Muñoz.
Narcotráfico
Los diputados Erwen Masís y Pedro Muñoz y la exvicepresidenta de la República y exdirectora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también dieron su posición con respecto a los vínculos de figuras del PUSC con personas sospechosas de narcotráfico.
Es el caso del diputado Óscar Cascante, de Puntarenas, quien recibió 13 veces en su despacho a tres sujetos quienes, según el OIJ, integraban una banda que enviaba cocaína a Europa y lavaba dinero aquí.
Masís, quien recibió en una ocasión a los mismos investigados, señaló que su propuesta incluye la creación una nueva policía de inteligencia “para darle la protección a la institucionalidad del país”.
Lineth Saborío, indicó que los funcionarios cuestionados, ante un caso de estos, deben separarse de su cargo para enfrentar los procesos legales.
Por su parte, Muñoz resaltó que, dentro de su gestión, solicitó la separación de Cascante y adelantó que, desde la Asamblea Legislativa, respaldará el levantamiento de la inmunidad del diputado cuestionado, si así la Sala III (penal) lo solicitara.