Aarón Sequeira.   26 enero
Las armas automáticas, o sea, que disparan en ráfaga y las de alto calibre, así como artefactos que disparen proyectiles y los explosivos están prohibidos en el país. Su tenencia será castigada con más dureza, si se aprueba una reforma a la Ley de Armas. Foto: José Cordero.

Una reforma a la Ley de Armas y Explosivos que se tramita en la Asamblea Legislativa endurece las penas de prisión por la posesión ilegal de armas, así como por la portación de pistolas y revólveres permitidos por la ley, pero sin el debido permiso establecido en la normativa.

Por ejemplo, andar con un arma no permitida por la ley, una ametralladora, por ejemplo, implicaría una pena de cárcel de hasta ocho años.

Se trata de un proyecto de ley, bajo el expediente legislativo 20.508, que se tramita en paralelo a otra reforma para limitar la cantidad de armas que puede tener cada persona (proyecto 20.509).

Sin embargo, esta otra iniciativa legal tiene la intención de atacar directamente la práctica común de que, cuando las autoridades policiales detienen a una persona con un arma no registrada o sin permisos para tenerla, básicamente no pasa nada.

Así lo explicaron los legisladores de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, para quienes era sumamente necesario actualizar la legislación, pues las sanciones vigentes son demasiado débiles y permisivas.

Por ejemplo, si una persona tiene en su casa un arma permitida sin registrar ante el Departamento de Control de Armas, actualmente solamente se le decomisa y, eventualmente, queda obligada a hacer entre uno y tres meses de trabajo comunal.

Reforma endurece castigos

El proyecto legal propone, entonces, reformar el artículo 88 de la Ley de Armas y Explosivos vigente, para que la sanción a quien tenga armas sin inscribir sea la prisión, entre tres y cinco años.

Si una persona es detenida hoy por un policía, portando un arma permitida por la ley, pero sin el permiso para llevarla, podría recibir una pena que va de los seis meses a los tres años de prisión, además del decomiso de la pistola o el revólver.

Gustavo Viales, del PLN, preside la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, donde se debaten dos reformas a la Ley de Armas y Explosivos. Foto: Melissa Fernández

La nueva legislación cambiaría, para que la pena por andar en la calle con un arma legal, pero sin el permiso para andarla, sea la prisión, entre dos y cuatro años.

Actualmente, la pena por llevar un arma ilegal (un rifle de asalto o cualquier tipo de arma automática) va de los dos a los cinco años.

Los nuevos parámetros de la Ley de Armas endurecerían las penas, que irían de cuatro a ocho años para quien posea, compre, venda, exporte, oculte, fabrique o use armas prohibidas.

Entre esas armas prohibidas se encuentran las ametralladoras, fusiles ametralladoras, subametralladoras y pistolas-ametralladoras, que son las que con solo apretar el gatillo, emiten una ráfaga de balas, así como fusiles y carabinas semiautomáticas que tienen capacidad mayor a 10 tiros.

El presidente de la Comisión de Narcotráfico, el liberacionista Gustavo Viales, destacó la necesidad de actualizar una legislación que no sufre cambios desde 1995.

“Las penas no se ajustan a la realidad, es decir, no existe un castigo apropiado para la portación ilegal de armas y en esto tenemos mociones”, comentó.

Viales añadió que se considera también endurecer las normas para fiscalizar la comercialización y el traspaso de armas entre particulares.

Con ello, buscarían atender una preocupación del ministro de Seguridad, Michael Soto, quien enfatizó que el mercado legal de armas es el que alimenta el mercado ilegal.

Agregó que están buscando insumos para, incluso, ver si es posible endurecer más las penas.

Enrique Sánchez, del PAC, promueve mociones para aclarar en el proyecto quién y cómo se le cobraría multa a los tenedores de armas que no reporten cuando la pierden o se la roban. Foto: John Durán.
Obligatorio reportar pérdida o robo

Otra modificación a la Ley de Armas que trae este proyecto establece la obligación de denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la pérdida o sustracción de un arma.

La persona que no cumpla con este procedimiento, tendría que pagar multas que van de ¢446.200 a ¢1.338.600.

El diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), enfatizó la necesidad de fortalecer la persecución del comercio ilícito y de cerrar todos los portillos que permitan la alimentación del mercado ilegal, de donde se nutren los delincuentes.

“Tenemos que aumentar las sanciones para cuando las normas de registro y posesión permitida se incumplen”, comentó Sánchez.

El oficialista añadió que él tiene mociones propuestas para que se aclare en el proyecto quién cobraría las multas por no reportar la pérdida o el robo. Su planteamiento es que eso se convierta en una contravención y, así, el proceso se judicialice.

La propuesta para el aumento de las penas tiene mucho mejor ambiente que la propuesta para limitar la cantidad de armas que puede tener una persona.

Esa habría sido la razón para que los diputados hubieran separado la propuesta en dos expedientes legislativos diferentes.

De hecho, mientras que el proyecto para endurecer las penas tuvo apoyo unánime en la Comisión de Narcotráfico, el plan para limitar las armas genera fuertes disputas entre congresistas.

El independiente Harllan Hoepelman agregó que él considera increíble que, actualmente, alguien pueda andar con un arma no registrada y solamente se la quiten y no pase nada.

“Si hay un pleito y una de las personas anda armada, eso termina siempre con una muerte violenta”, comentó.

Agregó que las leyes deberían hacerle pensar a la gente no andar armas o, si la poseen, tenerla debidamente inscrita.

Según datos del Ministerio de Seguridad proporcionados a La Nación en noviembre del 2018, las autoridades policiales decomisan un arma cada cuatro horas.

Sin embargo, las normas vigentes permiten que haya impunidad. Además, las autoridades de Seguridad enfatizan que el mercado negro de las armas está ligado directamente al narcotráfico y al paso de armas legales a la clandestinidad.