EscucharLa Junta Directiva del Consejo de Transporte Públicos (CTP) urgió a los diputados a aprobar el proyecto de ley que extiende la antigüedad de los autobuses y así “garantizar la continuidad” del servicio público. Esa solicitud se hizo a raíz de una moción propuesta por el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador.
Inicialmente, Amador pretendía que el llamado se hiciera para pedirle a los diputados un año más de extensión; sin embargo, tras la intervención del representante de taxistas —y a la vez lobista de los autobuseros—, Gilberth Ureña, no se indicó un plazo específico.
El acuerdo de los directivos se dio este viernes 23 de diciembre, en momentos en que los diputados se encuentran en su receso de fin de año y regresarán a sus labores hasta el 9 de enero próximo.
El miércoles anterior, el jerarca del MOPT defendió el proyecto y pidió a los congresistas extender la antigüedad de 350 unidades por al menos un año más y así, dar posibilidad a que los empresarios renueven su flotilla, una obligación contractual de la concesión.
Actualmente, la Ley 7600 establece que los empresarios deben renovar sus unidades con más de 15 años de antigüedad. Sin embargo, esta enmienda de ley pretende que esos buses puedan circular por al menos tres años más (hasta 18 años), según el último acuerdo de la mayoría de los legisladores.
Para enero, esas 350 unidades deberán salir de circulación, y si no lo hacen, las empresas quedan sujetas a sanciones o incluso, la cancelación de la concesión.
El proyecto de ley fue presentado en junio del 2021 por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masís, quien actualmente se desempeña como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sus argumentos se basaban en que los autobuseros arrastran pérdidas desde el inicio de la pandemia.
Anteriormente, el Área Técnica del CTP había recomendado que este proyecto de ley se aprobara, siempre que fuera en el marco de la emergencia por la covid-19; sin embargo, el decreto que así lo establecía se levantó en mayo anterior, por lo que esa condición ya no existe.
Aunque para el próximo año tendrán que salir de circulación, al menos 20 de las empresas afectadas arrastran buses que debieron dejar de circular desde enero de este año, sin que sus concesiones fueran retiradas.
La mayoría de las fracciones legislativas, a excepción del Frente Amplio, respalda la propuesta. No obstante, no han podido alcanzar un acuerdo para darle trámite rápido para superar las más de 100 mociones presentadas por los frenteamplistas en la Comisión de Asuntos Económicos.
La Junta Directiva del CTP está integrada por el ministro Amador; la viceministra de Transportes, Laura Ulloa; el representante de los autobuseros, Orlando Ramírez; el representante de los taxistas, Gilberth Ureña; el representante de los usuarios y candidato a defensor de los Habitantes, Erick Ulate; el representante del ministro de Ambiente, Ronny Rodríguez; y José Miguel Jiménez, representante de los Gobiernos Locales.
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Empresas que tienen hasta 100 buses se beneficiarían con la medida de extender la vida útil. (Rafael Pacheco Granados)
