El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para eliminar la figura del ministro de Ambiente y Energía (Minae) dentro de la junta directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), ya que su nombramiento “no es compatible con las buenas prácticas de gobierno corporativo”.

La iniciativa. más que propia, es en acatamiento a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), grupo al cual el país aspira adherirse el próximo año. El expediente se discute en la comisión legislativa que analiza las reformas necesarias para dicho ingreso.

“La presencia de los ministros en la conformación de juntas directivas de empresas propiedad del Estado es desaconsejada a nivel de buenas prácticas de gobierno corporativo en el ámbito internacional, pues desdibuja la necesaria separación entre los roles del Estado como propietario y las demás funciones del Estado... La separación clara de estas responsabilidades dentro del Gobierno busca prevenir conflictos de interés, evitar la erosión de ambas funciones, y evitar distorsiones en las condiciones en que participan las empresas públicas y privadas”, señala la justificación del proyecto de ley.

Si prospera la reforma, el actual ministro no deberá salir de la junta directiva de inmediato, pues el gobierno previó un transitorio para que se mantenga hasta diciembre del 2020 con el fin de concluir “asuntos pendientes”. Está nombrado en ese cargo Carlos Manuel Rodríguez, quien ocupa la vicepresidencia de la junta.

“Siendo que el ministro de Ambiente y Energía tiene asuntos pendientes por concluir en su gestión en la Junta Directiva de Recope y que se debe contar con tiempo para que su sustituto sea nombrado de acuerdo con un procedimiento consensuado, buscando su idoneidad, debe evitarse una salida intempestiva de sus funciones. Por lo anteriormente expuesto se considera necesario que exista un período transitorio para la aplicación de esta ley”, señala la propuesta legislativa.

Actualmente, la junta directiva de Recope está compuesta por seis miembros nombrados por el Consejo de Gobierno, más el jerarca del Minae. Los demás cargos quedarían de la misma forma, explica el proyecto, y la vacante la llenaría otro miembro que designe Casa Presidencial.

La presidencia de Recope la ocupa el presidente ejecutivo de la institución nombrado por el Consejo de Gobierno.

Sobre Recope, el presidente Alvarado se ha referido a una necesaria transformación que le dé nuevas competencias, mas no así a su posible cierre.

Único

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, afirmó que solo se detectó ese conflicto en Recope, por lo que este proyecto es único en su naturaleza y no se prevén cambios en las juntas directivas de otras empresas ni instituciones.

De acuerdo con la clasificación del Mideplán, son 21 las empresas estatales, incluidas Recope, Radiográfica Costarricense (Racsa), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), algunas subsidiarias de los bancos estatales, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, así como del Instituto Nacional de Seguros; y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

En el caso del Sinart, su consejo principal está compuesto por varias carteras ministeriales.

La administración Alvarado Quesada creó este año, también con instrucción de las OCDE, la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado que conduce los concursos para designar los directivos de las 32 empresas del Estado.