Aarón Sequeira. 1 octubre
Daniel Ulate, del PLN, es el impulsor del plan. Fotografía: José Cordero
Daniel Ulate, del PLN, es el impulsor del plan. Fotografía: José Cordero

El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón Monge, intenta resucitar un polémico proyecto del diputado Daniel Ulate que obligaría al Ministerio de Hacienda a gastar recursos en un polémico sistema de etiquetado de licores.

El PLN retomó el tema luego de que acogió de nuevo al ramonense oficialmente en sus filas.

El impulso al plan de licores consta en la moción de agenda para la sesión del plenario de este jueves, que negociaban los jefes de las fracciones legislativas.

En la propuesta, el expediente legislativo 20.961 aparece en el primer lugar, por delante de iniciativas como la de eliminar las anualidades para empleados públicos por dos años o la reducción de la multa por restricción vehicular sanitaria.

La intención de los legisladores liberacionistas es aprobar, primero, una moción de texto sustitutivo, abriendo el plenario a comisión.

El nuevo texto es casi idéntico a la versión de noviembre del 2019, salvo que introduce un párrafo donde autoriza a las autoridades hacendarias excluir del etiquetado anticontrabando a “las bebidas con contenido alcohólico obtenidas de la fermentación de los cereales o con un volumen de alcohol menor al 9%”.

También incluye, en su primer párrafo, la palabra “licores”, tal como actualmente se lee en el artículo 15 de la ley 9047, Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico.

“Se prohíbe la adulteración, la falsificación y la imitación de licores y bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando", dicen las primeras líneas de la moción.

También, ratifica la intención de entregar, a policías municipales o inspectores de los gobiernos locales, la competencia para investigar la adulteración, o determinar la falsificación, imitación fabricación clandestina y el contrabando de licores o bebidas con contenido alcohólico.

Otro párrafo que establece que, si Hacienda requiere de contratar un proveedor externo para implementar los servicios de etiquetado, podrá hacerlo bajo los principios de la Ley de Contratación Administrativa.

Esa autorización generó fuertes cuestionamientos el año pasado, luego de que se comprobaron conversaciones de representantes de una empresa suiza que da ese servicio, representada en América Latina por el expresidente José María Figueres, con el diputado Ulate.

También resultó cuestionada la iniciativa luego de que se demostró que el propio exmandatario realizó gestiones en pro de que el Gobierno contratara ese servicio de etiquetado, en forma paralela al trámite de la iniciativa legal en el Congreso.

Cámaras en contra

El pasado 23 de setiembre, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) lanzaron nuevamente sus reclamos en contra de la iniciativa.

Gisela Sánchez, presidenta de la AmCham, manifestó que ese etiquetado no es una solución efectiva para luchar contra el mercado ilegal, pues que “los países que han implementado esos sistemas presentan mayores índices de alcohol ilícito”.

Sánchez añadió que el costo de la implementación del sistema lo tendría que cubrir Hacienda y eso es inviable en un momento en que el país atraviesa una severa crisis fiscal.

Por su parte, la CICR considera que la iniciativa “favorece la informalidad, legitima el contrabando, puede perjudicar la salud de los consumidores y aumenta el gasto público”.

Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, adujo que la experiencia internacional confirma que “ejecutar ese mecanismo de etiquetado es más costoso que los ingresos que recibe el Gobierno”.

El expediente ya pasó por todas las etapas ordinarias del trámite parlamentario, desde la comisión dictaminadora hasta las mociones de fondo, pese a los argumentos negativos de diversas instituciones, incluido el Ministerio de Hacienda.

No obstante, consultado por La Nación, el actual ministro de Hacienda, Elian Villegas, mostró una posición favorable a la iniciativa en tanto sirva de instrumento para el combate del contrabando.

El ministro manifestó que, aprobada la ley, Hacienda tendría que buscar el mecanismo que le permita cumplir con el mandato legal.

“Estamos frente a una herramienta que viene a apoyar en la lucha contra el contrabando y la defraudación fiscal, lo vemos como un arma más. Una vez aprobado, buscaríamos la tecnología más funcional para Hacienda y para quienes están en la industria”, apuntó Villegas.

También declaró, en cuanto al costo que significaría para el Estado un sistema de etiquetado como el que obligaría la ley, que habría que buscar los mecanismos más adecuados en el mercado, las facilidades y precios.

Villegas aseguró que, con el desarrollo creciente de la tecnología, el costo de ese tipo de mecanismos tiende al descenso y cree que “es de esperar que este tipo de tecnología pueda contar con precios más accesibles”.

“Si es una herramienta que ayude en la lucha contra el contrabando y el estudio de costo beneficio resulta favorable, no veo mayor problema. El país pierde importantes cantidades de dinero por no impulsar la tecnología que se requiere”, añadió.

Este miércoles, se intentó conversar con el jefe del PLN, pero no fue posible obtener una respuesta.

El vocero del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, respondió a través de su encargada de prensa que él no participó en la reunión donde se acordó la agenda de proyectos para este jueves y que tampoco ha firmado esa moción con la lista de iniciativas, por lo que primero debe valorarlo.

Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), ratificó que Liberación pidió la inclusión de ese proyecto en la agenda e indicó que él estaba revisando los criterios de Hacienda sobre la iniciativa.

Adujo que, en ese Ministerio, persisten observaciones y que ha estado hablando con los asesores de Hacienda para que se revise el texto sustitutivo.

Sánchez apuntó que la nueva versión hace varias modificaciones, pero quedan otros aspectos cuestionados. Por ejemplo, recordó que la Policía de Control Fiscal cuestiona la transferencia de potestades para el combate al contrabando a otros cuerpos policiales, específicamente los municipales.