Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), le recomendó evaluar un “pronto retiro” al magistrado penal, Jesús Ramírez, luego de conocerse la forma en que dirigió una desconcertante audiencia sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El martes pasado, Ramírez primero declaró sin lugar, y luego inadmisibles, dos reclamos presentados por la defensa del presidente Carlos Alvarado sin haber escuchado los argumentos de los abogados y del Ministerio Público.
La situación provocó la molestia de la parte defensora, la cual dijo que se lesionaron los derechos del mandatario, al tiempo que la fiscala general, Emilia Navas, recusó a todos los magistrados de la Sala de Casación Penal por considerar que ya no tiene competencia para dirimir el asunto.
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“Uno no pone en duda la experiencia y el conocimiento de don Jesús Ramírez, pero hay un tiempo para seguir trabajando y hay un tiempo para su retiro. A mí me parece que esta oportunidad, a raíz de la situación que se está presentando en la Sala III, debería de brindarle a don Jesús la oportunidad de análisis, de reflexión para un pronto retiro”.
“El país necesita oxigenar sus cuadros en los Poderes de la República y me parece que lo sucedido en esa Sala debe encender las alarmas en la Corte Plena, de que la situación es de una alta responsabilidad en el ejercicio, en la respuesta de justicia pronta y oportuna que los costarricenses estamos esperando.
“Esta situación deja mucho que desear y realmente genera algo que no puede existir en la justicia, que es la incertidumbre, la desconfianza del sistema”, expuso Chacón.
Ramírez, de 77 años, renunció el viernes al cargo de presidente de la Sala III, pero continuará ejerciendo como magistrado.
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En la sesión del martes, se iban a discutir dos actividades procesales defectuosas planteadas por la defensa del presidente Alvarado. Los abogados alegan que la Fiscalía se extralimitó en el secuestro de información durante el allanamiento a Casa Presidencial, el 28 de febrero.
Este sábado, Chacón mencionó que en el país “nunca se le obliga a ningún trabajador” a retirarse. “Es voluntad propia hacerlo o no hacerlo”, dijo el liberacionista.
Sin embargo, considera que por la naturaleza del cargo, donde se analizan resoluciones penales delicadas, el puesto debe ser asumido por “gente clara” con absoluta salud física y mental, “como para tomar las mejores decisiones en pro de una mejor justicia pronta y oportuna”.
Chacón, quien integra la comisión legislativa de Nombramientos, recuerda que desde ese foro se ha señalado que debe de haber una “sustitución natural” de aquellos magistrados que están muy “entrados en una alta edad”.
Por el fondo de la polémica, el jefe liberacionista considera que el magistrado Ramírez se equivocó en sus decisiones durante la sesión del martes, pero no brindó detalles.
De hecho, considera que su renuncia a la presidencia de la Sala III es una forma con la que el magistrado reconoce haberse equivocado.
Por su parte, Shirley Díaz, subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), valora como importante que se dé un cambio en la presidencia de la Sala III, debido a los cuestionamientos alrededor de Ramírez.
“Por transparencia y por un mejor manejo que dé tranquilidad al desarrollo de la investigación de este caso, me parece que su renuncia a la presidencia de la Sala es muy sabia”, consideró la socialcristiana.
Sin mencionar al magistrado Ramírez, la subjefa del PUSC, también, sugirió que en el Poder Judicial se dé un relevo generacional, “pero sin atropellar los derechos de adultos mayores que son funcionarios públicos y que en este momento deben acogerse a la pensión, pero por alguna situación particular relacionada con su pensión no pueden hacerlo”.
Díaz evitó opinar sobre lo ocurrido en la sesión del pasado martes. Solo pidió a la nueva presidenta de la Sala que realice una investigación transparente y profunda sobre el caso UPAD.