El Partido Liberación Nacional (PLN) le pidió a Juan Luis Matarrita Gómez renunciar a la candidatura a la segunda vicealcaldía de Abangares, luego de conocerse que fue declarado reo rebelde por una jueza penal, desde setiembre del 2019, y que sobre él pesa una orden de captura.

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“Acabo de conversar con el candidato a alcalde (Heriberto Cubero Morera), nosotros desconocemos todo el procedimiento que se llevaba en contra del aspirante... Hemos coincidido en que el candidato se separe de lo que resta de la campaña y presente su renuncia inmediato”, dijo Viales a La Nación, a dos días de las elecciones municipales del 2 de febrero.

“Hasta julio del año pasado es que se abre la investigación, la situación ocurrió diez, once años atrás. En el momento de la inscripción (de la candidatura) desconocíamos el caso”, argumentó.

El PLN ratificó sus candidaturas municipales en una asamblea nacional celebrada en agosto del 2019.

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El caso

La acusación contra Matarrita obedece a hechos ocurridos en el 2008, cuando fungía como intendente del Concejo de Distrito de Colorado de Abangares.

La Fiscalía le atribuye los delitos de peculado e influencia contra la Hacienda pública, por presuntas anomalías en la construcción de un parque con fondos donados por China en el 2008.

En ese año, la obra se gestó, planeó y adjudicó en menos de cinco meses por un monto de ¢100 millones, dinero que hoy equivale a unos ¢157 millones.

Las labores se ejecutaron durante el mes de octubre del 2008. Sin embargo, hubo atrasos y la remodelación fue entregada, con evidentes deficiencias, el 30 de junio del 2009.

Un informe de la Contraloría General de la República develó las pifias y permitió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sustentar la investigación penal que se tramita en el expediente 09-201106-0413-PE.

Para la Fiscalía, durante la construcción del parque, se autorizaron pagos por obras que no se realizaron.

Sin embargo, una posible extinción de la acción penal se podría traer abajo la investigación judicial.

Luego de 10 años de pesquisas, el 18 de junio del 2019, el Ministerio Público presentó una acusación por supuesta corrupción contra Matarrita, contra un arquitecto de apellidos González Chaves y contra un empresario apellidado Sancho Rojas.

A ellos se les atribuyeron siete delitos de peculado, hecho que acarrea de tres a 12 años de cárcel por la distracción o sustracción bienes públicos.

Además, al exintendente Matarrita lo vinculan con un delito de influencia contra la hacienda pública, es decir, influir en un resultado que lesione recursos públicos, lo que es castigado con dos a ocho años de prisión.

El proceso penal empezó a tener tropiezos el 3 de setiembre del 2019 cuando el Juzgado Penal de Hacienda determinó que al imputado Matarrita Gómez no se le podía localizar y no atendía los llamados de las autoridades judiciales.

La jueza penal, Carolina Castro Salazar, decidió declararlo reo rebelde al tiempo que emitió una orden de captura para el exintendente. La Policía Judicial no ha podido localizarlo.