La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) insiste en impulsar el cuestionado proyecto sobre etiquetado de licores del diputado Daniel Ulate.
Durante la reunión de jefes de fracción del jueves pasado, la vocera verdiblanca, Silvia Hernández, puso el plan entre la lista de los expedientes que Liberación quiere ver avanzando en el trámite legislativo.
Ante la propuesta de Hernández, hecha a solicitud de Ulate, el proyecto de etiquetado entró en la lista de consenso que avanzará este martes, en la sesión del plenario del Congreso.
La iniciativa legal podría crear un lucrativo negocio de registro de licores, en que Ecuador costó $72,6 millones (unos ¢42.000 millones), pero que en Costa Rica reportaría, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, ¢1.700 millones anuales.
De mantenerse, el proyecto pasará a la etapa conocida como segundo y último día de presentación de mociones de fondo. Esta es la última oportunidad para que los diputados del plenario le propongan cambios al texto, los cuales serán discutidos en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
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Para ese trámite de mociones de fondo, ya Ulate tiene preparado un texto sustitutivo. Allí, quita de la lista las bebidas derivadas de frutas con contenido alcohólico menor al 8%.
También, plantea ampliar el plazo para que el Ejecutivo reglamente la iniciativa, de seis meses (en la versión actual del plan) a 18 meses.
En su trámite dentro de la comisión dictaminadora, el expediente recibió una lluvia de objeciones, pues obliga al Ministerio de Hacienda a contratar un sistema de trazabilidad de licores que ha costado decenas de millones de dólares en otros países.
Ulate, el mayor defensor de la iniciativa legal, alega que el método de control de los licores ha sido un éxito.
En Ecuador y República Dominicana, en particular, los contratos se le adjudicaron a una empresa cuyo presidente y cabildero en Chile ha sido el expresidente de la República, José María Figueres Olsen (1994-1998), del PLN.
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Las opiniones en contra critican el costo de la herramienta, su conveniencia y el retorno económico de esa inversión, así como posibles trabas al comercio formal por la eventual imposición de más cargas tributarias, o bien, por más gastos y trámites.
También, autoridades de Gobierno cuestionaron que se le imponga al Estado la obligación de instaurar un mecanismo de trazabilidad para los licores, con el objetivo de reducir la evasión de impuestos y el contrabando, sin establecer de previo cómo se va financiar.
Por vía telefónica, la diputada Silvia Hernández manifestó que la idea del PLN es “quemarle” (agotarle) el último día de mociones de fondo al proyecto de ley, tramitado bajo expediente legal 20.961.
“Hay acuerdo de ver o recoger inquietudes de las diferentes fracciones. Sabemos que el plan ha tenido interrogantes válidas y reflexiones. El diputado Ulate ha tenido acercamientos con diferentes fracciones para recoger inquietudes y modificaciones que se puedan plasmar en un texto sustitutivo”, dijo.
La verdiblanca alegó que todos los diputados están interesados en que se vean las reflexiones sobre la iniciativa. Además, dijo que los jefes de las demás bancadas manifestaron tener mociones para presentarle al expediente.
Hernández evitó decir si el PLN está de acuerdo sobre el fondo de la iniciativa, aunque sí confirmó que existe acuerdo en que avance en su trámite.
“En la fracción se toman acuerdos sobre temas generales y no sobre el detalle puntual que pueda tener cada moción, pues esto se ve en la Comisión”, indicó Hernández.
Agregó que el acuerdo es para que se mantenga el espíritu de atacar el contrabando y la adulteración de licores, pero que el plan “no venga a entorpecer lo que hay formalmente y no genere distorsión a través de los licores que ya están formalmente regulados”.
En cuanto a quién propuso avanzar en los trámites finales del proyecto, el subjefe socialcristiano, Pedro Muñoz, indicó que cuando él llegó a la reunión de los jefes partidarios, el jueves pasado, ya el proyecto estaba en la propuesta de la Presidencia legislativa para las sesiones de esta semana.
“Para que estemos claros: la idea es quemar (agotar) el segundo día de mociones de fondo, para que vaya a la Comisión de Económicos a tramitar esas mociones. He oído de compañeros que van a presentar mociones. He visto borradores de mociones pasar frente a mí y negociación sobre esos borradores”, dijo Muñoz.
Abarca: ‘No podemos hacer leyes reglamentistas’
Pedro Muñoz apuntó que la Unidad está de acuerdo en que se presenten mociones y se discuta “lo que tenga que discutirse”.
Por su parte, Pablo Abarca, también del PUSC, dijo que finalmente él se sentó a negociar una moción con Restauración Nacional. Su intención es plantearle cambios al proyecto acordes con los criterios escuchados en las audiencias.
“Uno no puede generar un sello que se ha demostrado que sale más caro sobre todo el licor. La diferencia que tengo con Daniel (Ulate) es que él quiere un mecanismo generalizado para todos los productos, pero con excepciones. Yo quiero un mecanismo para lo que Hacienda considere necesario”, dijo.
El socialcristiano no está de acuerdo con generar un mecanismo de trazabilidad obligatorio por vía de ley, sino dar una autorización general para que el Gobierno decida luego de hacer estudios técnicos.
Abarca dijo que trató de negociar con Ulate pero al final hubo una diferencia que no pudieron limar, la de que el mecanismo se utilice, a criterio de Hacienda, solo en los casos en que sea necesario y no como quiere el liberacionista, que es en todo tipo de productos con contenido alcohólico.
La propuesta de Abarca tiene el apoyo del independiente Erick Rodríguez Steller y de Giovanni Gómez, de Restauración. El socialcristiano añadió que a él tampoco le parece fijar un porcentaje de contenido alcohólico por ley.
“Hay una tendencia en la Comisión de Económicos a hacer leyes muy reglamentistas, pero no se puede dejar tan poquito margen al Ejecutivo para reglamentar”, indicó.