La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) no está convencida de apoyar un trámite expedito al proyecto de ley para cobrarles el impuesto sobre la renta a las cooperativas, y plantea otros mecanismos para el avance de esa iniciativa legal impulsada por la diputada socialcristiana María Inés Solís.

De hecho, hay criterios divididos dentro de la tienda verdiblanca, al punto de que no sueltan los votos ni para la dispensa de trámites del proyecto ni avalan que se estudie dentro de una comisión especial con plazo fijo.

La dispensa de trámites permitiría que el plan, luego de publicado, se discuta directamente en el plenario del Congreso, se le hagan ajustes ahí mismo y se pueda aprobar.

La ventaja de la comisión especial es que, en un plazo corto, permitiría el dictamen de la iniciativa y su regreso al plenario, para aprobación.

Sin embargo, una mayoría de los liberacionistas quieren un estudio reposado y por la vía ordinaria.

Así lo afirma el diputado Roberto Thompson, quien dice que la mayoría de los congresistas cree que a ese tema “se le debe dar análisis y requiere un equilibrio entre el compromiso asumido y el análisis de las condiciones en que debe gravarse el sector”.

El compromiso al que se refiere el legislador se firmó, en medio de la discusión de la reforma fiscal, para no aprobar una moción de María Inés Solís y, en su lugar, impulsar rápidamente un proyecto de ley para obligar a las grandes cooperativas a pagar impuestos.

En ese documento, se dice literalmente que las cuatro fracciones firmantes, entre ellas Liberación Nacional, se comprometen a “apoyar la aprobación de un proyecto de ley que sea dispensado de todo trámite y se vote de forma inmediata y posterior al proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (...) para que se garantice el establecimiento de un gravamen sobre los excedentes de las cooperativas con más recursos”.

“Por lo menos una gran mayoría quiere tener pausa para analizarlo con la calma necesaria”, dijo el exalcalde.

El proyecto de ley crea un tributo específico para las cooperativas, con dos tramos de cobro para las que tengan ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.

En la primera grada, Hacienda cobraría un 10% sobre los excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones. La segunda, permitiría al Gobierno cobrar un 20% de tributo sobre las ganancias superiores a los ¢750 millones.

En el caso de las cooperativas que tengan ganancias menores a ¢250 millones quedarían exentas. El plan se presentó con firmas de 36 congresistas de la Unidad, el PAC, Restauración Nacional (cuando estaba unido) y el Frente Amplio. También tenía firmas liberacionistas.

Por su parte, la socialcristiana María Inés Solís lamenta no tener los votos de los liberacionistas para optar por el trámite expedito del plan que impondría impuestos a las grandes cooperativas.

“No tengo los votos y no tengo la intención de presentar ahorita la moción, para perderla. El plan está en (la comisión de) Económicos, que la preside Pablo Abarca y él tiene el compromiso, junto con varios miembros de la comisión, de tener dictaminado el proyecto para diciembre”, contó la legisladora.

Reiteró que es en Liberación donde no tiene los votos, pese al compromiso firmado, y comentó que a lo interno de la fracción no se habían puesto de acuerdo.

“Hay un compromiso firmado por el jefe de fracción. Primero, no quisieron votar la moción de dispensa, que era el compromiso inicial. Luego, llegamos a un punto medio, que era la moción para hacer la comisión especial con plazo, pero no vamos a tener los votos”, indicó.

Agregó que, a su criterio, es un tema de compromisos y enfatizó que su fracción, la Unidad Social Cristiana, sí está “comprometida con lo que estamos haciendo”.

“Evidentemente hay una falta de compromiso, en la palabra de esa fracción. Es parte de esa bancada, porque yo sé que tenemos un apoyo total de la diputada Silvia Hernández, de Yorleny León, que han estado de lleno y dando el apoyo total", contó Solís.

Según la socialcristiana, 382 cooperativas quedarían exentas, mientras que 14 pagarían el impuesto al 10% y solamente 10 de esas corporaciones serían afectadas con el tributo del 20%.

Nuevo ‘acuerdo’ modificado

El jefe de la fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, comentó que luego de discutirse el asunto dentro de la bancada verdiblanca, se dejó el asunto en manos de los diputados que conforman la Comisión de Económicos.

“Los compañeros de esa comisión han señalado insistentemente que el proyecto firmado por todas las fracciones fue asignado a ese foro y que ellos tres, junto con el presidente, Pablo Abarca, desean tramitarlo ahí. Entonces, se comprometieron a establecerle un plazo para dictaminarlo pronto", dijo.

Sin embargo, no existe ninguna herramienta reglamentaria ni legal para fijarle plazo de dictamen a un proyecto de ley que se encuentre en la agenda de alguna comisión, como sí podría suceder si el expediente se asigna a una comisión especial con plazo.

Benavides adujo que en lo que sí tiene acuerdo el PLN es que debe haber un dictamen para ese proyecto en un tiempo razonable, pero reconoció que no todos comparten la idea de que sea en comisión especial, como también lo reconoció Thompson.

“Ese planteamiento de tramitarlo en Económicos decidimos respaldarlo en el tanto se defina un plazo y se haga público mañana mismo, pero no queremos faltar de manera general al compromiso que hemos adquirido”, puntualizó.