Cinco diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) culpan al gobierno por el nulo avance del proyecto de ley que permitiría destinar el dinero de las anualidades del 2020 a la atención de la emergencia por el coronavirus.

Se trata de legisladores que han ejercido puestos de mando, tanto en la fracción como en el Directorio.

Luis Fernando Chacón, actual jefe liberacionista; Karine Niño, subjefa; Silvia Hernández, exvocera del PLN; Jorge Fonseca, ex subjefe, y Carlos Ricardo Benavides, expresidente del Congreso, alegaron que el Ejecutivo nunca tuvo el expediente en la agenda de prioridades de los últimos dos meses.

Algunos de ellos, incluso, afirmaron que no habían oído mentar el proyecto o que la anterior jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, nunca lo trajo a colación en las negociaciones legislativas para el combate de los efectos socioeconómicos y financieros del covid-19.

El problema ahora es que el plan no tendrá efecto si no es aprobado antes del 1 de junio, en menos de 15 días, pues en ese mes el Ejecutivo reconoce en el salario las anualidades de la mayor parte de los funcionarios públicos.

La idea de Zapote es no reconocer el incentivo correspondiente a este año mediante un transitorio a la Ley de Salarios de la Administración Pública. La anualidad es un pago adicional que reciben los empleados del Estado por cada año laborado.

El proyecto entró en la corriente legislativa desde el 8 de abril, cuando el Gobierno lo anunció públicamente y lo entregó al Congreso. Por tratarse de una iniciativa que afecta un rubro que se paga en todo el sector público, el proyecto no se pudo dispensar de trámites.

El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso recomendó que se hicieran las consultas obligatorias a todas las instituciones autónomas, así como a los bancos estatales y a todas las municipalidades.

De hecho, hay ya 34 respuestas en los archivos digitales de la Asamblea Legislativa, pero cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, mencionó ese proyecto en las prioridades del Gobierno, los diputados alegaron que no sabían siquiera que estaba en el Congreso.

No obstante, Enrique Sánchez, jefe actual del PAC, activó el trámite del expediente al presentar una “puesta a despacho”, mecanismo legislativo para que los proyectos puedan tramitarse, desde el 1.º de mayo.

Benavides, en un mensaje de Whatsapp este domingo, dijo que el expediente 21.917 “nunca ha sido prioridad para el Gobierno” y alegó que durante toda la emergencia “se han tramitado los proyectos que el Ejecutivo dijo que más urgían”.

“Me consta porque estuve en todas las reuniones de jefaturas y la que iba indicando qué era lo que urgía era doña Nielsen (Pérez, jefa de fracción del PAC hasta el 30 de abril). Enrique (Sánchez) no tenía injerencia en aquel momento y no había ministro de la Presidencia”, recordó.

Benavides insistió: “Nunca, nunca fue siquiera mencionado, jamás lo priorizaron ni pidieron su discusión o dispensa”.

Incluso, aseguró que en la reunión del martes pasado, 12 de mayo, entre diputados liberacionistas y los ministros de Hacienda y Presidencia, tampoco lo mencionaron.

Karine Niño dijo que tampoco se habló de ese plan en su presencia, hasta que Enrique Sánchez lo trajo a colación en la reunión de jefes de fracción, el viernes pasado.

Jorge Fonseca, quien durante buena parte de abril fungió como subjefe de Liberación, coincidió en que no se tocó nunca el proyecto y que, en la fracción del PLN, tampoco lo han discutido.

A pesar de que los liberacionistas alegan no haberlo conocido a fondo, el Gobierno había incluido, en paralelo, una coletilla en el primer presupuesto extraordinario para ahorrarse, en el Presupuesto Nacional 2020, los recursos para el pago de las anualidades.

Ese rubro del proyecto se tuvo que eliminar precisamente porque el proyecto para autorizar la suspensión de ese plus no se había tramitado.

Silvia Hernández: ‘No lo conocíamos’

La exjefa de Liberación dijo que, durante su gestión y en gran cantidad de reuniones virtuales con el Directorio, “no llegué a escuchar” de ese proyecto.

Incluso, el sábado, durante la sesión del plenario en que se aprobaron préstamos para combatir la pandemia, Hernández criticó la falta de impulso del plan y que ahora, a 15 días de que sea inútil el proyecto, lo pongan como prioridad del Ejecutivo.

“Me parece que, como mínimo, hay que preguntar a la Contraloría General. No es que las consultas hechas no sean oportunas, pero no hay una valoración integral. Es más, si tenía plazo perentorio, se pudo haber visto antes de la transferencia del INS”, comentó.

Añadió que ahora no ve válido presionar a la Asamblea, sin tener criterios como el de la Contraloría y la Procuraduría General de la República.

“Ahora nos pasan la responsabilidad al Ejecutivo, pero no lo hemos tenido en el radar en ningún momento. Uno no puede pretender analizar un proyecto como estos, con tantas dudas, en un plazo de 15 días", dijo Hernández.

En una conferencia de prensa, este lunes, el ministro de la Presidencia mencionó el impulso a ese proyecto, pero cuando La Nación le preguntó qué gestiones habían hecho él y el ministro de Hacienda para promoverlo, no respondió con hechos concretos.

“Esperamos que se les dé la mayor flexibilidad y el trámite más rápido, magnífico si es posible una dispensa de trámites o una votación acelerada, sin que esto pueda entenderse como la menor restricción al derecho de los señores diputados para discutir a profundidad”, dijo Prieto.

Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente, Carlos Alvarado, pidió “respetuosamente a la Asamblea” que avance con el proyecto sobre las anualidades.

Exjefa del PAC: ‘Teníamos prioridades, las sacamos una a una’

Consultada sobre este tema, Nielsen Pérez, exjefa oficialista, dijo que se han ido sacando los proyectos uno por uno.

“Nosotros teníamos una agenda de proyectos de prioridad, fuimos sacando uno a uno. Teníamos el proyecto del INS (transferencia de ¢75.000 millones al Gobierno) y los préstamos. Esa prioridad siempre se ha orientado a cuáles planes entran primero”, dijo.

Pérez destacó que, ya en el proyecto para no pagar las anualidades en el 2020, se tomó la primera acción, la de consultar a las instituciones autónomas y municipalidades, que no era un asunto “de dos o tres días”.

“Teníamos que esperar que se cumpliera el tiempo reglamentario. Estábamos con el proyecto de combustibles (para mantener el precio de las gasolinas y usar la diferencia en financiar el bono Proteger) y otros”, añadió Pérez.

Aseguró la exjefa oficialista que “este proyecto era el que seguía”.

Según Nielsen Pérez, mientras se esperaban las respuestas institucionales, vinieron el 1.º de mayo y el cambio del Directorio, lo que implicó una “desaceleración, luego el análisis del informe presidencial y, ahora, el nombramiento de comisiones”.

Aunque fracciones como la Unidad Social Cristiana apuntan a que ese proyecto se mande a una comisión, lo que haría imposible su aprobación antes de junio, en Liberación optan por, al menos, conocer el criterio de la Contraloría.