La reforma para acelerar la entrega de la pensión complementaria a los beneficiarios y el proyecto que intenta eliminar el pago de anualidades a los empleados públicos para los próximos dos años sufrieron atrasos esta semana, en el plenario del Congreso, por lo que deberán esperar por su aprobación.

En el caso de la reforma a la Ley de Protección al Trabajador, expediente 21.309, que abre la posibilidad de entregar de forma expedita los fondos del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), ya había sufrido un freno el pasado martes.

Los extensos discursos de los diputados Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y de José María Villalta, del Frente Amplio, impidieron que la iniciativa fuera votada ese día en primer debate.

Todo hacía pensar, entonces, que el proyecto se votaría este jueves, pero finalmente no se pudo porque fue enviado a publicación en el diario oficial, La Gaceta.

Eduardo Cruickshank, presidente legislativo, alegó que ante el riesgo de que algunos diputados enviaran el proyecto a consulta facultativa a la Sala IV, él y los otros promotores de la iniciativa prefirieron darle la necesaria publicidad a los últimos cambios hechos en el texto base.

“Es para blindarlo ante esas amenazas de consulta que se hicieron el martes”, explicó el jerarca. De hecho, durante la sesión del plenario, la subjefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, aseguró que ella daría su firma para enviar el plan a consulta de constitucionalidad.

Por su parte, Muñoz no quiso mostrar claramente las cartas de esa eventual consulta, cuando se le consultó si la tenía preparada y en qué términos.

Aunque el diputado del PIN fue el que más utilizó la palabra entre el lunes y martes (un total de 45 minutos), adujo este jueves que no su agrupación no tiene la intención de frenar la iniciativa y que estaban dispuestos a votarla a favor.

El proyecto reforma la Ley de Protección al Trabajador pretende permitir que los pensionados actuales y todos los que se jubilen antes del 1.º de enero del 2021, puedan retirar su ROP en un plazo de dos años y medio, en tractos cada nueve meses.

También se establecen mecanismos acelerados para que todos los afiliados que se jubilen entre enero del 2021 y el 2030 puedan aceder de forma rápida a su pensión complementaria.

Ahorro postergado

Aunque también estaba previsto que este jueves se aprobara un proyecto para suspender el pago de anualidades durante los años 2021 y 2022, no fue posible votarlo debido a 22 mociones de reiteración presentadas por el diputado José María Villalta para modificar el texto.

De acuerdo con proyecciones del Poder Ejecutivo, el ahorro del pago de anualidades para esos dos periodos sería de ¢44.000 millones, solo para Gobierno Central. En el caso de las instituciones autónomas, el ahorro sería de ¢23.000 millones.

La discusión de las mociones del frenteamplista comenzó a las 10:43 a. m., pero las intervenciones de Villalta y el lento proceso de votación contribuyeron para que, a las 12:26 p. m. aún no se hubiera concluido el trámite. De hecho, quedaron ocho mociones pendientes.

Una vez concluido este proceso, el proyecto entrará en la etapa de discusión por el fondo en el que, según el Reglamento legislativo, cada congresista puede hablar hasta 20 minutos.

Según el frenteamplista, el plan del Gobierno para quitarles ese plus a los funcionarios públicos es “torpe, chambón, redactado a la carrera, sin fundamentación, sin estudios técnicos ni la redacción mínima para fundamentarlo”.

Alegó que la exposición de motivos del expediente número 21.917 es apenas de dos párrafos, en los cuales se habla de los efectos de la pandemia en las finanzas públicas y que el Ejecutivo quiere quitarles las anualidades a los empleados.

“Objetamos la falta de integralidad de la propuesta. Uno escucha ideas del Gobierno, pero lo único que presentan concretamente es recortar los salarios de los empleados públicos, que paguen los trabajadores, sin propuesta integral”, alegó.

Para que este proyecto sobre anualidades y el del ROP puedan avanzar, la próxima semana, tendrían que ser incluidos en las agendas de consenso que pacten los jefes de las fracciones legislativas el próximo lunes, en su reunión semanal.