Rebeca Madrigal Q.. 21 septiembre, 2019
La defensa por los privilegios del los empleados del sector salud ha provocado miles de citas y cirugías pérdidas en los últimos meses. Fotos Melissa Fernández.
La defensa por los privilegios del los empleados del sector salud ha provocado miles de citas y cirugías pérdidas en los últimos meses. Fotos Melissa Fernández.

Hace un año, diputados de diferentes fracciones se comprometieron a eliminar el ajuste automático que obliga a las instituciones públicas y patronos privados a aumentar los salarios de los profesionales de ciencias médicas ante cualquier otra alza que se haga en el Gobierno Central.

Sin embargo, tras ese compromiso y el rápido avance que tuvo en la comisión legislativa que lo dictaminó de forma positiva, los congresistas dejaron en el olvido el proyecto de ley para eliminar el enganche salarial médico (como se conoce el mecanismo), que no ha tenido ningún avance desde hace nueve meses.

El acuerdo lo tomaron diputados de varias fracciones luego de rechazar, durante la discusión del plan fiscal, una moción para suprimir el enganche médico en el texto de la reforma. Dicha propuesta de enmienda no prosperó porque contenía otras reformas que podían dar al traste con todo el proyecto de ley.

Mientras los legisladores sostienen que el compromiso se mantiene, la iniciativa legal está a un paso de discutirse en el plenario del Congreso para su votación sin que ningún diputado ni el Gobierno lo pongan por encima de otros proyectos.

Una de esos congresistas es Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien al ser consultada por la propuesta, se sorprendió de que el expediente 20.976 no avanzara. Delgado fue una de las que lo dictaminó en comisión.

Cambios

El enganche médico es un privilegio que tienen los profesionales de ciencias médicas (médicos, farmacéuticos, microbiólogos, químicos clínicos, odontólogos, veterinarios, enfermeros, nutricionistas y psicólogos clínicos), el cual está fijado en la Ley de Incentivos Médicos, de 1982.

Este mecanismo obliga a los patronos a aumentarles el salario cuando otro grupo de profesionales del Gobierno Central, cualquiera que sea, reciba también un ajuste, ya sea por incentivos o por incremento general.

Ese ajuste se encuentra en el artículo 12, que se pretende derogar parcialmente, porque se eliminaría uno de los dos párrafos contenidos en la Ley.

“Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en Ciencias Médicas, con grado académico de Licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”, señala el párrafo que se pretende suprimir.

Antes del 2015, los médicos también recibían ese ajuste si el alza se hacía a grupos no profesionales, pero un decreto eliminó esa posibilidad.

La propuesta mantiene el segundo párrafo, el cual establece que “por ningún motivo el salario total promedio de los profesionales de Ciencias Médicas podrá ser inferior al salario total promedio de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas, en escalafones equivalentes”.

De acuerdo con el encargado de compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), Francisco Chang, en los últimos cinco años no se ha invocado el enganche médico para hacer ajustes adicionales a los aumentos ordinarios.

Diferencia de criterios

El presidente legislativo, el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides, aseguró que esperan retomar el proyecto en el último trimestre de este año, aunque existen diferencias de criterio entre los legisladores.

“Existen diversas redacciones para llevarlo adelante. Espero que en este último trimestre de sesiones ordinarias las fracciones puedan acordar una redacción final", señaló.

El liberacionista no precisó cuáles son las diferencias en la redacción, pero hay quienes se oponen a este proyecto porque se limita solo a reformar el artículo 12 y no otros numerales que consideran importantes.

La jefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, y su compañero Pedro Muñoz proponen que, por ejemplo, se aproveche la reforma para eliminar la obligación de los patronos privados de reconocer los incentivos médicos en ese sector.

Precisamente, el intento por incluir ese cambio fue el que dio al traste con la moción para eliminar el enganche médico dentro de la reforma fiscal.

Esa obligación pone en riesgo la sostenibilidad de las cooperativas que dan servicios médicos, de forma tercerizada, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De hecho, existen sentencias que obligan a estos patronos privados a pagar todos los privilegios a su personal.

Sin embargo, Benavides señaló que el compromiso era eliminar exclusivamente el enganche médico, “sin condenar a los médicos del sector privado a una pauperización de sus relaciones de empleo”.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, quien dictaminó el proyecto de ley en la comisión de Asuntos Jurídicos, señaló que personalmente él podría compartir la visión de reformar integralmente la Ley de Incentivos Médicos, pero no cree que se cuente con la mayoría necesaria.

La derogatoria del enganche médico no estuvo en la última convocatoria de las sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo promueve los proyectos de ley que se discuten en el Congreso, durante el mes de agosto.

No es una prioridad de gobierno, según el ministro de la Presidencia y diputado del PAC, Víctor Morales, quien aseguró que no está en su agenda la discusión de este proyecto. Tampoco entró a referirse si Casa Presidencial lo respalda.

“Nosotros sí tenemos la obligación de priorizar y tener claras nuestras apuestas, no puedo tener tantas apuestas... Es un tema que no estamos valorando. No estamos metidos en esa dinámica", dijo Morales, quien agregó que la prioridad son los proyectos para regular las huelgas, así como el de empleo público y los relacionados con crecimiento económico y generación de puestos de trabajo.