El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aún está lejos de convertirse, definitivamente, en una ley de la República. Las etapas que le faltan lo tendrán fuera de las manos de los diputados al menos por un mes y medio.
Esto sumando los ocho días hábiles de la consulta a instituciones (prácticamente dos semanas), más los 30 días naturales que la ley establece para que los magistrados constitucionales respondan una consulta facultativa sobre un proyecto de ley. Además, se debe esperar a que el texto aprobado este 5 de octubre, en primer debate, sea publicado en el diario oficial La Gaceta.
El viernes, apenas pasó la votación, se avaló una moción para enviar la reforma fiscal a consulta de las instituciones que, por ley, obligatoriamente se deben consultar, esto a pesar de que la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, sostenía que ya se había pedido el criterio. Al final, se optó por enviar la versión más actualizada del expediente 20.580 a revisión.
Las instituciones consultadas son: Banco Central de Costa Rica (BCCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos del Estado y todas las municipalidades. Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las instituciones autónomas, las universidades estatales, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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Por vía telefónica, Hidalgo comentó que la consulta se envió por correo electrónico el propio viernes, una vez que 35 diputados dijeron sí al plan tributario (22 votos en contra) y se había cerrado la sesión. Sin embargo, apuntó que los ocho días hábiles para que esas entidades respondan empiezan a contarse desde este lunes.
Aunque lo usual es que la jerarca legislativa anuncie la fecha de la votación en segundo debate el mismo día que se le da el primero, Hidalgo explicó que no lo hizo porque esas razones y por esperar a este lunes poder enviar a hacer la publicación oficial.
Hidalgo añadió que, entonces, la fecha para el segundo debate se fijará para después de que se cumplan los ocho días hábiles de la consulta a instituciones.
Los diputados que quieran elevar el proyecto de ley a estudio de la Sala Constitucional, deberán esperar hasta después del 17 de octubre (fecha que se cumplen los ocho días de la consulta a instituciones).
“No se fijó el día de segundo debate porque no teníamos certeza de cuándo íbamos a mandarlo a publicar y consultar. El mismo viernes se envió para consulta, por medio de correo y la publicación es algo que podemos hacer el lunes”, explicó la presidenta.
Agregó que “la consulta a la Sala Constitucional todavía no se podría hacer; pero si nadie lo envía a los magistrados, vamos a dar el segundo debate apenas se cumplan los ocho días de la consulta a las instituciones”.
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Luego de terminar con la primera gran prueba del periodo legislativo, los diputados deberán buscar nuevos acuerdos para reactivar una agenda parlamentaria que ha estado ocupada por herencias de los anteriores congresistas, el plan fiscal entre ellas.
Hidalgo señaló que, precisamente, esa será la tarea de la semana que empieza, la de definir junto con los voceros de los partidos políticos cuáles son los puntos que tienen en su radar. Como ejemplo, mencionó la comisión especial para analizar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual aún no ha podido sesionar.
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Además, los congresistas tienen en lista el segundo presupuesto extraordinario del 2018, con grandes partidas para afrontar los huecos presupuestarios del último trimestre y, apenas termine octubre, llegará al plenario el Presupuesto Nacional del 2019, que se discutirá en medio de la resaca por la tramitación del plan tributario.
En veremos está también el nombramiento de magistrados propietarios de varias salas, tanto los expediente que ya están en el plenario como los que están por salir de la Comisión de Nombramientos del Congreso.
Otro nombramiento importante y pendiente es en la Defensoría de los Habitantes, que ya lleva varios meses con un suplente a la cabeza.
Pero no solo proyectos de agenda propia tienen los legisladores en la mira, sino que hay toda una agenda complementaria al plan fiscal que se tendría que ir negociando, construyendo y, una vez aprobada la reforma tributaria en segundo debate, tramitando. Entre esos, hay compromisos para revisar la legislación sobre las cooperativas, otra sobre empresas en régimen de zona franca y, de las más urgentes, un proyecto para impedir que se reduzca el porcentaje por recargo laboral de los docentes.