Política

Plan de empleo público deberá ser adaptado según fallo de Sala IV en 15 días hábiles

La Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa tendrá 15 días hábiles para ajustar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, conforme a lo resuelto por la Sala Constitucional en la consultas planteadas por los diputados.

La presidenta legislativa, Silvia Hernández, ordenó el traslado del expediente a dicha comisión una vez que la primera secretaria, Aracelly Salas, terminó la lectura en el plenario del por tanto de la resolución integral de la Sala que avaló la introducción del salario global para todo el sector público, aunque declaró inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre instituciones con independencia o autonomía.

“De esta forma se concluye la lectura del por tanto N°. 2021-017098. El proyecto de ley se traslada a Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad por un plazo de hasta 15 días hábiles”, comunicó Hernández a los diputados del plenario.

Así como declaró la constitucionalidad de un salario global para todo el sector público, los magistrados avalaron los topes a la negociación a convenciones colectivas que contiene el proyecto.

El expediente llegaría oficialmente hasta el próximo lunes a la comisión, por lo que el plazo para el ajuste empezaría a contar desde el martes 28 de setiembre, un día después.

Hernández explicó que el plazo otorgado al foro toma en cuenta el tiempo de entre 7 y 10 días que duraría el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea para emitir un informe, sobre la resolución de los magistrados de casi 800 páginas.

Si efectivamente el tiempo corre a partir del martes próximo, significa que la comisión tendrá hasta el 18 de octubre para arreglar el texto.

No obstante, el foro tiene posibilidad de solicitar una prórroga si así lo estima conveniente, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea.

De ahí que Hernández urgió del acompañamiento técnico del Gobierno, específicamente de Mideplán, para colaborar en la revisión integral del documento y en los ajustes. La idea, según añadió, es que la asistencia técnica permita avanzar de la forma correcta en los cambios y evitar una prórroga.

Una vez que se agota esa etapa, la Comisión de Constitucionalidad tiene un plazo adicional de ocho días hábiles, como máximo, para rendir un informe al plenario o los informes en caso de que surja uno de mayoría y otro de minoría.

Posteriormente el proyecto ingresaría a los primeros lugares de la agenda del plenario, para que luego se entre a conocer el informe o los informes. En caso de que existan dos, se vota el de mayoría. Solo si este se rechaza, se entra a conocer el de minoría.

La presidenta legislativa hizo hincapié en que, si la redacción recibe los ajustes proyectados en la Comisión de Constitucionalidad, el texto tendrá que ir a una consulta institucional obligatoria a instituciones, la cual dura otros ocho días hábiles como máximo.

De realizarse este trámite, la reforma al empleo público podría llegar hasta la primera quincena de noviembre sin haber sido votada nuevamente en primer debate, en caso que se agoten los plazos máximos proyectados en cada etapa.

Hernández dejó claro que el proyecto deberá de ser votado nuevamente en primer debate. Tampoco descartó la posibilidad de que algunos legisladores quieran, incluso, volver a consultar el proyecto en la Sala IVA.

Sobre la solicitud de asistencia técnica, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, reiteró el compromiso del Poder Ejecutivo de acompañar a los diputados y a sus asesores.La ministra adelantó que desde esta semana hubo acercamiento para concretar reuniones, no solo para apuntalar el tipo de colaboración técnica que podrían ofrecer, sino definir la ruta para alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible.

Para el Gobierno, insistió Dinarte, aprobar la reforma al empleo público es de suma importancia en la ruta para sanear las finanzas públicas.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.