El ministro de la Presidencia y encargado de las relaciones entre el Gobierno y los diputados, Rodolfo Piza, no prevé que la discusión sobre matrimonio igualitario en el Congreso entorpezca el camino del plan fiscal.
Para el político, no hay conexión entre los dos proyectos de ley convocados por el Poder Ejecutivo en las actuales sesiones extraordinarias.
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Piza asegura confiar en la madurez del país para discutir diversos temas, sin encontronazos con diputados de diferentes fracciones que están en contra del matrimonio igualitario, como en Restauración Nacional o, incluso, en su mismo partido político, la Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Los costarricense debemos tener la madurez en los distintos temas", señaló Piza.
En eso coincide Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, quien aseguró que ningún tema debe paralizar el parlamento, aun cuando su fracción tiene posiciones encontradas.
Este miércoles, la Sala Constitucional ordenó a los diputados regular el matrimonio homosexual en un periodo máximo de 18 meses. Si no se aprueba, se derogará automáticamente la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo que está establecida en el Código de Familia.
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Actualmente, el Congreso está enfrascado en la discusión fiscal por la reforma urgente para contener una posible crisis económica en el país.
Sobre el matrimonio igualitario, Piza coincide con el presidente de la República, Carlos Alvarado, en respetar los fallos de la Corte que reconocen no solo el matrimonio, sino también las uniones de personas del mismo sexo.
El acuerdo entre ambos políticos, firmados de cara a la segunda ronda de las pasadas elecciones nacionales, reconoce que entre ambos hay posiciones distintas sobre cómo se debería resolver el tema; opiniones que se reflejan en la Asamblea Legislativa.
Por ahora, Piza descarta que el Poder Ejecutivo redacte un nuevo proyecto, sino que decidió convocar este jueves un proyecto que deroga la legislación que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Se trata de una propuesta elaborada en el 2016, impulsada por varias fracciones , por iniciativa de varios organizaciones sociales.
Sobre el plazo de 18 meses que dio la Sala Constitucional a la Asamblea, Piza indicó que “son plazos que han usado en tribunales internacionales, son plazos comunes en esos temas en otros países”.