Rebeca Madrigal Q.. 9 febrero

El Partido Integración Nacional (PIN) tratará de recuperar ¢11 millones que la agrupación le pagó a un productor de eventos, como adelanto, para una actividad que no se efectuó: el cierre de campaña del excandidato Juan Diego Castro.

El acto, que estaba previsto para el sábado 27 de enero, fue suspendido, según las autoridades partidarias, por la falta de permisos municipales y de salud.

La diputada electa Zoila Volio Pacheco, secretaria del comité ejecutivo del PIN y especialista en temas conciliatorios, confirmó a La Nación que, este viernes, el partido planteó una solicitud de conciliación con la empresa Producciones Torre Fuerte ante el Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados.

Según Volio, la idea es lograr un acuerdo con esta compañía, representada por William Múñoz y Joyce Venegas.

El PIN reclama la devolución del dinero, pues considera que el productor los indujo al error al considerar que la actividad no requería de los permisos porque se iba a dar en un parqueo privado, ubicado en Sabana norte, pero a última hora se dieron cuenta de que sí se necesitaban y esto obligó a cancelar el acto.

Según informó La Nación ese sábado 27, para obtener el permiso municipal, el partido tenía que haber gestionado antes la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero tal requisito tampoco se cumplió, había dicho el funcionario electoral Esteban Durán.

Este medio llamó a William Muñoz, de Producciones Torre Fuerte, para conocer su versión, pero no contestó las llamadas.

En una transmisión por Facebook, el excandidato Juan Diego Castro atribuyó la pérdida del dinero pagado a Wálter Muñoz, presidente y diputado electo de la agrupación

Castro dijo que Muñoz "obligó" al tesorero Carlos Alvarado a dar el adelanto del 50%, pese a que la actividad no contaba con los permisos.

En la transmisión, también apareció María Elena Gamboa, secretaria general suplente del PIN, quien denunció el contrato ante la Fiscalía de Fraudes, según publicó el medio AMPrensa el martes.

Gamboa se negó a dar declaraciones a La Nación sobre esta denuncia.

El excandidato tampoco respondió los mensajes que se dejaron a su teléfono celular.

Por su parte, Wálter Muñoz se defendió y aseguró que el acuerdo para esta actividad se produjo entre la excandidata a la vicepresidencia del PIN, Cecilia Moreira, el tesorero Carlos Alvarado y el productor William Muñoz.

Wálter Muñoz y Volio coinciden en que el presidente del PIN había firmado un contrato con la productora, pero para otro evento distinto al que está en disputa.

Según dicen, se trataba de un plan inicial de actividad de cierre de campaña, que era más grande, más caro y en un lugar distinto, en la Plaza de la Democracia, pero finalmente desistieron de realizar este evento por falta de permisos y por el costo que tenía.

Por su parte, la excandidata a la vicepresidencia rechazó que se tratara de un contrato distinto al que firmó Muñoz, aunque reconoció que ella dio el visto bueno al adelanto del pago de la actividad que estaba programada para el 27 de enero.

Muñoz sostiene que el evento de La Sabana se acordó sin contrato de por medio y fue negociado y pagado por Alvarado y Moreira.