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La ministra de Planificación, Pilar Garrido. Foto: Casa Presidencial para LN. (Julieth Méndez)
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, advirtió de que el acuerdo que el país alcance con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para equilibrar las finanzas públicas, requerirá del compromiso tanto del actual gobierno como del próximo.
“Esto va a requerir dos administraciones, porque es un instrumento de mediano plazo y requiere del consenso más absoluto”, afirmó Garrido.
La ministra precisó que las reformas que implique el acuerdo, las cuales no han sido reveladas, necesitarán aprobación de la Asamblea Legislativa en el corto y en el mediano plazo.
Aseguró que, para ella y el equipo económico del Gobierno, es fundamental tener el acompañamiento de los diputados de las distintas fuerzas políticas, a fin de garantizar un acuerdo con el Fondo.
“El acuerdo con el Fondo tiene que ser un catalizador que nos ayude a estar en mejores condiciones en términos de consolidación fiscal, pero, sobre todo, de recuperación económica, bajo una misma visión de desarrollo que podamos construir”, agregó.
Por su parte, partidos como Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN) exigen transparencia al Gobierno y presentar, lo más pronto posible, las medidas que se pretenden implementar.
El acuerdo con el FMI consiste en un financiamiento de $2.250 millones, en tres años, a cambio de llevar adelante medidas de estabilidad económica, que equilibren la difícil situación del país.
Garrido sostuvo que, el próximo 17 de setiembre, dará a conocer la propuesta.
“Se van hacer los contactos requeridos con los diputados, a sabiendas de que se requiere construir un acuerdo (...), que nos lleve de una administración a la próxima, en una misma visión de consolidación fiscal y que habilite la recuperación económica, y por ende, el empleo”, afirmó sobre la propuesta.
Aunque Garrido anunció un periodo de 12 días para alcanzar un consenso con los diputados, a partir del 17 de setiembre, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, afirmó que no necesariamente tienen que lograrse consensos en ese momento.
El Gobierno acude al FMI en medio de una crítica situación fiscal agravada por los efectos económicos de la pandemia de covid-19.
El Ministerio de Hacienda calculó que el Gobierno Central cerraría con un déficit fiscal de 9,3% del producto interno bruto (PIB), casi el doble del 5,3% previsto a inicios de este 2020.
En cuanto al tamaño de la deuda pública, Hacienda considera que este año alcanzará el 70,2% de la producción, poco más de ¢24 millones de millones.
El proyecto de Presupuesto Nacional del 2021 sostiene que, para finales del 2021, la deuda pública alcanzará un 80,5% del PIB.
Dichas circunstancias podrían a llevar a una estrechez del sector privado y del crecimiento económico, lo que generaría fuertes repercusiones para el empleo y la estabilidad nacional.
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