Pilar Cisneros: ‘Yo, como diputada, decido que no hay conflicto de interés’

Esa fue su posición luego de que un criterio del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea advirtió del riesgo de que Cisneros violente la ley al participar, como integrante de la comisión, en asuntos que le atañen directamente.

“El informe dice que es la diputada la que decide si hay o no hay conflicto de interés y yo, como diputada, decido que no hay conflicto de interés”, afirmó la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El caso de Madison

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El legislador Ariel Robles hizo una consulta a Servicios Técnicos en vista de que Cisneros participó en la comparecencia de los socios propietarios de la agencia de publicidad Madison, el 13 de enero anterior.

Madison demandó al presidente Rodrigo Chaves, a Pilar Cisneros, al banquero Jack Loeb y al PPSD por no pagar $113.495 correspondientes a trabajos propagandísticos confeccionados para la campaña electoral.

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La comisión legislativa investiga si existió una estructura paralela de financiamiento en la campaña de Chaves y, en ese marco, los socios de la agencia, Javier Mora Rivas y José Pablo Chaves Martínez, afirmaron que recibieron pagos de Loeb (más de $20.000) y de la firma André Tinoco y Asociados S. A., a nombre de la firma Ata Trust Company (¢5,3 millones).

No obstante, sostienen que les quedaron debiendo $113.495 por servicios de publicidad e imagen que ahora reclaman en tribunales.

El día de la audiencia, como integrante de la comisión, Cisneros participó en el interrogatorio, pese a ser una de las demandadas por los comparecientes.

Los dueños de la agencia declararon, bajo juramento, que Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros estaban al tanto de todos los trabajos que realizaban e, incluso, que la congresista era quien daba las líneas sobre el discurso y la narrativa de la campaña.

Lo que dice el informe

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El informe de Servicios Técnicos precisó que “la votación que hiciera la diputada Cisneros Gallo, en asuntos que versen sobre sobre situaciones que beneficien de manera particular a ella o a terceros vinculados en la supuesta causa a la que hace referencia el consultante, o en situaciones que la involucren de manera directa en las investigaciones específicas, sí podría violentar los artículos 2, 45 y 48 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”.

El 48 sanciona al funcionario que participe con su voto favorable en actos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo. El 45 es el que castiga el enriquecimiento ilícito y el 2 define quiénes son servidores públicos.

El documento agrega que cada legislador debe determinar si, en el ejercicio de su función pública, podría violentar el deber de propiedad al intervenir en determinados asuntos.

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El argumento de la política

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Cisneros sostiene que los representantes de Madisson dijeron, en la comisión, que ella no tuvo nada que ver con el contrato, ni con el pago, ni con las órdenes que a ellos les daban.

“¿Dónde está mi involucramiento en eso? Quieren sacarme de la comisión, pero no me van a sacar. ¿Por qué voy a sentirme afectada?”, declaró.

Incluso, pidió un acta certificada de la audiencia de los socios de Madison para presentarla en el juicio sobre el cobro judicial. “No tengo idea de cómo pretenderán ganar este juicio”, dijo.

La Fiscalía General también investiga a la oficialista por un presunto delito de incumplimiento de deberes, al formar parte de esta comisión legislativa que investiga las finanzas de los partidos políticos.

Al respecto, Cisneros dijo que la Fiscalía no le ha notificado “absolutamente nada”.