Política

Permisos de construcción y patentes abren portillos a la corrupción en municipalidades

Falta regulación para evitar conflictos de interés

La Contraloría General de la República evaluó los riesgos de corrupción en un grupo de 32 municipalidades, debido a la falta de regulación en cuatro áreas. Dos de estas son las de permisos de construcción y patentes municipales.

Se trata de trámites “sensibles” a diversos riesgos detectados por el ente contralor. Aunque los ayuntamientos han establecido algunos mecanismos de prevención, estos siguen siendo insuficientes.

Por ejemplo, el 87% de los municipios evaluados no cuenta con una estrategia para evitar los conflictos de intereses a la hora de otorgar permisos para construir. En el caso de las patentes, la cifra es del 91%.

En cuanto al otorgamiento de permisos de construcción, el 50% de las instituciones no ha establecido mecanismos de control para administrar riesgos asociados a la corrupción con dicho trámite.

Asimismo, el 38% aún tiene pendiente implementar controles para administrar estos riesgos en el trámite de patentes municipales.

El análisis de la Contraloría también se extendió a las áreas de talento humano y adquisición de bienes y servicios.

De las 32 municipalidades analizadas, 22 no han evaluado por sí mismas su susceptibilidad a la corrupción en ninguna de las cuatro áreas. Tal es el caso de los gobiernos locales de Cartago, San Carlos, Escazú y Osa, las cuales fueron intervenidas en el 2021 por el Caso Diamante, por supuestos actos de corrupción en obras públicas.

Las restantes municipalidades en esas condiciones son la de Acosta, Aserrí, Atenas, Golfito, Jiménez, La Unión, Liberia, Los Chiles, Pérez Zeledón, Pococí, Quepos, San Isidro, San José, San Ramón, Sarapiquí, Sarchí, Tarrazú y Turrialba.

La Contraloría también criticó la falta de transparencia de las municipalidades, ya que no comparten en sus canales digitales información actualizada de sus ingresos y gastos, auditorías, inversiones en el cantón y los proyectos comunales.

“El Órgano Contralor insta a los ayuntamientos que presentan un débil desempeño en la implementación de acciones orientadas a la prevención de la corrupción, a ejecutar las gestiones necesarias para incidir ante las amenazas de esta problemática que desencadenan en un impacto negativo en la sociedad y sobre las finanzas públicas”, explicó la CGR.

En el caso de la gestión del talento humano, la CGR señaló que para luchar contra la corrupción se deben aplicar el principio de idoneidad en los procesos de reclutamiento y selección, con el fin de que los aspirantes a un puesto demuestren probidad e idoneidad para el ejercicio de los cargos.

El 97% de municipios analizados ha integrado ese principio en algunos manuales de puestos o funciones; la única municipalidad que no lo ha hecho es la Pérez Zeledón.

Por otra parte, la CGR detectó que los gobiernos locales de Buenos Aires, Escazú, San Carlos y San Isidro son los únicos que aplican todos los elementos necesarios para comprobar la idoneidad de los aspirantes, mientras que los ayuntamientos de Cartago, Quepos y Osa solo aplican uno de los mecanismos citados.

Sin embargo, esto no implica que hayan implementado filtros contra la corrupción en los procesos.

En el caso de personal que labora en los gobiernos locales, 34% de las municipalidades aún no han definido ni implementado mecanismos de control para administrar riesgos asociados con el manejo del personal, lo cual “abre una ventana de oportunidad para la consecución de actos de corrupción”.

Únicamente las municipalidades de Alajuela y Santa Ana han fijado mecanismos de control. De los 30 ayuntamientos restantes, el 84% no cuenta con herramientas para impedir conflictos de interés y dádivas, 56% carece de control para evitar la pérdida o sustracción de información de expedientes privados y 81% no cuenta con suficiente supervisión para impedir actos corruptos.

En cuanto a los lineamientos para direccionar el talento humano, que incluye factores como rotación de personal, disfrute de vacaciones, declaraciones de conflicto de interés, evaluación del desempeño, horarios, permisos, entre otros, los municipios presentan riesgo, con excepción de la municipalidad de Alajuela, que sí los ha implementado.

La CGR encontró que las municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Cartago, Desamparados, Escazú, Esparza, Golfito, Los Chiles, Quepos, San Isidro, Santa Bárbara y Turrialba no han establecido ningún tipo de control para administrar los riesgos asociados con el proceso de adquisición de bienes y servicios.

“Los procesos de contratación administrativa se encuentran entre los más vulnerables a los riesgos de corrupción, por lo que se considera trascendental que el sector público identifique aquellos riesgos de mayor preponderancia e implemente mecanismos de control para administrarlos”, indicó el ente contralor.

En el caso de los municipios de Alajuelita, San Carlos, San Ramón y Santa Ana estos aplicaron instrumentos para impedir conflictos de intereses, recepción de dádivas, controles para frenar adjudicaciones sin condiciones entre otros factores medidos por la CGR.

Por otra parte, se determinó que el 94% de las municipalidades realiza los procedimientos de adquisición de bienes y servicios mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), mientras que los gobiernos locales de Jiménez y Siquirres lo utilizan de forma parcial.

Asimismo, de los ayuntamientos que utilizan Sicop, 24 han establecido mecanismos de control para asegurar que el acceso y registro en el sistema sea exclusivo de los funcionarios autorizados, mientras que el 25% restante aún tiene pendiente esta tarea para garantizar la integridad y confiabilidad de los datos registrados.

Por su parte, las municipalidades de Esparza, Moravia, San Carlos, Santa Ana y Siquirres cuentan con mecanismos para el control de la mayor parte de los riesgos asociados.

Ante las fallas de las municipalidades, la Contraloría hizo un llamado a incentivar el uso de tecnología para una mayor efectividad en la gestión de los trámites.

“Contar con una trazabilidad de las revisiones para la toma de decisiones, aunado a una mayor transparencia de la información considerada en los trámites, por ello resulta positivo que la mayoría de las instituciones se apoyen en la tecnología”, comentó el ente contralor.

Michelle Campos

Michelle Campos

Periodista en la sección de Política. Graduada como bachiller en periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de licenciatura en Mercadeo. Ganadora de la Clase 8 del proyecto de periodismo colaborativo Punto y Aparte.

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