Los actuales pensionados que devenguen pagos mensuales del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) podrán retirar el 100% del dinero que les queda en ese fondo en tres pagos anuales.
Así lo establece el proyecto de reforma al ROP que fue dictaminado positivamente este miércoles por diez diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios.
La posibilidad del retiro lo contempla el primer transitorio del proyecto de ley, el número 19 que se incorporaría a la Ley de Protección al Trabajador promulgada en el 2000, con la cual fue creada el ROP.
Si el texto se convierte en ley este año, los pensionados podrán programar sus retiros entre los años 2021 y 2023.
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Textualmente, la propuesta dice: “Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias que hayan adquirido el derecho a la pensión y no hayan retirado el total acumulado, antes del 31 de diciembre del 2020, podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en tres años, en tres pagos anuales”.
El mismo transitorio explica que el primer pago se cobraría un año después de haber entrado en vigencia la reforma, el segundo tracto ocurriría 24 meses y el tercero a los 36 meses.
La medida no aplica para quienes se pensionaron antes del 2000, pues no cotizaron para el ROP, ni para quienes ya agotaron lo que tenían en el fondo.
El diputado y presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), afirmó que hay unas 10.000 personas que ya se pensionaron.
“Eso nos permite mantener el régimen con la solidez financiera que ha tenido y permitirá a las operadoras (de pensiones) tener la liquidez necesaria para poder hacer frente a esas desacumulaciones”, añadió Cruickshank, quien es el principal impulsor de la reforma.
La anterior versión del proyecto habría permitido a las personas retirar el 100% del ROP en un solo tracto durante una ventana de tres años que terminaría en febrero del 2023.
Si la iniciativa quedaba de esa forma, habría provocado una salida de recursos de las operadoras de pensiones por ¢326.000 millones, aseveró la superintendenta de Pensiones, Rocío Aguilar.
“Fundamentalmente, el año crítico sería el 2020 porque este incluiría los pensionados que están acumulados hasta la fecha”, expuso Aguilar.
Además, habría materializado pérdidas en los fondos de pensiones.
“Debido a los cambios que han sufrido los mercados internacionales, el nuestro no es una excepción, hoy los fondos de pensiones tienen lo que llamamos minusvalía (menor valor). La totalidad de la entrega lo que generaría es que esa minusvalía se materializaría en pérdidas”, expuso la superintendenta en la comisión de Hacendarios.
El nuevo texto fue dictaminado ayer miércoles por Cruickshank y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional; Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, de Liberación Naciona (PLN); Nielsen Pérez y Laura Guido, de Acción Ciudadana (PAC); María Inés Solís y Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Harllan Hoepelmann, del bloque Nueva República (PNR); Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiana (PRSC); y la independiente Ivonne Acuña.
ACOP da el aval
Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras del Pensiones (ACOP), valaó el cambio.
“Se evita un perjuicio financiero para los jubilados que han impulsado el retiro total del ROP, porque la liquidación de inversiones para dicha devolución, en este momento, podría generar que se materialicen pérdidas.
“También, protege a los afiliados y futuros pensionados, porque no se afectan sus rendimientos con una salida inmediata de recursos y evita, además, daño al sistema financiero y la economía del país, puesto que la venta masiva de títulos generaría una caída de los rendimientos e incidiría en el aumento de la inflación, en perjuicio de los mismos jubilados y cotizantes”, afirmó Ugalde.