Silvia Artavia. 13 enero
El subjefe de fracción del PUSC aclaró que no ha presentado el proyecto en la corriente legislativa. Primero lo remitió a las principales fracciones, para buscar apoyo a su iniciativa. Foto: Rafael Pacheco
El subjefe de fracción del PUSC aclaró que no ha presentado el proyecto en la corriente legislativa. Primero lo remitió a las principales fracciones, para buscar apoyo a su iniciativa. Foto: Rafael Pacheco

El diputado socialcristiano Pedro Muñoz busca apoyo entre los legisladores para aprobar una interpretación auténtica de la reforma fiscal, a fin de aclarar que deben acatar esta ley el Poder Judicial y las demás entidades que se han rehusado a aplicarla.

La semana anterior, 16 magistrados de la Corte Plena rechazaron la orden de la Contraloría General de la República (CGR) que le exigió al Poder Judicial cumplir con las medidas de ahorro establecidas en la ley 9635.

La reforma ordenó pagar los pluses salariales como montos fijos (nominales), en lugar de hacerlo como porcentajes de salario, como se hacía antes. La intención de ese cambio es evitar el crecimiento exponencial del gasto en sueldos.

Los altos jueces de la República consideraron que el departamento de la Contraloría que giró la orden carece de competencia para darle intrucciones al presidente de la Corte, Fernando Cruz, a quien iba dirigido el mandato.

El diputado Muñoz declaró que no se explica cómo los magistrados efectuaron una interpretación distinta de la ley 9635 cuando, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Contraloría, coinciden en que la Corte debió ajustar el pago de los pluses a sus empleados.

Por eso, explicó, promueve una interpretación auténtica de los artículos 54, 56 y del Transitorio XXV de la reforma fiscal.

Estos numerales versan, respectivamente, sobre la conversión de incentivos a montos nominales fijos, la aplicación de estos cambios a partir de la entrada en vigencia de la ley –respetando los derechos patrimoniales de los funcionarios– y los topes salariales.

Si los diputados hacen una interpretación auténtica de esos artículos, "quedaría claro que la interpretación que hace el Poder Judicial es equivocada, porque el ente que tiene la primera y la última palabra para interpretar una ley es la Asamblea Legislativa”, exhortó Muñoz.

¿En qué consistiría dicha interpretación? No afectaría directamente el texto de la reforma fiscal. Más bien, se redactaría una nueva normativa que explique detalladamente los artículos en cuestión, de manera que no queden dudas acerca de cómo comprenderlos.

El cojefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) aclaró que no ha presentado el proyecto en la corriente legislativa. Primero, lo remitió a las principales fracciones en busca de apoyo.

Según dijo, el documento ya está en manos de los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y el bloque Nueva República.

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‘Una rebelión contra el Gobierno’

Según Muñoz, el proyecto busca que a otras instituciones, las cuales han emprendido “una rebelión contra el Gobierno”, también les quede claro el contenido de la normativa.

“Una vez aprobada la citada ley (9635), se ha generado una especie de rebelión contra el Gobierno por parte de la Corte Plena, las universidades estatales y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); todas han argumentado que están excluidas de las nuevas condiciones laborales, incluyendo la Junta de Protección Social (JPS)”, dicta el documento elaborado por el socialcristiano.

Pero, ¿por qué ahora considera apropiada una interpretación auténtica de la ley si, en el pasado, opinaba lo contrario?

“La vez pasada, el criterio de la Contraloría había sido acatado plenamente por el Poder Ejecutivo y por la Caja. No me imaginaba yo que, con un criterio de la Procuraduría y de la Contraloría, el Poder Judicial se fuera a quitar el tiro”, respondió Muñoz.

“El año pasado, yo pensé que el actuar de la Contraloría era contundente, y así fue. Y así como la Contralría vino a auxiliarnos a nosotros, como órgano auxiliar que es nuestro (de la Asamblea), en relación con la Caja y los sindicatos de salud, después de la denuncia que interpusimos, pues ahora creo que la Asamblea Legislativa no se puede quedar de brazos cruzados y tiene que ir a auxiliar a la Contraloría”, agregó.

‘Es increíble que el ministro de la Presidencia se lave las manos’

Muñoz también se mostró indignado por las decaraciones del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, con respecto a que el Gobierno no puede interferir entre la Corte y la Contraloría para que esta primera institución acate las órdenes del ente contralor.

“Yo estoy furioso con la falta de valentía del ministro de la Presidencia cuando dice que no se va a meter a mediar entre la Contraloría y el Poder Judicial. Es una falta de liderazgo, pero nosotros (los diputados) no tenemos esa falta de liderazgo”.

“Es increíble que, con esa opinión jurídica de la Procuraduría, el ministro se lave las manos”, enfatizó.

Diputada pide llamar a presidente de Corte a comparecer

Este mismo lunes, la diputada liberacionista Yorleny León presentó una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea para que los diputados llamen a comparecer, ante ese foro, al presidente de la Corte, Fernando Cruz, y a seis personas más.

La rendición de cuentas solicitada por la legisladora obedece a la negativa del Poder Judicial de acatar las órdenes de la Contraloría.

Las otras seis personas a quienes León pide llamar a comparecer son Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda; Victor Morales, ministro de la Presidencia; Julio Jurado, procurador general de la República; y Armando López, procurador de la Ética Pública.

También serían citados Stephany Arias, gerente de Área de la Contraloría, así como Hilda Rojas y Pablo Pacheco, ambos fiscalizadores es esa misma entidad.

Estas últimas tres personas pertenecen a la división de Fiscalización Operativa y Valuativa de la Contraloría, departamento que elaboró el informe donde se le ordena a la Corte acatar las disposiciones de la ley fiscal.

En el texto de la moción, León es enfática en que “la Corte desacata una ley para mantener beneficios salariales que jurídicamente fueron reformados en su totalidad por los legisladores”.

“Las acciones del Poder Judicial podrían ser absolutamente ilegales e inconstitucionales, pues su actuación quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley entre los empleados del sector público”, aseveró.

La pugna del Poder Judicial

En marzo del 2019, la cúpula de la Corte decidió mantener el pago de los pluses salariales como porcentajes del salario, en lugar de transformarlos a montos nominales.

En el caso de anualidades, el Poder Judicial decidió que seguirá pagando a los funcionarios antiguos, e incluso a los nuevos, entre un 1,94% y un 2,55% del salario base por cada año laborado.

La reforma, en cambio, ordenó pagar un monto nominal fijo e invariable, el cual se calcularía de la siguiente forma: el equivalente a un 1,94% del salario base de enero del 2018 para profesionales y el 2,54% para no profesionales.

En cuanto a los demás pluses, el artículo 54 de la reforma fiscal estableció que “cualquier otro incentivo o compensación existente que esté expresado en términos porcentuales” será transformado en un “monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018″.

Al respecto, los magistrados decidieron que el pago de los incentivos creados por reglamento o por acuerdo de la Corte se mantendrá “en su conceptualización y forma de cálculo” para quienes ingresaron antes de la reforma fiscal (diciembre del 2018), y se convertirá en un monto nominal fijo solo para los nuevos empleados.