EscucharJefa del PLN cuestiona a PAC por freno a patrocinio de licor en deportes
Un grupo de 11 diputados presentó una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley que autoriza la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte, aprobado en primer debate esta misma semana en la Asamblea Legislativa.
Cinco minutos antes de que empezara la sesión del plenario del jueves, la Sala Constitucional recibió el escrito del grupo encabezado por el frenteamplista José María Villalta, quien ya antes se había traído abajo otro expediente con exactamente el mismo contenido, mediante otra consulta al Tribunal que halló vicios de procedimiento en el trámite del proyecto.
Esta vez, Villalta lleva el apoyo de cuatro legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), una de Restauración Nacional (PRN), los dos del Partido Integración Nacional (PIN), una de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y dos independientes.
Entre los aspectos de fondo que la gestión valora inconstitucionales está la supuesta violación del derecho fundamental a la salud y del principio constitucional de protección del interés superior de las personas menores.
El reclamo es que la única limitación al uso de marcas o nombres de licores es en uniformes deportivos de ligas menores, pero sí se permitiría en vallas y otro tipo de localizaciones, tal como lo establece el proyecto aprobado.
El primer plan sobre patrocinio de bebidas alcohólicas al deporte era del diputado Erwen Masís, del PUSC, mientras que el nuevo es de los liberacionistas María José Corrales y Roberto Thompson.
El de Masís resultó con un vicio fundamental en el procedimiento legislativo, tal como resolvieron los magistrados en diciembre del 2020, con lo que terminó sepultado en el Congreso.
“No es posible controlar, de ninguna manera, a los sujetos que observan la publicidad, una vez liberada”, dice la consulta. “Es necesario mantener y mejorar las regulaciones actuales que impidan la exposición de las personas menores de edad a cualquier tipo de estímulo reforzador del consumo”, añade.
Adicionalmente, el grupo de 11 congresistas alega que hay una violación al principio de convencionalidad, puesto que el país se ha comprometido mediante instrumentos internacionales a garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud y efectividad del derecho, previniendo y tratando enfermedades de cualquier índole.
En ese criterio, se alegó una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención sobre Derechos del Niño y a la Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Por otra parte, la consulta considera que el proyecto violaría la obligación estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pues enfatizó que el patrocinio de los licores al deporte tendría una especial repercusión en la violencia hacia las mujeres.
Alega que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de que un hombre agresor actúe violentamente contra una mujer y hasta cometa un feminicidio.
Finalmente, entre los argumentos de fondo, los consultantes creen que se violenta el principio de reserva legal tributaria.
Por la forma, la gestión de los diputados considera que hay un vicio esencial del procedimiento, por ausencia de una consulta obligatoria sobre el texto del proyecto, luego de la aprobación de una moción de fondo con un texto sustitutivo, que incorporó destinos específicos al impuesto creado en la iniciativa.
Para ellos, el texto debía consultarse al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), porque en el inciso d del artículo 3 se les da responsabilidad de coordinar con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) el diseño de acciones contra la violencia intrafamiliar.
“Lo que aquí se consulta es la falta de consulta institucional al PANI”, dice la gestión.
Luego de conocer que varios legisladores del PAC firmaron la gestión, la jefa del PLN y proponente de la iniciativa, María José Corrales, reclamó públicamente al candidato presidencial y legislador de ese partido, Welmer Ramos.
El reclamo de Corrales es porque en el plan de gobierno que entregó Ramos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como parte de la inscripción de su candidatura, dice literalmente que apoyará el deporte de alto rendimiento, a través de los fondos que eventualmente llegarían de la ley de patrocinio y publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte.
“Mantener apoyos al deporte de alto rendimiento, en coordinación con el Comité Olímpico Nacional, la empresa privada, las instituciones deportivas y los fondos provenientes de la Ley para el patrocinio y publicidad de bebidas con contenido alcohólico en el deporte”, dice en la página 87 del plan de gobierno de Ramos.
Laura Guido, la jefa del PAC, le respondió a Corrales que Ramos no firmó la consulta y que, de todas maneras, los congresistas tienen derecho constitucional a hacer esa gestión en la Sala Constitucional.
