Josué Bravo. 12 octubre
Para las elecciones municipales, se destina el 0,03% del producto interno bruto (PIB). Foto: Rafael Murillo
Para las elecciones municipales, se destina el 0,03% del producto interno bruto (PIB). Foto: Rafael Murillo

Los diputados quieren que los partidos políticos que participen en las elecciones municipales reciban, por adelantado, el 50% del financiamiento estatal disponible para el respectivo proceso de votaciones.

Esa posibilidad está contemplada en un proyecto dictaminado por unanimidad hace dos semanas en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, que reformaría los artículos 96 y 97 del Código Electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas.

En la actualidad, las agrupaciones en contienda municipal no gozan de anticipos de la deuda política. Deben buscar sus propios recursos para atender gastos de campañas y, luego de la elección, solicitar al TSE un reembolso de acuerdo con los resultados y con sus comprobantes de gasto.

De convertirse en ley, el texto exigiría a las agrupaciones aportar garantías líquidas suficientes ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para poder optar por el anticipo.

Esas mismas condiciones ya están establecido en el Código para las elecciones legislativas y presidenciales, con la diferencia de que en las nacionales el adelanto es del 15% y en las cantonales sería del 50%, según la iniciativa.

La exposición de motivos de esta reforma alega el principio de igualdad como razón principal para equiparar ambos procesos en cuanto al adelanto del financiamiento, aunque los montos y porcentajes destinados a cada campaña difieren drásticamente.

Según el Código Electoral, para los comicios nacionales se destina el 0,11 % del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a la elección, mientras que para las municipales el 0,03%.

Para las elecciones de febrero próximo, el TSE dispone de casi ¢9.400 millones, de manera que la idea de los diputados es que se adelanten a los partidos unos ¢4.700 millones.

La iniciativa, propuesta por el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, se dictaminó el pasado 24 de setiembre con el voto de ocho legisladores y una legisladora ausente que no lo objetó en los días siguientes.

Votaron a favor las congresistas Floria Segreda y Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN); Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional; y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

También, lo dictaminaron los diputados de los partidos Integración Nacional (PIN) y del Frente Amplio (FA), Walter Muñoz y José María Villalta, respectivamente; mientras que Franggi Nicolás, del PLN, quien se encuentra con licencia de maternidad, no planteó objeción.

Reparto por partes iguales

De acuerdo con el texto, el monto del financiamiento anticipado para cada cantón se calculará al dividir el total de la deuda disponible para el respectivo proceso, entre la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral de todo el país.

Luego, ese resultado se multiplicará por la cantidad de electores inscritos en cada municipio y, finalmente, el monto se dividirá en partes iguales entre los partidos políticos que participen de la contienda en ese cantón.

A modo de ejemplo, si las 36 agrupaciones políticas nacionales, provinciales y cantonales participaran en el Cantón Central de San José, a cada una se le podría adelantar ¢18 millones, partiendo de que toda la deuda política disponible para las elecciones municipales es de ¢9.386 millones.

Sin embargo, si la propuesta se convierte en ley en las próximas semanas, no se aplicaría para el actual proceso del 2020 porque la campaña ya está en curso. Probablemente regiría a partir del 2024, según los diputados de la Comisión.

Piden dar prioridad a partidos con historial de votos

Por su parte, Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional, afirmó que su fracción presentaría mociones para que los partidos políticos tengan un trato diferenciado.

Por un lado, propondría limitar el acceso al eventual anticipo de financiamiento solo a los partidos que hayan participado en procesos anteriores. Es decir, una agrupación que participe por primera vez en determinada elección cantonal, no podría tener acceso a ese 50% de adelanto.

También, dijo que propondrá que los partidos con mayor caudal electoral en los dos anteriores procesos, obtenga mayor porcentaje de los adelantos.

"Lo que yo estoy diciendo es que los partidos emergentes o nuevos no pueden tener el mismo derecho que uno que ha demostrado tener un caudal electoral, porque pudiera ser que la gente empieza a crear partidos con el deliberado propósito de participar de ese porcentaje de adelanto de deuda y son partidos que no tienen ninguna posibilidad de nada.

“También planteo hacer un sistema de distribución diferenciado de recursos de deuda política”, expuso el restauracionista.

TSE propone un 30% no reembolsable

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sugirió a los diputados que el 30% del dinero que se anticiparía a los partidos políticos para las elecciones municipales, según el proyecto de ley, se destine con carácter no reembolsable.

Ese porcentaje sería administrado por el TSE y serviría para que los partidos pauten en medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer, exclusivamente, a sus candidatos con sus respectivos programas de gobierno.

Por ejemplo, si esa norma se aplicara hoy, el monto sería de ¢1.408 millones, pues se trataría de un 30% de la mitad de la deuda política que, para el 2020, es de ¢9.400 millones.

Andrei Cambronero, letrado del TSE, explicó que ese monto no reembolsable no sería un regalo, puesto que la deuda política, independiente del monto que sea, siempre está disponible para las agrupaciones.

“La constitución prevé que el Estado va a financiar la actividad de los partidos políticos. Junto con Honduras, Costa Rica es un país de que no tiene un mecanismo indirecto que genere equidad en la contienda (...).

"Es para visibilizar candidatos y propuestas de todos los partidos inscritos por igual. Forma parte del derecho a la información que tiene la ciduadanía de conocer todas las propuestas políticas que están compitiendo por un cargo de elección”, justificó Cambronero.

En principio, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, proponente de la reforma al financiamiento de las elecciones municipales, está en desacuerdo con la propuesta del Tribunal.

“Yo no creo algunas recomendaciones como ese 30% para pautar franjas horarias. Con esta diáspora de partidos políticos, eso termina siendo un desperdicio de recursos en todos los sentidos. No todos los partidos tienen la misma estrategia de comunicación y la producción no será la mejor ”, expuso el socialcristiano.

El tribunal también propone que la redacción del texto de la reforma incluya lo siguiente: “Este anticipo se distribuirá proporcionalmente entre todos los partidos políticos que presenten candidaturas, de modo tal que cada agrupación inscrita a escala nacional recibirá siete veces el monto que corresponda a cada una de las inscritas a escala provincial y ochenta y un veces lo que reciba cada uno de los partidos cantonales”.

Enrique Sánchez, del PAC; y Silvia Hernández, jefa del PLN; en principio se mostraron de acuerdo con esas sugerencias.