Aun antes de que se abra el último periodo para proponer ajustes de fondo en el Congreso, el proyecto de empleo público ya acumula 10 mociones que piden excluir de la reforma a más instituciones públicas.
Ocho de esos planteamientos promueven sacar a las universidades estatales de la regulación y fueron planteados por Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC); el independiente Dragos Dolanescu y Aracelly Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Así consta en el expediente 21.336 que, al viernes 12 de febrero, había recibido 60 mociones de fondo, de cara al trámit del segundo día de revisión del texto dictaminado en la comisión legislativa de Gobierno y Administración hace más de tres meses.
Paola Vega ha presentado ocho mociones para excluir instituciones de la reforma. En siete de ellas, pide sacar a las universidades públicas y en una octava insiste en que las empresas públicas estatales también queden fuera.
Dichas empresas ya fueron excluidas por la comisión durante el primer día de revisión de mociones, pero Vega insiste en que queden fuera, así como los entes públicos no estatales, entre los que están los colegios profesionales.
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De las siete mociones de Vega para excluir a las universidades estatales, una propone que los funcionarios de esas casas de estudio se rijan por una estructura salarial definida por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), bajo el principio de la reforma.
En tanto, en una moción conjunta, Dolanescy y Aracelly Salas y Dragos Dolanescu piden que las universidades se rijan por su propio sistema salarial, para lo cual proponen que estos centros tengan hasta tres años para establecer su régimen de remuneraciones.
Por su parte, el liberacionista David Gourzong plantea que se eliminen de la redacción a los entes públicos no estatales, a las empresas públicas en competencia y al Cuerpo de Bomberos.
Al respecto, Víctor Morales Mora, legislador del PAC y presidente de la comisión de Gobierno y Administración, aseguró que su interés no va más allá de excluir de la reforma a las empresas públicas en competencia, como el INS o el BCR.
Morales alegó que estas empresas necesitan tener condiciones diferenciadas para que, precisamente, puedan competir en un mercado abierto.
Sin embargo, aclaró que la “situación va a cambiar”en caso de que fracciones como la del Partido Liberación Nacional (PLN) o la del PUSC pretendan excluir a universidades y municipalidades.
“Ese es el estira y encoje de los próximos días. En materia de cobertura, nuestra posición es la misma de seguir trabajando en la línea de mantener la cobertura del proyecto lo más amplio posible para que realmente tenga los efectos que hemos definido”.
“Yo mantengo la posición de no excluir a universidades y municipalidades pero en esto no jugamos solos”, explicó.
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El PLN analiza, la tarde de este lunes, si elimina de la redacción a las universidades, mientras que el PUSC tiene visiones encontradas sobre el ámbito de cobertura.
El alto gasto en salarios es una de las objeciones que legisladores han expuesto sobre el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), transferencia que el Gobierno hace cada año para la manutención de las universidades públicas.
Actualmente, el 83% del FEES se consume en obligaciones patronales.
Un estudio actuarial advirtió a la Universidad Nacional (UNA) que, a partir de 2028, las remuneraciones de sus 3.300 trabajadores se comerán todos los recursos que recibe del Estado.
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La reforma al empleo público establecería un salario global con un monto único dentro de cada escala salarial, sin pluses que hoy disparan el gasto en el Estado.
Durante el primer día de mociones, el jefe de bancada del PUSC, Rodolfo Peña, votó en comisión a favor de excluir a las empresas en competencia.
Su compañero de fracción, Pablo Heriberto Abarca, adelantó que mocionará en este segundo día para que se vuelvan a incluir, mientras que Salas hace mancuerna con Dolanescu para sacar a las universidades.
Por su parte, el Partido Restauración Nacional (PRN) también impulsa incluir de nuevo a esas
empresas en el texto de la reforma.
En el caso de Paola Vega, del PAC, ella mantiene su posición de excluir a las casas de enseñanza estatal desde el primer día previsto para ajustes en el proyecto, el cual se superó días atrás.
En aquella oportunidad, expresó que que el artículo 84 de la Constitución Política “otorga autonomía completa a estas casas de enseñanza”.
“Incluir a las universidades en un marco de empleo público centralizado podría suponer la vulneración, politización y toma de estos centros, según los gobiernos de turno. De esta manera, excluir a las universidades públicas de la Ley de empleo público es necesario”, asevera la congresista.
El liberacionista David Gourzong cree que, si esas instituciones se comprometen a brindar un mejor servicio a los usuarios, bien pueden excluirse, aunque él dice tener el criterio de que en esta coyuntura de crisis fiscal esas instituciones deben hacer su aporte.