Michelle Campos. 8 abril
La ampliación de la vía entre Barranca y Limonal, en la Interamericana norte, forma parte del crédito que más multas ha acarreado para el Gobierno por atrasos. Foto: Rafael Pacheco
La ampliación de la vía entre Barranca y Limonal, en la Interamericana norte, forma parte del crédito que más multas ha acarreado para el Gobierno por atrasos. Foto: Rafael Pacheco

Ocho instituciones, entre ellas, el MOPT, Conavi, AyA y el ICE, son responsables de que el país tuviera que pagar multas por $54 millones (¢33.000 millones), en los últimos 10 años, por atrasos en la ejecución de préstamos internacionales para obras públicas.

Estas sanciones las imponen los organismos que prestan los fondos cuando las entidades no los invierten de acuerdo al cronograma prometido. En otras palabras, el castigo es por mantener los recursos en desuso, y entre más tiempo pase, más aumenta.

Solo por atrasos en proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), las multas suman $19 millones entre el 2010 y 2020.

Otro caso es el de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que tiene un crédito en ejecución desde hace 13 años y por la lentitud, la multa va por $5 millones.

Los $54 millones desperdiciados por mala planificación de las instituciones habrían alcanzado para construir casi tres pasos a desnivel similares al que el Conavi acaba de inaugurar en la intersección de Guadalupe (rotonda del Bicentenario), el cual costó $19,5 millones.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), emitido el 5 de abril, reveló la exorbitante suma que pierde el país en multas por atrasos en la ejecución de obras y advirtió otro hecho grave: se dio una tendencia creciente a pagar sanciones por no ejecutar los créditos externos.

“Se observa una tendencia creciente desde 2010 hasta 2018, año que registró el mayor pago de comisiones de compromiso por $10 millones”, detalla el documento.

La CGR analizó el estado de 26 préstamos internacionales otorgados por siete organismos internacionales a diez instituciones públicas.

Entre el 2016 y 2017, por ejemplo, el Estado debió pagar $8 millones por año en estas comisiones, mientras que los desembolsos alcanzaron los $6 millones tanto en el 2019 como en el 2020.

Hace 10 años, en el 2010, el pago fue mucho menor: $1 millón.

Planificación deficiente

De acuerdo con la Contraloría, el pago de sanciones obedece principalmente a la falta de planificación en las instituciones y ha ocasionado que algunos créditos lleven hasta 13 años en proceso de ejecución.

Tal es el caso del crédito otorgado al AyA por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $104 millones, para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de San José y para el alcantarillado sanitario de Puerto Viejo, en Limón.

El informe de la Contraloría también muestra que, de las sanciones pagadas, el 50% se concentra en cuatro créditos.

El préstamo que más multas ha acarreado es el Programa de Infraestructura de Transporte, concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al MOPT.

Este financiamiento de $400 millones fue adquirido en el 2014 para ampliar el tramo Limonal-Barranca en la Interamericana norte, mejoras en el puerto de Caldera y la terminal de transbordadores del golfo de Nicoya, entre otras.

Sin embargo, en solo seis años, el proyecto acumuló multas por $10 millones y aún quedan $230 millones pendientes de ejecutar.

“Tiene seis años de ejecución que se prorrogaron a ocho. Algunas condiciones que afectan su ejecución, según la información de la Dirección de Crédito Público (DCP), son procesos de expropiaciones en todos los proyectos, que obligan a realizar rediseños, que generan atrasos en actividades previas a su ejecución, uso de materiales que no cumplen los estándares requeridos, por citar un par de ejemplos”, precisa el estudio de la CGR.

El segundo empréstito que más multas ha generado es el que el BCIE le concedió al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial, por $340 millones.

Este plan, que suma $9 millones en comisiones de compromiso desde el 2012, es para construir obras como la Circunvalación norte, la ampliación a cuatro carriles de dos puentes sobre el río Virilla, ubicados en las ruta 32 (Tibás) y 147 (Lindora), así como tres pasos a desnivel en la capital.

Fondos de este crédito también se destinaron a la rehabilitación del puente Alfredo González Flores (conocido como el puente de la “platina”), sobre el río Virilla, en la autopista General Cañas.

A este préstamo le restan $43 millones.

El tercer préstamo con mayor cantidad de sanciones es el que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) le otorgó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el 2017, para construir una planta de energía geotérmica en Guanacaste.

En solo tres años, el plan de $252 millones acumula $4 millones en comisiones.

El cuarto crédito con más sanciones, también con $4 millones, es el que el BID le concedió al ICE, por un monto similar, para diversas obras eléctricas en el 2012.

Según la Contraloría, existen debilidades en las fases de preinversión de los proyectos, como la falta de cultura de planificación para la cesión o compra de terrenos y para la obtención de permisos.

Además, los proyectos sufren incumplimientos de los contratistas, debilidades en el control y seguimiento de los programas.

Ministro de Hacienda: ‘Es lamentable’

Elian Villegas, ministro de Hacienda, reconoció que el país presenta un problema en la ejecución de los créditos externos.

“Es lamentable, eso revela problemas en la ejecución de los créditos. Precisamente, hemos estado trabajando en esa vía, procurando que las distintas instituciones faciliten más esa ejecución, no solo para evitar las sanciones, sino que son créditos que es importante ejecutar lo más rápido posible para que tengan impacto”, expresó Villegas.

Según el jerarca, las instituciones encargadas de la ejecución de los fondos son las responsables de cancelar las sanciones a los organismos internacionales.

“Deben ser cubiertas por cada una de las instituciones, es una responsabilidad de ellas”, dijo. No obstante, el jerarca explicó que, aunque el dinero de las sanciones lo pague cada entidad, al fin y al cabo son recursos públicos que impactan a los contribuyentes.

Estado ‘crítico’

El documento de la Contraloría cita que la Dirección de Crédito Público calificó como “crítico” el estado del crédito del BCIE al AyA para obras en San José y en Puerto de Viejo, debido a la cantidad de años que lleva en ejecución.

En los años 2019 y 2020, no se realizó ningún desembolso de este crédito y el avance físico pasó de un 61% en el 2015 a un 84% en el 2020.

“En noviembre de 2020, se solicitó una prórroga al periodo de desembolsos y, en febrero del 2021, informó a esa Dirección (Crédito Público) la imposibilidad de ejecutar tres proyectos, lo que implica una reducción en el alcance del proyecto”, explicó Contraloría.

Pese a que, en general, se registró una reducción en el pago de sanciones en el 2020, la Contraloría alertó que aún se reportan “rezagos importantes en la ejecución de los programas”, principalmente los dirigidos a proyectos de inversión.

“Las comisiones de compromiso pagadas en 2020 cayeron en un 7,8% con respecto a 2019, esto explicado por aquellos que presentaron un mejor desempeño, así como por otros que terminaron su periodo contractual de desembolsos. En total, se pagaron $6 millones”, precisa el informe.

Asimismo, la CGR aseguró que los programas que no gestionaron ante los acreedores desembolsos en 2019 y 2020 sufrirán una serie de consecuencias.

“Inevitablemente impactará restricciones como costo y tiempo en los mismos y que, a su vez, requerirá de acciones contundentes para no afectar el alcance previsto, y así satisfacer plenamente las necesidades sociales a las que están dirigidos”, agregó el órgano contralor.

Al 31 de diciembre de 2020 los créditos externos para inversión pública en ejecución alcanzaron un endeudamiento de $4.263 millones, unos ¢2,6 billones, que equivalen a alrededor del 7,3% del PIB.

Dicho monto es menor en un 8,8% al saldo de 2019, debido a que seis proyectos finalizaron el período de desembolso y se incorporaron tres proyectos nuevos a la cartera, por $372 millones (¢228.000 millones), que significan un 0,6% del PIB.

Para la Contraloría, la deuda autorizada aún sigue siendo un monto bastante importante para la inversión pública.

Adicionalmente a esta cartera de créditos, durante 2020 el país adquirió cuatro empréstitos externos por un monto de $1.402 millones para apoyo presupuestario, correspondientes a 2,4% del PIB, los cuales fueron desembolsados en su totalidad, ya que no eran para inversión pública.

“El crecimiento promedio anual de la cartera de créditos externos en el periodo 2010-2020 es de 15,6%, siendo 2020 un año que baja del promedio”, explica el documento.

Contrapartidas ascienden a $527 millones

Según el informe de Contraloría, en los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2020, el país todavía debe aportar contrapartidas de financiamiento por $527 millones.

Solo el sector transporte, compuesto por el MOPT y el Conavi, tiene pendiente de aportar $197 millones para las obras comprometidas.

“Es relevante para las autoridades hacendarias considerar que la contrapartida nacional requerirá en los siguientes años de recursos del presupuesto nacional e institucionales en un momento de estrechez fiscal y lenta recuperación económica”, alertó el ente contralor.