Mientras inmigrantes enfrentan múltiples carencias, como el caso de los privados de libertad que deben soportar condiciones insalubres, el Gobierno desaprovecha fondos por casi ¢14.000 millones que podrían emplearse en mejoras.
Un ejemplo de esa situación inhumana es palpable en el Centro de Aprehensión Temporal del Extranjero en Condición Ilegal (Cateci), de la Dirección de Migración y Extranjería.
Contradictoriamente, esa entidad tiene recursos, mas no puede ejecutarlos por trabas burocráticas. Los dineros provienen de tres fondos, dos de ellos creados por la Ley General de Migración y Extranjería de setiembre del 2009, y el otro, por la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito, del 2013.
El Fondo Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio (creados por la ley del 2009) suman hoy, entre ambos, ¢10.900 millones. En cuanto al Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), tiene en la actualidad ¢2.944 millones disponibles.
El fondo especial se nutre de impuestos, tributos, multas, tasas, intereses y especies fiscales por trámites migratorios.
Mientras tanto, el fondo social recibe ingresos por pagos de los extranjeros a su arribo al país y los trámites que deben hacer.
De haberse utilizado ya, este fondo se habría repartido en un 40% para la Dirección, un 20% a educación, un 25% a salud, un 5% a seguridad pública, un 5% a la atención de reos extranjeros y un 5% a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco), para la integración de los inmigrantes a las comunidades.
El objetivo del Fondo contra la Trata es combatir esa forma de delincuencia organizada, pero se reparte en una serie de entidades relacionadas con esa lucha.
Cuentas. La falta de ejecución de esos fondos preocupa al diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Gerardo Vargas.
El legislador ha hecho varias gestiones para exigir la ejecución de ese dinero ante la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz; ante la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, y ahora también, ante el presidente Luis Guillermo Solís.
El diputado Vargas lamentó el atraso en el uso de ese dinero para mejorar la gestión de Migración, desde el área administrativa hasta lo relacionado con la aprehensión de los inmigrantes ilegales.
De acuerdo con el criterio del legislador, los fondos también se pueden emplear para mejorar la infraestructura del puesto migratorio en Tablillas, en Los Chiles, así como los albergues para mujeres y niños ilegales.
Luz verde. Consultada sobre la situación, la directora de Migración, Kathya Rodríguez, confirmó que el problema principal está en las trabas burocráticas para la ejecución de esos dineros.
“Al ser recursos públicos, nos vemos en un calvario para ejecutar los recursos”, dijo.
Sin embargo, la directora de Migración anunció que el 9 de abril, la Contraloría General de la República les dio luz verde a 19 proyectos, que permitirán ejecutar ¢3.550 millones de los ¢13.800 millones disponibles.
“Ya tenemos el banderazo de salida para empezar a coordinar con el banco”, afirmó.
Entre los proyectos aprobados están: construcción de un nuevo edificio en Limón, compra de radios de comunicación para la Policía de Migración, así como financiamiento para el programa de repatriación de presos ticos en el exterior y para la atención de las víctimas de la trata.
Rodríguez reconoció que todavía no está listo el proyecto para la construcción de un nuevo centro de aprehensión de los extranjeros ilegales.