Aunque empezaron soplando aires de confrontación partidista, 1995 fue, para el gobierno y la oposición, un año de conciliación --o al menos intentó serlo--.
Mas no por ello puede decirse que reinó la estabilidad: la huelga del Magisterio Nacional, una de las más largas y tensas de los últimos años, mantuvo en vilo al país durante más de un mes. Varios ministros y asesores gubernamentales dejaron sus cargos y, por primera vez en nuestra historia parlamentaria, un ministro de gobierno fue censurado por el Congreso. El servicio exterior de Costa Rica se vio sumido en un profundo desprestigio y el gabinete del presidente Figueres sufrió una decena de cambios.
La alianza del año
El pasado 28 de abril, el presidente José María Figueres y su antecesor, Rafael Angel Calderón, suscribieron un sorpresivo "pacto de concertación". El documento destacó que la única forma de solucionar definitivamente los muchos problemas acumulados en el país en las últimas décadas era por medio de un "acuerdo firme y leal entre el Gobierno, el partido Liberación Nacional y el partido Unidad Social Crtistiana".
Aunado a este compromiso, ambos líderes instaron a la ciudadanía a deponer intereses partidarios para dar lugar a la concordia y la unión nacional.
En el marco de esta alianza, se abrió espacio para discutir lo relacionado con la reforma financiera y del Estado, y las áreas de salud, educación, seguridad, competitividad y lucha contra la pobreza. De hecho, gracias a este acuerdo hubo avances en materia de reforma estatal y el Congreso aprobó un paquete tributario que producirá ¢40.000 millones provenientes de los contribuyentes.
La reacción inicial de dirigentes de los partidos políticos, la Iglesia y el sector sindical varió desde el júbilo hasta el escepticismo.
Una muestra de solidaridad gremial dieron representantes sindicales de diversas instituciones públicas al unirse a la huelga del Magisterio Nacional.
Una huelga de 32 días
El lunes 17 de junio se inició uno de los más tortuosos caminos que ha tenido que recorrer el presidente Figueres durante su gestión: la huelga de educadores que no sólo paralizó las escuelas y colegios públicos durante 32 días, sino también la labor de varias entidades gubernamentales que se unieron al movimiento.
La chispa que encendió el fuego fue la decisión de modificar la ley de pensiones del Magisterio Nacional, idea generada en el seno del "acuerdo patriótico" entre Figueres y Calderón. Al rotundo rechazo con que respondieron los educadores se sumaron al menos 32 gremios sindicales de otras instituciones --ICE, CONICIT, CNP, IDA, FANAL, DINADECO, INS, FETRAL, ministerios de Hacienda, Salud y Transportes, y algunos hospitales y universidades-- que intentaron con diversos paros formar un frente común contra algunos puntos del pacto que también afectaban sus intereses. Entre estos puntos destacaba la movilización de empleados públicos, el cierre de ciertas instituciones, el alto costo de la vida, los rumores de privatización y la disparidad entre los ofrecimientos de campaña y las actuaciones del Gobierno.
Finalmente, después de magnas marchas, graves disturbios y muchos "estira y encoge", el 10 de agosto se acogió una propuesta de concertación redactada por Jorge Mora Alfaro, rector de la Universidad Nacional, quien tras dos semanas de llevar y traer propuestas y contrapropuestas, logró que las partes aceptaran que una comisión de alto nivel analizara las posiciones, mientras los educadores se comprometían a reponer las clases perdidas en el mes de diciembre.
Pese a esto, a finales del mes pasado la comisión cedió en algunos de los puntos solicitados por los educadores, pero el medular --cambio a la Ley de Pensiones-- no se logró. En cuanto a la prometida reposición de lecciones, esta también se dio en forma parcial sobre todo porque las evaluaciones finales, en la mayoría de los centros, se llevaron a cabo a finales de noviembre.
Costa Rica, rechazada
El 19 de octubre, los países árabes echaron por tierra las intenciones de Costa Rica de integrarse al Movimiento de Países No Alineados (NOAL), pues vetaron nuestra solicitud durante una cumbre efectuada en Cartagena, Colombia. Tanto el presidente Figueres como el canciller Fernando Naranjo afirmaron que la negativa no constituía un revés para el país. "Simplemente se postergó la decisión en procura de una mejor oportunidad", afirmaron.
Las naciones árabes, encabezadas por Siria, habían condicionado el ingreso de nuestro país a que se cerrara la embajada tica en Jerusalén, algo que Figueres calificó desde el principio como "un poco difícil".
Sin embargo, la cita en Cartagena permitió a Costa Rica establecer nuevos nexos diplomáticos con tres repúblicas de la antigua federación yugoslava: Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia.
Creciente impopularidad
En noviembre, miembros del gabinete de José María Figueres reconocieron abiertamente el descalabro que, en materia de popularidad, enfrenta el gobierno. Una encuesta de la empresa Unimer efectuada entre el 7 y el 19 de setiembre reveló que naufraga el apoyo popular a la administración Figueres. La imagen del mandatario, en particular, sufre un serio revés. La entonces ministra de información, Florisabel Rodríguez, atribuyó la impopularidad a las duras medidas económicas tomadas durante el año. El jefe de la bancada socialcristiana, Bernal Aragón, dijo más bien que se debía a "la ausencia de liderazgo, dirección y planificación" en el gobierno.
Los hechos que llevaron a la huelga del Magisterio Nacional empezaron a labrar tal impopularidad. Otra muestra del descontento hacia el Gobierno fue la trifulca protagonizada por decenas de estudiantes de secundaria durante las celebraciones del pasado 15 de setiembre en el Parque Nacional. Los jóvenes la emprendieron verbalmente contra el mandatario e intentaron agredirlo. Figueres debió salir escoltado del sitio por oficiales de seguridad.
Remezón en el gabinete
Tras un prolongado enfrentamiento interno, Elías Soley, ministro de la presidencia; Carlos Manuel Castillo, presidente ejecutivo del Banco Central y Carlos Espinach, coordinador del área de desarrollo sostenible, se separaron del gabinete del presidente Figueres en marzo pasado. Estas tres vacantes ocasionaron una decena de movimientos de reajuste dentro del equipo: Rodrigo Oreamuno, primer vicepresidente, asumió como recargo la cartera de la Presidencia; Rebeca Grynspan, segunda vicepresidenta, se quedó además con la coordinación de los sectores social y económico, y Rodrigo Bolaños, exinterventor del Banco Anglo, fue nombrado presidente del Banco Central.
Los despidos y posteriores nombramientos pusieron en evidencia la pugna existente en el Gobierno entre un sector tradicional del Partido Liberación Nacional y un grupo allegado al mandatario llamado ATD (Apoyo para la Toma de Decisiones), el cual salió fortalecido al lograr que se fueran los "cuerpos extraños" a su círculo.
Más tarde, en abril, el ministro de Agricultura, Mario Carvajal, dejó esa cartera para convertirse en ministro de Reforma del Estado, puesto desde el cual anunció la fusión de los ministerios de Seguridad y Gobernación, y de Economía y Ciencia y Tecnología, e instó a cientos de funcionarios públicos a acogerse a la llamada movilidad laboral voluntaria.
El ministro de Justicia, Enrique Castillo, dimitió en junio anterior tras afirmar que quería dar al presidente Figueres todo el margen de acción posible en el proceso de reforma del Estado. Y el 9 de julio presentó su renuncia el entonces viceministro de Trabajo, Carlos Roverssi, luego de admitir que había roces con el ministro Farid Ayales.
El Instituto Costarricense de Electricidad sería la próxima institución en sufrir un cambio de timón. Teófilo de la Torre y Mario Hidalgo, presidente ejecutivo y gerente general, dejaron sus cargos el 18 de julio, al tiempo que Roberto Dobles, ministro de Ciencia y Tecnología, se convirtió en el nuevo jerarca del ICE.
La más reciente salida fue la de Florisabel Rodríguez, ministra de Información, quien presentó su renuncia en forma sorpresiva hace escasas dos semanas para iniciar labores con el Programa de Sostenibilidad Democrática de Centroamérica. Su puesto fue asignado a Alejandro Soto, exdiputado y presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La "visita sin invitación" del ministro Juan Diego Castro y un grupo de policías a la sede del Congreso creó una fuerte disputa entre el Poder Ejecutivo y los legisladores.
Conflictivo ministro
Una fuerte disputa entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa marcó los últimas páginas del año en el plano político y pasó a la historia nacional como la primera vez que el Congreso censura a un ministro.
El 7 de diciembre, un grupo de policías armados --unos a caballo y otros a pie-- escoltaron al ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, hasta la Asamblea Legislativa. Allí rodearon sus instalaciones y provocaron gran descontrol.
Castro, quien llegó a la sede del Congreso sin previa cita ni invitación alguna, había culpado el día anterior a los diputados por la delicuencia que azota al país. "Son en parte los responsables, porque han retrasado la aprobación de reformas legales que permitirían dar mayor seguridad a los ciudadanos", sentenció.
Aunque luego dijo que "los cuerpos policiales desfilaron para manifestar a los congresistas su respeto y ponerse a sus órdenes", la acción causó repudio e indignación entre los legisladores. Por eso, el presidente del Congreso, Antonio Alvarez Desanti, pidió su destitución inmediata en nombre de todos los diputados.
Tras restar importancia a la pugna con los legisladores, el mandatario Figueres apoyó la actuación de Castro y este último advirtió que no renunciaría porque "el presidente es mi jefe". La pregunta que aún flota en el ambiente es ¿por qué tanta lealtad de parte de Figueres hacia un ministro tan polémico?
Amenaza vigente
Una fuerte batalla diplomática libró Costa Rica para que no fructificara la iniciativa del senador estadounidense Robert Dole en el sentido de que nuestro país fuera excluido de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema General de Preferencias(SGP).
La iniciativa de Dole pretendía imponer sanciones comerciales a Costa Rica en represalia por la firma de un acuerdo marco para el comercio bananero con la Unión Europea.
Si bien los republicanos no concretaron su plan pues no han presentado ante el Congreso la propuesta, la amenza sigue en pie.
Partidos en acción
Entretanto, la dinámica de los partidos políticos mayoritarios tiende a aumentar conforme pasan los meses y se acerca el tiempo de la precampaña electoral. Este año oficializaron su precandidatura Carlos Manuel Castillo en Liberación Nacional y Guillermo Madriz en la Unidad Socialcristiana. Otros aspirantes del PLN, como el exprecandidato José Miguel Corrales, aún no han formalizado su pretensión pero ya se encuentran trabajando. Tres nombres más que suenan ya en la arena preelectoral del PLN son los de Walter Coto, Fernando Naranjo y Antonio Alvarez.
En el PUSC, Miguel Angel Rodríguez y el exministro Luis Fishman no han hecho oficial su postulación, pero están ya preparándose para la precampaña.
Por cierto, en esta agrupación se aprobó recientemente una nueva carta ideológica que, a juicio de algunos de sus líderes, constituye la base del programa de Gobierno que presentarán para los comicios presidenciales de 1998. Mas no todos los socialcristianos comparten esta afirmación: a finales de noviembre, el documento encendió la mecha de la polémica cuando Luis Fishman denunció que la carta no representa el criterio de la mayoría, como se anunció. A su opositor Miguel Angel Rodríguez, lo acusó de creerse "el dueño del partido y también del país".
El PLN, por su parte, se embarcó en setiembre en la aventura de elaborar una nueva carta ideológica, en un intento por encontrar equilibrio entre sus principios históricos y las exigencias del presente.
Principales proyectos
En el ámbito legislativo, 1995 pasará a la historia como el año en que el Congreso aprobó las reformas financieras, un nuevo paquete tributario, la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (conocida como ley de inquilinato), la ley de expropiaciones, la ley de tenencia de armas, las reformas aduaneras, la ley de justicia tributaria, la ley de adopciones, y la ley general del ambiente.
Pero los diputados no solo fueron noticia por los proyectos que aprobaron sino también por el frustrado intento de legislar en beneficio propio para dotarse de por vida de un pasaporte diplomático. Igualmente controversial fue la decisión de dar a cada congresista un teléfono celular y la respectiva línea, y de incluir, en sus gastos de representación, un rubro para el pago de este servicio.
Tras meses de infructuosa espera y, en muchos casos, grandes penurias económicas, los empleados públicos que se acogieron a la movilidad laboral recibieron sus prestaciones.
Frustrada ilusión
Entusiasmados por la promesa del Gobierno de que, tres semanas después de presentada su renuncia, recibirían sus prestaciones y cuatro salarios como incentivo, 1.500 empleados públicos se acogieron al plan de movilidad laboral voluntaria que se anunció con bombos y platillos en el marco del proyecto de Reforma del Estado.
Sin embargo, su sueño se tornó en una larga pesadilla: la mayoría de quienes renunciaron lo hicieron en junio, y no fue sino hasta el 10 de no