Gerardo Ruiz R.. 13 julio
Las fracciones del PAC y del PUSC exigieron castigos más severos para los magistrados Jesús Ramírez, Carlos Chinchilla, Doris Arias y María Gómez (en el orden usual), por haber desestimado una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara, Wálter Céspedes y Víctor Morales Zapata, por el caso del cemento chino. Foto: Albert Marín.
Las fracciones del PAC y del PUSC exigieron castigos más severos para los magistrados Jesús Ramírez, Carlos Chinchilla, Doris Arias y María Gómez (en el orden usual), por haber desestimado una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara, Wálter Céspedes y Víctor Morales Zapata, por el caso del cemento chino. Foto: Albert Marín.

Los diputados de Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) arremetieron contra la Corte Plena por las sanciones que impuso a los magistrados de la Sala III por el caso del cemento chino.

El PAC comunicó que evalúan no dar sus votos para la reelección de los cuatro jueces del máximo tribunal penal del país: Carlos Chinchilla—además presidente del Poder Judicial—Jesús Ramírez, Doris Arias y María Elena Gómez.

El PUSC, en tanto, afirmó que no merecen ser reelectos los magistrados que votaron por amonestar a los miembros de la Sala III, aunque un informe concluyó que cometieron falta grave.

Así lo comunicaron después de que, el miércoles, la Corte Plena decidiera sancionar a los altos jueces con una amonestación escrita por desestimar una causa por presunto tráfico de influencias, en favor del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Wálter Céspedes (los dos primeros del periodo 2014–2018 y el último del periodo 2010–2014).

Los magistrados de la Sala III desestimaron la causa pese a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había hallado contactos telefónicos entre los investigados, informe que la Fiscalía pasó por alto.

Para los jefes de fracción del PAC y del PUSC, los cuatro magistrados penalistas debían escarmentar con castigos más rigurosos por su actuación.

“La gravedad de los hechos que se investigaban ameritaba la mayor sanción posible y decisión de la Corte Plena. Todo termina con una amonestación escrita que se incorpora al expediente sin mayor repercusión, razón por lo cual nuestra fracción iniciará un fuerte control político para debatir, de manera abierta y transparente, los límites de discrecionalidad que ante ciertos temas se tienen en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el Víctor Morales Mora, líder de la bancada del partido de gobierno.

"Ante la ciudadanía se debe tener un debate franco y que ayude a consolidar la democracia costarricense”, agregó.

La fracción de gobierno, en tanto, afirmó: "Existe el compromiso del PAC de valorar la no reelección de estas personas. Los hechos señalados al Poder Judicial son de una enorme gravedad y nos obligan, como sostuvimos en campaña electoral, a una revisión profunda del Poder Judicial”.

Por su parte, el jefe de la fracción del PUSC, Erwen Masís, pidió directamente la renuncia de los cuatro magistrados que recibieron la amonestación por escrito.

"No estamos dispuestos a tolerar este tipo de manejo tan ligero por parte de la Corte Plena, al decidir como ‘falta grave’ en una amonestación escrita. Estos Magistrados deben irse para su casa, los costarricenses estamos indignados y lamentamos esta sentencia, esto no puede quedar impune”, dijo.

La bancada socialcristiana agregó: “Hubo magistrados que sí votaron por la suspensión y eso es reconocible. Los que apoyaron la otra sanción menos gravosa (la amonestación por escrito) no merecen la reeleción en sus cargos”. Todavía, no se sabe quiénes votaron en esa dirección.

Por mandato constitucional, los diputados escogen y reeligen a los magitrados de las distintas salas de la Corte.

A diferencia de la decisión disciplinaria en el caso de los cuatro magistrados, la Corte Plena suspendió por dos meses sin goce de salario a la exfiscala subrogante, Berenice Smith, quien fue la que recomendó archivar la denuncia contra Guevara, Morales y Céspedes.

Ella argumentó, en enero del 2017 que no existían pruebas para sostener la causa por presunto tráfico de influencias que involucraba además a Juan Carlos Bolaños.

No obstante, el 2 de octubre del 2017, el director del OIJ, Wálter Espinoza, alertó al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, sobre una incongruencia entre la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público y un informe sobre contactos telefónicos entre Guevara, Morales y Céspedes y el empresario Juan Carlos Bolaños.

El 12 de octubre de ese año, Carlos Chinchilla pidió al Ministerio Público investigar la actuación de la exfiscala subrogante en el aspecto penal y paralelamente le abrieron un proceso disciplinario.

Tanto las bancadas del PAC como del PUSC anunciaron que impulsarán una revisión profunda del funcionamiento del Poder Judicial y sobre la discrecionalidad que tiene la Corte Plena ante hechos disciplinarios que vinculan a magistrados.

Los rojiazules agregarón que decisiones como la que tomó la Corte Plena sobre el futuro de los cuatro magistrados fomentan la descofianza del pueblo en sus instituciones.