La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó, este lunes, una coadyuvancia activa ante la Sala IV en favor de la acción de inconstitucionalidad contra la votación secreta para reelección de magistrados.
Así lo anunciaron los diputados este martes, a través de un comunicado de prensa, donde manifiestan que le dan su total respaldo a dicha gestión, con el objetivo de que sean públicas las votaciones de nombramientos, ratificaciones y renuncias.
Entre los argumentos de los oficialistas está la defensa del derecho a la publicidad de los actos parlamentarios, la transparencia y el acceso a la información.
La coadyuvancia que presentó la fracción del PAC lleva las firmas de nueve de sus 10 miembros; Laura Guido no firmó, pues este lunes se encontraba en Turrialba.
La discusión sobre la publicidad de las votaciones legislativas en nombramientos explotó durante la reciente polémica sobre la reelección de Paul Rueda como magistrado de la Sala Constitucional.
Durante el debate público sobre esa reelección, varios diputados defendieron no solo que se debía hacer secreto, incluso votaron en contra de que el Congreso tomara la decisión soberana de hacerlo público, sino que también buscaban mantener fuera de discusión las potestades de los legisladores para remover a un magistrado, sin rendir cuentas sobre sus verdaderos motivos.
Con el debate en el centro de la polémica, los diputados Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), y María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), presentaron una reforma al Reglamento legislativo para que expresamente se permitiera el voto público en reelecciones.
Sin embargo, partidos como Restauración Nacional y el bloque independiente fabricista se opusieron a que dicha reforma reglamentaria alcanzara los 38 votos necesarios para que entrará en vigencia.
Según la expresidenta parlamentaria, Carolina Hidalgo, el voto secreto es anacrónico e incompatible con los principios de una democracia.
“La ciudadanía y los medios de comunicación deben conocer cómo vota cada uno de los representantes populares en temas tan trascendentes como la elección de magistrados, la designación de la persona defensora de los habitantes o cualquier otro nombramiento realizado por el plenario legislativo”, dijo la congresista.
De hecho, la fracción del PAC anunció que comparte el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), órgano defensor del Estado, que la semana pasada se pronunció a favor de las votaciones públicas y presentó un informe en ese sentido ante solicitud de la Sala Constitucional.
La idea de la acción de inconstitucionalidad es que se anulen los artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y el acuerdo 6209-04-05 del plenario del Congreso, en los cuales se han basado las votaciones secretas de los últimos años.
Enrique Sánchez, diputado oficialista de la Comisión de Nombramientos del Congreso, explicó que la evolución de la jurisprudencia y de las libertades fundamentales ha restringido paulatinamente el secretismo parlamentario.
“Por eso el abogado del Estado se ha opuesto a la opacidad en el trabajo de los diputados, en beneficio del control ciudadano sobre sus representantes”, dijo.