PAC lanza acusación al gobierno de Carlos Alvarado por acuerdo sobre banca pública

Comisión política afirma que el consenso logrado entre el Ejecutivo y la oposición, para crear un fondo de garantía para los ahorrantes, es un intento por desestabilizar a los bancos del Estado

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El Partido Acción Ciudadana (PAC) lanzó una acusación al gobierno de Carlos Alvarado por el acuerdo que alcanzó con la oposición para incluir a la banca pública en el proyecto de ley que creará un fondo de garantía para cubrir a los ahorrantes, en caso de emergencia.

La comisión política de la agrupación del gobierno se pronunció en contra del texto de consenso, pues quería que se excluyera a los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) de la obligación de aportar recursos al fondo de respaldo.

Este proyecto es requisito para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En un principio, el Poder Ejecutivo quería excluir a la banca pública del fondo, bajo el argumento que el BN y el BCR tienen garantía del Estado.

Sin embargo, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR), afirmó que la OCDE fue clara en que tanto los bancos públicos como los privados debían ser incluidos, además de que la garantía del Estado no tiene un contenido económico pues, ante una emergencia, lo que realmente ocurriría es que los contribuyentes pagarían las consecuencias.

“El Partido Acción Ciudadana rechaza el proyecto que busca incluir a la banca pública dentro del seguro de depósitos (proyecto 21.717). No se trata de una disposición técnica, sino de una decisión política. Nuestras banca pública no es un emprendimiento particular ni persigue los mismos objetivos finales de la banca privada.

“No existe justificación técnica para nivelar la cancha. Lo que hay es un inmenso interés por debilitar esta institucionalidad y por abrir los caminos hacia oportunidades de negocio privadas en el futuro", señaló esta tarde esa comisión en un comunicado.

El proyecto no eliminaría la garantía estatal en favor de la banca pública. Más bien, esta tendría una doble garantia.

El nuevo texto fue presentado en la corriente legislativa el pasado miércoles con el respaldo de 38 diputados de diferentes fracciones, entre ellas la del PAC.

El fondo protegería a los ahorrantes por un monto hasta de ¢6 millones ante un problema financiero.

El texto fue trabajado en consenso entre el gobierno y diputados tras más de una semana de diálogo, luego de la divergencia con la posición del gobierno, de la cual se apartó la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.

Jiménez había atribuido esa postura inicial a una decisión del presidente de la República, Carlos Alvarado; al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; y al PAC que ven a la banca pública como un motor de desarrollo del país.

Así lo dijo la jerarca en una entrevista con Noticias Repretel, el pasado 16 de octubre.

Por su parte, la fracción del PLN aseguró que la intención del Gobierno arriesgaba la última etapa del proceso de ingreso del país a la OCDE.

No obstante, luego de cuestionamientos, entre ellos la de Rodrigo Cubero, el gobierno abrió un espacio de diálogo con los diputados de la comisión especial que discute el proyecto, para presentar un texto consensuado.

El Fondo de Garantía de Depósito (FGD), como se le llamará a ese mecanismo, se financiaría en principio con el aporte máximo anual de cada banco equivalente al 0,15% de los depósitos ahorrantes que tenga.

Por sí solo, el FGD no nivela las asimetrías existentes entre bancos públicos y privados al momento de competir, pero excluir a los primeros del mecanismo de protección aumentaría las desigualdades en la competencia que repercuten en el encarecimiento del crédito, advirtió Cubero el pasado 4 de noviembre.

Por solicitud del gobierno, el texto consensuado también amplía las posibilidades a los bancos del Estado de adquirir financiamiento a través de deuda, al plantear una reforma al artículo 4 de la Ley orgánica del sistema bancario nacional.

Ese artículo limita esa opción de la banca estatal a entidades multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o con organismos bilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El órgano político del PAC niega que excluir a la banca pública del proyecto implicara un riesgo de ingreso a la OCDE: “El país ha realizado ajustes de enorme importancia para lograr ese objetivo. Este acercamiento se ha logrado sin que se ponga en juego nuestra institucionalidad y sin que se arriesgue ninguno de los fundamentos de nuestro modelo de desarrollo. Ese ha sido mérito de los dos gobiernos del PAC y esa debe seguir siendo la trayectoria”.

Ese foro partidario está integrado por Jorge Daniel Vega Gamboa, Rocío Abarca Sánchez, Mariano Salas Naranjo, Mario Alfaro Rodríguez, Lilliam Arguedas Quesada, Grace García Muñoz y Federico Picado Gómez.

Su misión se basa en definir los planes y estrategias del partido, con la finalidad de ajustar las acciones en los objetivos planteados en el estatuto interno.

Las razones del PAC para oponerse al proyecto lo resume en que la banca pública es pilar fundamental del modelo de desarrollo del país.

“Quienes hoy abogan por nivelar la cancha respecto a la banca privada, pasan por alto este papel histórico insustituible de la banca pública”, puntualizó.