Sofía Chinchilla C..   24 septiembre
A los gobernantes de un país que enfrente una situación fiscal tan apremiante como la que atraviesa Costa Rica actualmente, Solís les recomienda aprobar la reforma tributaria cuanto antes. Foto: Albert Marín.

El exdiputado Ottón Solís esbozó dos caminos para reducir el déficit económico del Gobierno si no se aprueba la reforma fiscal.

El primero es eliminar la obra pública, congelar salarios y despedir un “buen número” de funcionarios y, el segundo, dejar que la población se consuma por la inflación y el desempleo.

Se trata de dos alternativas que, según escribió en su página de Facebook, inevitablemente implicarían sufrimiento para toda la población.

El actual representante del país ante el BCIE publicó un texto en el que se refiere a una nación hipotética, con un escenario idéntico al que afronta Costa Rica actualmente.

Primero, enumera 13 condiciones “hipotéticas” de un país como Costa Rica, sumido en un profundo déficit fiscal (más del 50% del Presupuesto Nacional del 2019 se financiará con deuda, por ejemplo), en el que se tramita un proyecto de ley para evitar una crisis, pero que encara la oposición de los sindicatos públicos.

Según dice, se trata de un país en el que el déficit fiscal no obedece a un incremento en obra pública, sino a un aumento del gasto corriente, como lo son los salarios del sector público.

Añade que se reformaron pensiones de lujo y se aprobaron leyes contra el fraude fiscal de grandes empresas, pero, aun así, existe oposición a una reforma con el inconveniente de que, mientras más tiempo pase, más dolorosas serán las medidas.

Y añade las siguientes condiciones:

-Si finalmente el presidente y una mayoría de diputados hubiesen acordado un proyecto de ley fiscal en el que el 80% de los nuevos ingresos fuesen a ser pagados por el 20% más rico de la población, y en el cual se limitaran algunos privilegios excesivos de los empleados públicos, pero se garantizara que el poder adquisitivo de su remuneración (salario real) seguiría creciendo año con año.

-Si el presidente y los diputados de ese supuesto país hubiesen sido electos democráticamente.

-Si una cantidad mínima de empleados públicos se levantaran en huelga y para hacerla visible obstaculizaran el flujo vehicular en algunos puntos estratégicos, como herramienta para obligar a que se retirara el proyecto de la Asamblea Legislativa.

-Si un 97,5 de los trabajadores del país (empleados, peones, empresarios, dueños de PYMES, etc) se mantuvieran en sus puestos, desempeñando sus responsabilidades.

Acto seguido, Solís escribe que, cumplidas esas condiciones, su recomendación sería apurar la aprobación del proyecto de ley, con tal de evitar las dos salidas más dolorosas.

“¿Qué consejo debería darse a las instancias democráticamente electas de ese supuesto país -el presidente y los diputados- ante las intenciones de manifestantes que suman una pequeñísima minoría? Ante ese cúmulo de circunstancias, el consejo a las autoridades de ese supuesto país sería que el proyecto de ley no se retirara, sino más bien que se votara cuanto antes”, urgió el exdiputado.

Y si eso no ocurre, añade, existen estas otras dos posibilidades para reducir el déficit:

-“Eliminar la construcción de obras por parte del gobierno, congelar los salarios nominales de sus empleados, despedir un buen número o una combinación de las tres. Si se escogiese este camino, en el corto plazo los primeros que sufrirían serían los empleados públicos; en el mediano plazo toda la población”.

-“No hacer nada. En este caso las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y el desempleo en ese supuesto país se elevarían sustancialmente. Si se escogiese este camino, en el corto y en el mediano plazo, sufriría toda la población de ese país”, escribió el exlegislador.

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Solís hace escasas declaraciones públicas desde el 10 de mayo, cuando anunció su retiro de la esfera política, luego de acuerpar durante la campaña electoral al ahora presidente Carlos Alvarado.

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El exlegislador asumió el 1.° de junio la representación de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cargo que le exige “silencio total” sobre la política nacional, según declaró en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio.

Durante su periodo como diputado, Solís participó en la primera parte del trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En los primeros meses de este año, el entonces diputado del PAC promovió enmiendas que le habrían dado mayor músculo de recaudación al proyecto de ley, a través de propuestas específicas que tocaban empresas, cooperativas, zonas francas, empleados públicos y las pensiones de los expresidentes de la República.

Por ejemplo, propuso incrementar la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de un 13% a un 16%; o subir el tributo a 16% en los primeros 12 meses de vigencia del plan y luego bajarlo un punto cada 12 meses hasta regresarlo de nuevo al 13%. El documento que discuten los nuevos diputados lo mantiene en 13%.

Una propuesta de Solís que sí prosperó y está plasmada en la versión actual de la reforma tributaria fue la de crear dos tasas más de impuesto de renta para los salarios más altos, una del 20% y otra del 25%, adicionales a las de 10% y 15% que ya se aplican.

Solís, además, es defensor de cobrarle impuesto sobre la renta a las grandes cooperativas. También ha propuesto reducir el gasto público a través de la fusión y el cierre de instituciones, y de limitar el pago de anualidades en el sector público a un 1,94%, como las que devengan actualmente, por ejemplo, los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP).