Óscar Cascante alega que atendió a sospechosos de narco como empresarios con trabas en proyectos

El diputado del PUSC, Óscar Cascante, declaró no tener idea de que tres hombres que atendió 13 veces en su despacho y por quienes gestionó reuniones ante, al menos, seis instituciones públicas, eran sospechosos de formar parte de una banda dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.

El legislador alegó haber ayudado a los investigados como empresarios que necesitaban solucionar diversas trabas en entidades públicas, para desarrollar proyectos relacionados con construcción, y sostuvo que es normal que los congresistas atiendan solicitudes de intervención de particulares.

Así se refirió el legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC) a las visitas que le hicieron Robert Soto Rivera, Alejandro Cartín Ramírez y Luis Guillermo Cartín Herrera, quienes decían representar a las firmas Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S.A. y Urbanizadora Acre de Heredia.

Soto Rivera y Cartín Ramírez están detenidos por, presuntamente, participar en operaciones de tráfico de cocaína y legitimación de capitales, mientras que Cartín Herrera falleció el 6 de mayo.

Con el fin de desarrollar proyectos de vivienda de interés social y un hotel de cinco estrellas en Limón, el diputado Cascante hizo gestiones en su favor, entre el 2019 y el 2021, ante instituciones como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvi), el Banco Popular, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Municipalidad de Goicoechea, la Presidencia de la República y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El socialcristiano indicó que las reuniones que se coordinaron entre los sospechosos y altos funcionarios públicos eran organizadas por su despacho y no por él.

Además, manifestó que “desconocía por completo” a estas personas y que le fueron presentadas como empresarios.

“No tengo vínculo de ninguna especie con los señores y no tenía ni la más mínima idea de que en su contra existía una investigación de orden penal. Si así hubiera sido, desde luego, que habría actuado de una manera diferente”, aseveró el legislador a La Nación.

Consultado sobre la reunión que gestionó con el INVU, la Municipalidad de Goicoechea y los Cartín, el legislador aseguró:

“Yo no tengo claro cómo se gestionaron en particular, puesto que el manejo del despacho de diputado de la República es un asunto complejo en el que, generalmente, intervienen distintas personas y no necesariamente se lleva un control estricto y específico de todas y cada unas de las gestiones que se hacen; eso sería tremendamente complicado. Para eso existe personal de apoyo en el despacho.

“Me parece que se trata de personas que solicitaron la intervención mía como diputado en funciones de control político, alegando ser empresarios de la construcción, desarrolladores de proyectos de interés social, pero alegaban enfrentar problemas con instituciones, específicamente el Banhvi, el INVU o la municipalidad, problemas de orden político.

“Ese tipo de situaciones son normales en los despachos de los diputados. Es común que la gente se acerque a poner en conocimiento de los y las legisladoras, este tipo de situaciones, precisamente para requerir su intervención con el propósito de poder, dentro del marco de la legalidad administrativa, solventar toda clase de obstáculos que suelen enfrentar con la burocracia estatal.

“Esa es incluso la manera natural en la que los y las legisladoras llevamos, por así decirlo, la medición del termómetro político en nuestras comunidades. La misma gente es la que retroalimenta a los diputados y diputadas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado.

“Es dentro de este marco de actuación, que le puedo señalar que no es extraño que se haya recibido en mi despacho, de parte de estos y de cualquier otro ciudadano, una queja o solicitud de ayuda para solventar algún obstáculo que creían enfrentar con instituciones estatales y que consideraron oportuno poner en conocimiento de algún diputado o diputada.

“Sí le puedo y debo asegurar que, para la fecha en que se gestionaron esas citas y como diputado de la República, desconocía por completo que a estas personas se les investigaba por algún supuesto delito.

“Aquí debe tenerse presente que, para esas fechas, no se había dado a conocer la existencia de causa penal alguna en su contra y, por lo tanto, no podía yo saber que se trataba de personas cuestionadas.

“A mí se me indicó que eran empresarios que tenían problemas con tramitomanía en instituciones públicas, para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y es, bajo ese entendimiento, que quise, como parte de las funciones normales de cualquier diputado, entender cuál era la problemática que enfrentaban a nivel institucional y valorar, dentro del marco de la legalidad imperante en el país, la posibilidad de que familias costarricenses pudieran verse beneficiadas con estos programas de vivienda. Hasta allí se limitó mi intervención.

“Hago hincapié en que mi interés era ayudar a las posibles familias beneficiarias de los proyectos, no a los empresarios como aparentemente se pretende insinuar”.

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--El alcalde de Goicoechea, Rafael Ángel Vargas, asegura que usted no le indicó que en la reunión iban a estar personas de una empresa privada. ¿Eso es cierto? ¿Por qué usted no le indicó quiénes iban a estar en el encuentro virtual?

“Precisamente por la misma razón que le indico. Toda actividad logística, a nivel del despacho y comunicación, está a cargo del personal de apoyo de mi oficina. Yo como diputado debo participar en el plenario legislativo, en comisiones, en toda clase de actividades y reuniones de distinta naturaleza, tengo una agenda muy complicada. Mi intervención se limitó a tomar parte de la reunión en un momento específico, no a su preparación o coordinación.

“Una muestra evidente de que no tuve ni tengo interés personal alguno en los hechos, es que la reunión se coordinó de una vez entre todas las partes posiblemente involucradas e interesadas en el proyecto, por un medio de comunicación abierta como es la plataforma electrónica que menciona y con la intervención de todas las partes. No se trató de una reunión secreta o privada o que se presta para algún tipo de suspicacia.

“Pregunto: ¿hay alguna otra forma más transparente de actuación que esa, donde están todas las partes interesadas, incluso de distintas instituciones y departamentos, donde simplemente me limité a intervenir como un moderador y donde se aclararon los escollos que enfrentaban los proyectos, justamente, para que familias costarricenses pudieran beneficiarse de programas de vivienda de interés social?”.

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--¿Le parece correcto que sea parte de sus funciones como diputado el promover reuniones en favor de esta empresa con tres instituciones públicas: Banhvi, Banco Popular y ahora el INVU?

“Los y las diputadas de las República ejercemos como parte de nuestras funciones una de las más importantes para el correcto funcionamiento del Estado y es la función de control político. Esta es una función muy amplia.

“Recuerde que 57 ciudadanos y ciudadanas, representamos a todas y todos los costarricenses en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, si una persona, una comunidad, una institución, un educador, un empresario o cualquier organización, por citar algunos ejemplos, acude ante un diputado, a formular quejas o solicitar su intervención, por lo que pudiera considerar un abuso o arbitrariedad de parte el Estado o sus instituciones, y percibe que se trata de un asunto político, es justamente a los diputados y diputadas a quienes puede acudir.

“Ese es el camino natural que existe para que los costarricenses expresen ese sentir.

“Toda persona que ejerza como diputado tiene la obligación de prestar atención a ese tipo de quejas y solicitudes, ¿o es que acaso podríamos dar la espalda los representantes del pueblo al pueblo que nos eligió para representarlo?

“Aquí el tema importante es que ni yo, ni ningún costarricense que no estuviera involucrado en los hechos investigados, podía saber o conocer que alguna persona estaba presuntamente vinculada con asuntos de la naturaleza que indican ahora los medios de comunicación; eso es una cosa muy distinta.

“Si Óscar Cascante Cascante va a ser cuestionado por ayudar a los y las costarricenses, en buena hora; es un cuestionamiento que acepto como diputado. Pero que se me quiera vincular injustamente y sin razón alguna, con personas de cuestionada reputación e investigados, eso es otra cosa.

“Yo le aseguro con absoluta certeza que no tengo vínculo de ninguna especie con los señores que usted me indica, y no tenía ni la más mínima idea de que en su contra existía una investigación de orden penal; si así hubiera sido, desde luego, que habría actuado de una manera diferente”, dijo el diputado del PUSC.

Actualmente la Fiscalía General de la República investiga por presunto tráfico de influencias al diputado Cascante Cascante, en un causa que se abrió desde el 2019.

El legislador no ha renunciado a su inmunidad y tampoco la Fiscalía General lo ha solicitado, a través de la Corte Suprema de Justicia.

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