Luego de declarar durante cuatro horas ante la Fiscalía General por el caso de la mina Crucitas, el expresidente Óscar Arias declaró estar sorprendido por la reapertura del expediente, aunque a la vez dice que la decisión del Ministerio Público lo alegra.
Arias entró a rendir testimonio de las 2 p. m. a las 6 p. m. de este miércoles, después de que la fiscala general, Emilia Navas, lo citó.
El exmandatario rindió testimonio en torno a las circunstancias en que firmó, en el 2008, un decreto ejecutivo para declarar de interés público el proyecto minería a cielo abierto Crucitas, el cual estaba en manos de la compañía canadiense Industrias Infinito Gold.
En el 2015, el Tribunal Penal de Hacienda condenó a tres años de cárcel al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, por prevaricato (resolver contra la ley) por ese mismo decreto. Los jueces concluyeron que la declaratoria era ilegal y que, con esta, se incurrió en un supuesto favorecimiento a la empresa.
Aunque Arias también firmó, él no formó parte de ese proceso judicial. No obstante, el caso de Dobles fue devuelto a etapas iniciales.
"Sí me sorprende, pero la verdad es que, pensándolo bien, me alegra porque Óscar Arias no fue indagado y esa no fue una decisión que yo tomé. Pero la verdad me alegra porque sabemos que la verdad está a nuestro favor de que no hicimos nada incorrecto", aseguró el exgobernante.
"Hay mucho desconocimiento sobre este tema de firmar decretos, yo firmé 2.800, varios todos los días, y uno no puede estar viendo a ver que dicen los decretos, uno confía en los ministros, los ministros en sus técnicos, confían en sus departamentos legales y en la asesoría jurídica de cada ministerio y entidad descentralizada y tiene que ser así a base de confianza", se justificó Arias.
Arias aseguró que no cree haber cometido un error al firmar el decreto de declaratoria de interés público de la minería a cielo abierto. Alegó que, en esa época, estaba bajo mucha presión de parte de habitantes de Cutris de San Carlos que creían que la explotación minera iba a traer prosperidad al pueblo.
Según el expresidente, la actividad iba a generar 300 empleos directos y 1.200 indirectos, además del pago de impuestos al Estado y la generación de divisas para el país. Por esto, el político sostiene que, a pesar de las circunstancias actuales, no fue un error firmar el decreto.
“No es incompatible extraer minerales con ser un país limpio, con la protección del medioambiente. Casualmente, Noruega, que es un país petrolero, es uno de los países más limpios sobre la tierra y que más respeta el mediombiente (…). Para usar una frase muy trillada, ‘el que nada debe, nada teme’. Yo estoy muy contento ante la duda de medios de comunciación y de buena parte de los electores de que yo soy capaz de cometer dolo a sabiendas de que estoy violando una ley hacerlo, que los fiscales analicen eso y que investiguen todo lo que tengan que investigar”, culminó.
Agregó que la concesión de Crucitas venía caminando desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) hasta que, finalmente, le tocó a él concretar la concesión a la empresa canadiense.
Por su parte, los abogados de Arias, Francisco Castillo y Rodolfo Brenes, aseguraron a la prensa que no hay ninguna justificación jurídica para reabrir el caso Crucitas ni para acusar a Arias pues ya la Procuraduría General de la República dijo que el exmandatario nunca figuró como investigado en el asunto.
La fiscal general interina, Emilia Navas Aparicio, no brindó declaraciones después de la indagatoria de Arias.
A finales de octubre, ella ordenó reabrir la investigación contra el expresidente tras un análisis jurídico según el cual “era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación”.
“Siendo uno de los actos primordiales y necesarios en la investigación obtener la declaración del señor Arias Sánchez, el mismo lunes 30 de octubre el expresidente fue notificado personalmente para que se presente (en próximos días) con su abogado defensor a rendir la declaración indagatoria ante la Fiscalía”, dijo Emilia Navas días atrás.
El Tribunal Penal del Segundo Circuito de San José había devuelto a su fase intermedia el juicio contra Dobles, por la mina Crucitas, para determinar si el expresidente Arias Sánchez debía o no enfrentar una querella por prevaricato, por haber declarado de interés público el proyecto de explotación minera.
El exministro Dobles apeló la sentencia que se le impuso ante el Tribunal de Apelaciones y esta instancia ordenó hacer un nuevo juicio. No obstante, al analizar de nuevo el caso, los jueces del Tribunal Penal de Hacienda consideraron que el caso debía devolverse al Juzgado Penal a una etapa aún más temprana.
Según la resolución de mayoría, tomada por los jueces Rodrigo Obando y Hugo Vargas, la relación de hechos de la querella que presentó la Procuraduría General de la República le atribuyeron a Óscar Arias, quien no formó parte del primer juicio, acciones que podrían acarrearle responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa.
Por esto, para garantizar que el Tribunal no dicte sentencia en ausencia de Arias y para respetar en pleno su derecho de defensa, los jueces retrotrajeron el trámite del asunto hasta su fase intermedia, durante la cual se estudia si el caso se eleva o no a juicio.
”(...) Con pleno respeto de las garantías de todas las partes, se aclare la situación jurídica del ciudadano Óscar Arias Sánchez quien, aunque no se menciona como acusado formalmente, sí aparecía en tres de los hechos querellados por la Procuraduría General de la República (hechos numerados 40, 42 y 46 de la querella), como posible autor —en conjunto con el encartado Roberto Dobles Mora (exministro de Ambiente)— de dos delitos de prevaricato”, dice el acuerdo oral y público que tomaron los jueces.
En contra de la resolución, voto el juez José María Arguedas.
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