Carazo, Nicaragua. Tamara Dávila Hernández, de 35 años de edad, pasó tres días en la cárcel por protestar en contra del gobierno de Daniel Ortega lanzando pajillas azules y blancas por las calles de El Rosario, Carazo, en el sur de Nicaragua.

Dávila es madre soltera, vive en un humilde rancho y se gana la vida vendiendo atol de trigo por las barriadas de su municipio.

A esa comunidad llegó, la noche del pasado martes 9 de abril, una patrulla con seis policías armados con pistolas de reglamento y fusiles Ak-47 para arrestar a la mujer. Su delito: utilizar los colores de la bandera de Nicaragua para expresar descontento.

"Vinieron armados hasta los dientes, como si fueran a detener a alguna narcotraficante”, relató la mujer a La Nación. Dos de sus tres hijos presenciaron cuando la madre fue conducida hasta la delegación local para ser sometida a un interrogatorio.

“En la policía me tomaron fotos, me revisaron. Una policía mujer me llevó a una celda y ahí me tocó toda; me metió las manos por todos lados. Me tuvieron media hora ahí y luego me trasladaron a la estación de Jinotepe (cabecera departamental) y ahí estuve tres días detenida”, comentó.

Previo a su traslado a Jinotepe, las autoridades reprendieron a la mujer indicándole que el uso de los colores de la bandera nacional en manifestaciones está pohibido porque, según le indicaron, puede propiciar el desorden y actos de violencia.

El incidente sufrido por Tamara Dávila no es aislado. Ella, al igual que muchos otros nicaragüenses, es víctima del aparato de represión y censura que instaló el régimen para sofocar cualquier intento de cuestionamiento público o protesta en su contra.

Tales acciones contradicen lo ofrecido por Ortega, en marzo, cuando en una mesa de diálogo con la oposición se comprometió a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia”.

Sin embargo, al cumplirse un año del inicio de los brotes de violencia que dejaron 325 muertos, 2.000 heridos y más de 800 detenidos en la nación vecina, los adversarios al Gobierno siguen encontrando formas creativas de manifestar sus puntos de vista.

Llama encendida

Aunque el Gobierno se mantiene al acecho, las organizaciones cívicas y los pobladores se las ingenian para seguir manifestándose, en especial a través de redes sociales, y apelan a la creatividad para salir a las calles o parroquias a exigir una transición pacífica en el poder.

En Masaya, por ejemplo, el pasado Domingo de Ramos un grupo de niños desfilaron encadenados en la Procesión de los Cautivos, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Los menores vestían trajes azules similares a los que usan los presos que están detenidos por protestar contra Ortega.

Tres días después, en Managua, el régimen debió desplegar a cientos de policías antimotines y decenas de patrullas para impedir la marcha “Todos somos abril”, convocada en los alrededores de la rotonda Centroamérica, en la carretera hacia Masaya.

Dicha manifestación pretendía conmemorar el primer aniversario del inicio de las protestas contra Ortega (18 de abril del 2018). Debido al asedio policial, la actividad quedó dispersada en pequeñas concentraciones en la periferia de la rotonda.

Al final de la jornada, la Alianza Cívica denunció la captura de más de 60 manifestantes, incluido un periodista que fue liberado horas después.

Dos días después, en Masaya, un grupo de ciudadanos colocaron cortinas azules y blancas en una de las calles de Monimbó para rememorar el primer año de las manifestaciones contra Ortega.

Este barrio indígena, cuna de artesanos del cuero y la madera, se convirtió en bastión de la resistencia durante los primeros meses del conflicto.

Temor latente

En Monimbó vive un pulpero de apellido López, quien dice haber perdido el miedo a la represión. Pero, por prudencia dice que prefiere no ser fotografiado ni filmado.

El pasado lunes15 de abril, accedió a conservar con La Nación en una banca de madera ubicada en la entrada de su pequeño negocio.

Recuerda como su comunidad se levantó contra el régimen hace un año y que incluso tuvo que bloquear con adoquines los accesos al barrio para protegerse del asedio de antimotines y paramilitares.

“Estalló el resentimiento acumulado, después ya surgieron nuevos líderes, se organizó toda la gente y combatieron en la Calle Real de Monimbó”, recuerda López.

Sin embargo, admite que un año después de los incidentes, los pobladores aún viven con miedo por el asedio gubernamental. El temor es muy marcado, señala, principalmente en familias con miembros jóvenes, porque son el blanco de la Policía.

“Uno siente el temor porque si ve venir una patrulla, ya se sabe que detrás de ellos vienen los motorizados con armas dispuestos a disparar. Por las noches los paramilitares ahí andan. Caminan de civil, armados, con el rostro tapado. Son los mismos dirigentes del mismo Gobierno y son de aquí”, señala López.

Miedo a ser oídos y delatados

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro del diálogo nacional en representación de la Alianza Cívica, denunció que el régimen utiliza distintas medidas para infundir miedo en la población.

Chamorro aseveró que la gente tiene temor de expresarse sus ideas debido a las represalias. Mencionó, por ejemplo, que se están dando despidos de funcionarios públicos que han manifestado puntos de vista diferentes a los del Poder Ejecutivo.

Además, aseveró que las personas que se oponen al Gobierno tienen miedo de ser escuchachos y delatados por personas afines a este, incluso en las esquinas de las casas. Señaló que dicha situación está generando división en las familias,.

“Tenemos un año de que el Gobierno está echando presa a la gente por la más mínimas razones", aseveró Chamorro.

Por su parte, Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), coincide con la oposición en que la salida a la crisis política y social debe ser pacífica, a través del diálogo.

“Si el gobierno de Nicaragua considera que para consolidar la paz adelanta las elecciones, es una decisión que solo le corresponde al presidente de turno. Ahora, sí se puede buscar una solución intermedia”, advirtió Torres.

Turismo se recupera poco a poco

El turismo es uno de los sectores más afectados por la contracción económica derivada de la crisis política y social en Nicaragua.

Según el Banco Central, la actividad cayó en 41,1% en 2018.

En la ciudad colonial de Granada, ubicada 45 kilómetros al sureste de Managua, la caída provocó desempleo, cierre temporal de negocios. Ahora, un año después, el turismo se recupera lentamente.

Así lo explicó Xiomara Díaz, coordinadora local de la Cámara de Turismo (Canatur).

Díaz también es dueña de Garden Café, un restaurante de ambiente colonial ubicado en el centro de la ciudad. Cuenta que el negocio opera al 25% de su capacidad, un año después de la crisis.

“Tenemos capacidad para sentar 75 personas en el restaurante y te puedo decir que en temporada alta normalmente acá tenías que hacer una fila para sentarte. No había un momento en el que las mesas no pararan de estar siendo ocupadas”, explica.

Díaz añade que la realidad cambió debido a la “violencia pública” que se apoderó de las calles de la ciudad, durante la época de las protestas.

“Muchas familias extranjeras que vivían acá se fueron de la ciudad de Granada. En ese tiempo, salieron los pocos turistas que había y no regresaron. Todos los negocios cerramos un mes y después reabrimos paulatinamente. Luego, se ha ido poco a poco reactivando”, añade Díaz.

La empresaria recuerda que hace un año su negocio liquidó a los 35 trabajadores. Luego, cuando se reabrió, se recontrató a 9 personas del mismo equipo y ahora opera con 18 trabajadores.

René Sándigo es socio y gerente general del Hotel Real La Merced, el cual funciona en una antigua mansión colonial construida hace 100 años, en frente de la iglesia La Merced.

De 18 habitaciones, ese hotel tenía un restaurante que fue cerrado debido a la crisis.

En esta temporada de Semana Santa, la ocupación aumentó al 60% cuando lo normal, en años anteriores, fue del 80%.

Sin embargo, el promedio de ocupación en meses anteriores fue de un 30%, explicó.

“Estamos en modo de sobrevivencia con muchas esperanzas de que el turismo se reactive en un futuro cercano, principalmente por los entes políticos que tienen que llegar a un acuerdo pacífico”, expuso el empresario hotelero.

Para competir por clientes, los negocios deben hacer promociones o bajar los precios para poder subsistir, explicó Mario José Chávez, un salonero de un bar irlandés ubicado en calle La Calzada, en Granada.

Comenta que por la depresión del turismo hay desempleo. “Muchos de ellos emigraron, hay otra gente que se quedó y sobrevive pidiendo trabajo por el día”, añadió Chávez.

Fernando Peña es un fabricante y comerciante de productos de cuero. Tiene el taller en su casa y el negocio de venta de fajas, bolsos y otros productos en el mercado de Artesanías de Masaya.

“Ahorita, por esta situación que pasó en Nicaragua, pues se nos bajó un poco el negocio. No está al 100% como estábamos antes, pero las ventas se están mejorando un poco porque ya están llegando de nuevo los turistas”, explica.

Añade que su taller, el cual emplea a ocho personas, lo reactivó hace un par de semanas, luego de permanecer cerrado desde que iniciaron las protestas de hace un año.

Durante todo ese periodo de cierre, dice, sus trabajadores subsistieron por cuenta propia.

Peña manifestó que las ventas diarias, previo a la Semana Santa, eran de entre 1.000 córdobas y 2.000 diario (entre ¢20.000 y ¢40.000). Antes de la crisis del año pasado, la venta diaria promedio oscilaba entre 4.000 y 5.000 córdobas (entre ¢80.000 y ¢100.000).

Ese mercado fue quemado durante las protestas. El Gobierno atribuye el incendio a grupos opositores que se levantaron en Masaya. En tanto, la oposición responsabiliza al Ejecutivo.

La Alcaldía Municipal recién reabrió dicho inmueble luego de invertir 20 millones de córdobas (¢40 millones) en su remodelación.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides y miembro de la opositora Alianza Cívica, dice que la reforma tributaria implementada por el Gobierno desde marzo anterior, aumentó el precio de alimentos y otros productos como refrescos, licores y cigarros, lo cual afectará el consumo.

“La industria turística vive de imagen. Si la imagen de Nicaragua no se mejora, si no hablamos bien de nuestro país, esto no va a mejorar”, advirtió por su parte Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).