El proyecto de Ley de Segundo Presupuesto Extraordinario para el 2015 tiene en pulso al bloque opositor y al partido Frente Amplio (FA) pues mientras el primero aboga por reducir los gastos del Gobierno, el segundo busca evitar esa rebaja.
La propuesta en disputa fue presentada por el Gobierno, que pedía, originalmente, la reducción de ¢60.000 millones en gastos directos, además del aplazamiento de ¢146.000 millones en el pago de deuda.
El escenario del pulso es la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se tramitan las últimas mociones al Presupuesto, antes de enviarlo al plenario.
Según el liberacionista Rolando González, el Frente Amplio se ha dedicado a intentar mantener las partidas que el propio Gobierno propuso reducir, mientras el resto de agrupaciones quieren recortarlas.
José Ramírez, del FA, comentó que la principal preocupación de su partido es que varias de las instituciones consultadas están en contra de las rebajas al plan de gastos e, incluso, no fueron consultadas por el Ministerio de Hacienda.
Según el frenteamplista, el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Fundación Omar Dengo (FOD) y casi todas las instituciones descentralizadas se opusieron a los recortes y reclamaron la falta de consulta por parte del Gobierno.
Además, la propuesta final no cumpliría con la petición del Poder Ejecutivo, al punto de que, según Ramírez, el recorte real en gastos directos quedaría apenas en poco más de ¢40.000 millones y no en ¢60.000 millones.
Entre las principales reducciones aprobadas por los legisladores están ¢41.000 millones al Ministerio de Hacienda, ¢12.000 millones al Ministerio de Educación Pública, ¢7.000 millones al de Salud, ¢4.900 millones al Poder Judicial, ¢7.330 millones al Tribunal Supremo de Elecciones y ¢6.154 millones al Ministerio de Trabajo.
La discusión del presupuesto extraordinario en el plenario tiene como plazo máximo un mes calendario, según lo establece el Reglamento legislativo.
Más recortes. Si bien el liberacionista González se mostró de acuerdo con las rebajas que pidió el Ejecutivo, aseguró que en la oposición quieren aún más reducciones presupuestarias.
Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), también reconoce como una buena decisión la de reducir los gastos del Gobierno Central, luego de que los diputados aprobaron, en noviembre pasado, una autorización de gastos por ¢7,9 billones para este año.
“El Ejecutivo revisa lo que presupuestó, pero reconoce que no podrá ejecutar una parte; entonces reduce el Presupuesto y el monto de la deuda pública que iba a utilizar”, alabó Guevara.
Pero lo que más le preocupa al libertario es la moción del Frente Amplio que crea un gasto adicional de ¢2.000 millones, no contemplado en el Presupuesto, por solicitud del Ministerio de Ambiente y Energía, para comprar tierras en Cabo Blanco, en Guatuso, a finqueros afectados por el desvío de un río.
“Hablamos de un dinero para 50 familias que no sabemos quiénes son, cuál es el tamaño de las fincas y cuál es la responsabilidad del Estado con ellos”, dijo el diputado del ML.