Sofía Chinchilla C.. 13 agosto
María Inés Solís, jefa del PUSC (izq.); Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración y Silvia Hernández, jefa del PLN; criticaron que el gobierno cediera a las exigencias de los sindicatos de la CCSS, en detrimento de la aplicación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que aprobó el Congreso el año pasado. Fotos: Mayela López y Alejandro Gamboa.
María Inés Solís, jefa del PUSC (izq.); Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración y Silvia Hernández, jefa del PLN; criticaron que el gobierno cediera a las exigencias de los sindicatos de la CCSS, en detrimento de la aplicación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que aprobó el Congreso el año pasado. Fotos: Mayela López y Alejandro Gamboa.

Las mayores fracciones legislativas de la oposición fustigaron, este martes, al gobierno por comprometerse a mantener intactos los 19 incentivos que reciben los 57.000 trabajadores de la CCSS a la espera de que un tribunal judicial resuelva el conflicto salarial.

Jefes de las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional criticaron que el Poder Ejecutivo cediera a las presiones de los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para frenar la aplicación de la reforma fiscal.

Entre tanto, la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC) celebró que el acuerdo suscrito el pasado lunes entre la administración Alvarado, la Caja y los gremios permitió poner fin a la huelga en los servicios de salud.

“Me parece que es una barbaridad. Esto no es una negociación, esto fue simplemente el gobierno cediendo completamente ante los sindicatos”, afirmó María Inés Solís, jefa del PUSC.

La socialcristiana alegó que el Ejecutivo tiene el deber de ser recíproco con los diputados que aportaron los votos para aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entre otros busca impedir el crecimiento exponencial de los incentivos salariales en el sector estatal.

“La fracción de la Unidad puso ocho votos para la reforma fiscal, pero una reforma fiscal que tenía que ser aplicada para todos, no para unos sí y otros no. Me parece que el gobierno sigue burlándose de los costarricenses y sigue burlándose de la fuerza de trabajo que la pulsea, que sale todos los días a buscar trabajo”, aseveró Solís.

Por su parte, Silvia Hernández, jefa de los liberacionistas, censuró el resultado de la negociación que sostuvieron las autoridades de la Caja y los gremios durante ocho días.

“Increíble lo que el gobierno le cedió a los sindicatos de la Caja. Es la estocada a la regla fiscal y al mantenimiento de privilegios y de una minoría en contra de las mayorías. Así no hay reforma fiscal que alcance ni señal de confianza hacia el futuro”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

Hernández promueve una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público convoque al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, a rendir cuentas sobre el acuerdo con los sindicatos.

Por su parte, la fracción del PLN emitió un comunicado en que lamentó profundamente "la actitud temerosa y contradictoria del Gobierno ".

Además, criticó la falta de determinación y de liderazgo de la administración Alvarado a la cual acusó de abandonar "el discurso de reducción del gasto público para acompañar las medidas relacionadas con tributos, traicionando así la confianza de la ciudadanía”.

Por su parte, la bancada de Restauración Nacional, cuyos diputados votaron en contra de la reforma tributaria, criticó que el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, aflojara ante las exigencias de los sindicatos del sector salud.

“Yo creo que no debió haber cedido a esta situación (...). No se está menoscabando el pago de anualidades que ya recibieron sino que es de aquí en adelante. Entonces, me parece que no es materia de ningún tribunal, que está claro”, dijo Eduardo Cruickshank, jefe de los restauracionistas.

Cruickshank sostuvo que la regla fiscal, que impone restricciones para el crecimiento del gasto corriente del Estado, también debe aplicarse a la Caja. No obstante, resoluciones de la Procuraduría General de la República y de la Sala IV ya han aclarado que los regímenes de pensiones de la institución así como el seguro de salud no están sujetos a tal limitación.

“Todo el mundo quiere que el país se arregle, pero nadie quiere hacer un sacrificio. Creo que de eso no se trata y si queremos salir adelante todos deberíamos contribuir en alguna medida, cediendo un poquito de los privilegios que están agobiando la Hacienda Pública”, aseveró.

PAC: ‘Ganan los costarricenses’

Nielsen Pérez, vocera de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que lo más importante es que el acuerdo alcanzado en la CCSS pone fin a la protesta de los gremios.

“Celebrar que se termina una huelga, que ganan las y los costarricenses porque a partir de hoy hay servicios ininterrumpidos de salud”, afirmó Pérez.

“Esto se da en un marco de paz social como ha caracterizado a este país, además no hay ningún incumplimiento ni retroceso en materia de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dijo Pérez.

La diputada afirmó que su bancada tiene claro que los pluses salariales deben nominalizarse para frenar su crecimiento.

No obstante, también dijo que la ley “no fue tan absolutamente explícita” y, como los sindicatos tienen una interpretación distinta, considera “muy maduro” que la diferencia se salde en la vía judicial.

Mientras que Wálter Muñoz, jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN) y médico de la CCSS, dijo que el pacto entre la Caja y los sindicatos se firmó en una institución autónoma con potestad para tomar acuerdos.

Muñoz consideró que en la parte laboral el empleado de la CCSS puede tener algunas condiciones diferentes. “Nuestra preocupación sigue siendo la fuga de profesionales hacia el sector privado, basado en que las condiciones no sean óptimas”, expresó.

El legislador del PIN sí criticó que funcionarios administrativos de la Caja tengan “salarios de lujo” y que el acuerdo no contemplara la búsqueda de una mejora en los servicios que presta la institución.