Tres de las diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios reaccionaron molestas por la carta que les envió el ministro de Hacienda, Elian Villegas, para advertirles de que, si en los próximos 50 días no aprueban un crédito de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como apoyo presupuestario para el Gobierno, el dinero se perderá.

“Ojalá el gobierno utilice la misma fuerza y vehemencia con que pide préstamos para alcanzar la propuesta de mejora fiscal y negociación ante el FMI”, afirmó la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión.

Villegas les remitió la carta el 5 de noviembre, un día después de que, por unanimidad, Hacendarios rechazó otro crédito de $245 millones, del BID, porque el Poder Ejecutivo no pudo explicar la forma en que lo usaría.

En el documento, el ministro les expuso que el plazo para aprovechar el financiamiento vence el 6 de enero, fecha para la cual faltan menos de 50 días.

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La también liberacionista Ana Lucía Delgado aseveró que esa carta de última hora refleja “la incapacidad del Poder Ejecutivo en el manejo de la crisis fiscal que enfrenta el país”.

“En lugar de proponer planes de reactivación económica que fomenten el empleo y la dinámica productiva, o bien un plan de consolidación fiscal con acciones estructurales que permitan aumentar los ingresos y rebajar el gasto público, el Gobierno solo apuesta a seguir por el camino del endeudamiento tanto interno como externo”, criticó.

Delgado aclaró que los créditos de apoyo presupuestario no son malos por sí solos, pues ayudan a mejorar la gestión de la deuda y generan ahorros en el pago de intereses.

Este crédito del BID, por ejemplo, tiene un plazo de siete años, tres de gracia y una tasa de interés anual estimada en 3,26%.

Sin embargo, estima que no existe confianza en un Ministerio de Hacienda que, en el anterior plan de presupuesto extraordinario propuso utilizar un ahorro generado en el pago de intereses para financiar gastos de las instituciones.

“La eventual aprobación de este y cualquier otro crédito queda supeditada no solamente a las buenas señales que pueda enviar el Gobierno a los mercados financieros, sino también a las muestras de sensatez y austeridad en el presupuesto ordinario 2021, donde diferentes bancadas legislativas buscamos un recorte no menor a ¢150.000 millones”, acotó Delgado.

Por su parte, María Inés Solís, congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recordó que Hacienda ha enviado créditos con errores a la Comisión de Hacendarios, como ocurrió con el crédito del BID de $245 millones que debió archivarse por las inconsistencias del Gobierno en las justificaciones para su uso.

“Me parece increíble que nos estén presionando con la aprobación de más prestamos cuando ni siquiera han querido colaborar con el trámite del presupuesto 2021, bloqueando sus cambios en esta comisión”, señaló Solís.

La socialcristiana recordó que, a partir del 1° de diciembre, el Congreso inicia sesiones extraordinarias, en la que el Poder Ejecutivo coordina la agenda.

“Se vuelve responsabilidad enteramente del Ejecutivo que proyectos convoca y cuales no. Por lo que no considero de recibo esta presura con la aprobación de este proyecto”, reaccionó.

¿Anestesia sin una ruta clara?

Silvia Hernández, presidenta de Hacendarios, coincidió en que estos créditos externos resultan más ser un financiamiento más barato en comparación con el endeudamiento interno, pero “sin un claro escenario de ajuste fiscal por parte de este Gobierno estos préstamos, sumados a los Eurobonos aprobados, se pueden convertir en una especie de anestesia para que simplemente no se haga nada y se busque cerrar el periodo de este Gobierno”.

“¿Acaso el país se acaba cuando se termina el gobierno de Carlos Alvarado? No podemos seguir permitiendo sólo préstamos sin la ruta clara de corto plazo para enfrentar los problemas de largo plazo que implican los préstamos”.

“Finalmente no es cierto que vence (el ofrecimiento del préstamo). Para este tipo de préstamos, no necesariamente hay plazos fatales, es perfectamente negociable si es parte del acceso a recursos que accedería el gobierno por el acuerdo con el FMI”.

Hernández recordó que el Congreso le ha autorizado al Gobierno préstamos por $1.700 millones con el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el FMI.

La verdiblanca también recordó que, a partir de diciembre, es el Ejecutivo el que dominará la agenda del Congreso y en su decisión recae qué proyectos convocar a discusión.

Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), piensa distinto a sus colegas de Hacendarios. Respalda el empréstito al argumentar que implica un ahorro de intereses al haberse al sustituir deuda externa barata por interna, que es más cara.