La oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR) detectó anomalías en el procedimiento que utilizaron los miembros de su Consejo Universitario (CU) para elegir a la persona que ocupará la dirección del semanario Universidad en el periodo 2019-2023.

El proceso se inició el 25 de junio, cuando el Consejo Universitario definió el proceso de selección a seguir y culminó el 13 de agosto, cuando el mismo órgano designó en el puesto a la periodista Laura Martínez, en lugar de Ernesto Rivera, quien ocupaba el cargo y aspiraba a reelegirse.

Ese día, la directora del CU, Teresita Cordero, dijo que la selección se tomó a partir de tres “criterios objetivos”: la experiencia, los atestados académicos y el desempeño de ambos candidatos en una entrevista, al final de la cual los 12 miembros dieron sus calificaciones, que fueron secretas.

La persona que obtuvo la calificación más alta, automáticamente fue declarada electa y el proceso se dio por concluido.

No obstante, este martes, la oficina Jurídica respondió a una consulta que le planteó Fernando García Santamaría, vicerrector de Acción Social a.i., sobre “la validez jurídica” del concurso realizado.

La respuesta concluyó que el CU tomó una decisión ilegítima al definir, en el procedimiento de la elección, que el resultado del concurso sería inapelable.

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Al plantear la consulta, el vicerrector consideró que esa medida fue “una violación al debido proceso y una afrenta a los derechos fundamentales” de los postulantes.

Luis Baudrit Carrillo, director de la oficina Jurídica, señaló que tanto el Estatuto Orgánico de la UCR como la Ley General de la Administración Pública contemplan el derecho de las partes involucradas a recurrir el resultado de los concursos.

“La disposición contenida en el párrafo tercero infine del punto 11 del Procedimiento contraviene el principio general definido por el Estatuto Orgánico en materia de impugnaciones, y resulta, por tanto, absolutamente nula”, dice el dictamen OJ-807-2019, emitido el 27 de agosto.

Así, según la Oficina Jurídica, si Rivera lo desea, puede impugnar el resultado del concurso, pese a la restricción impuesta por el Consejo.

Miembros del Consejo nunca votaron

La Oficina Jurídica también encontró que el CU dio por electa a la nueva directora con un mecanismo inválido.

Para asignar la jefatura del semanario Universidad, el Consejo simplemente sumó las notas que obtuvieron los dos postulantes en las tres fases evaluadas y declaró electa a quien obtuvo el puntaje mayor.

A ambos candidatos se les otorgó el 45% correspondiente a la experiencia profesional.

La entrevista valía un 30% y, en ese apartado, Martínez obtuvo un 24,48%, y Rivera un 22,28%.

Por último, en formación académica, Martínez obtuvo un 10% de un 25% posible y Rivera un 0% porque solo se calificaron los grados superiores a licenciaturas. La balanza se inclinó en favor de ella porque posee una maestría en Derechos Humanos y él ostenta una licenciatura en Comunicación de Masas.

Al final, a Martínez se le calculó un 79,48% y a Rivera un 67,28. Sin ninguna votación adicional, el Consejo declaró a Martínez como ganadora del concurso.

El dictamen de la asesoría jurídica concluyó que el procedimiento fue irregular, porque según la normativa universitaria, para elegir un puesto de jefatura no basta con que los postulantes cumplan con los requisitos, sino que el Consejo debe efectuar una votación en la que alguno de los postulantes gane por mayoría absoluta.

Y, en la elección que efectuó el CU, no hubo votación alguna, “sin que resulte válido que baste con verificar el mayor puntaje de entre los candidatos al puesto, ni mucho menos, que dicha operación aritmética pueda sustituir la voluntad general del órgano que se alcanza mediante votación”, dice el informe.

El dictamen concluyó que el procedimiento en el que se designó la dirección de Universidad también careció de una votación que diera caracter de acto en firme a la elección del Consejo.

“Por constituir una norma específica de rango reglamentario, esta exigencia prevalece sobre lo que el procedimiento señale acerca del acuerdo que adopte el Consejo sobre el nombramiento del director o directora del Semanario”, señala el documento.

Al la luz de las anomalías detectadas, la oficina Jurídica señaló que será responsabilidad de la Vicerrectoría de Acción Social –a la que están adscritos los medios universitarios– verificar si el concurso realizado por el CU reúne los requisitos para formalizar el nombramiento de la dirección de Universidad.

García remitió el dictamen al Consejo Universitario este jueves, según consta en el oficio VAS-4659-2019.

Laura Martínez asumió su cargo como directora del semanario el 26 de agosto. Anteriormente, ella ocupó la máxima jefatura del medio universitario entre el 2003 y el 2012. Después de eso, se desempeñó como directora de los noticieros del canal 13.

Previo a que el Consejo Universitario tomara su decisión, un grupo de 19 decanos y directores de carrera de la UCR se declaró “preocupado” por el rumbo del semanario en una “carta abierta” enviada a la directora del Consejo Universitario.

Eso ocurrió solo dos meses después de que Universidad publicara una serie de relatos de estudiantes, exestudiantes y egresadas de la Universidad, quienes aseguraron haber sufrido acoso sexual e insultos por parte del profesor de Derecho, Mainor Enrique Salas Solís, en los últimos años.

No obstante, Teresita Cordero, la directora del CU, afirmó que en su elección no medió ninguna intención de dictar la línea editorial de Universidad.

“Aquí hay libertad de cátedra, libertad de prensa y por eso es un puesto tan importante. ¿Líneas al semanario Universidad? Que me libren a mí, porque yo no podría ni siquiera dar líneas a una unidad académica”, justificó Cordero.